En la medida en que más organizaciones de la sociedad civil se aúnan exigiendo un papel mínimo para el Banco Mundial en el nuevo Fondo Verde Climático (GCF – Green Climate Fund), el Banco continúa empujando sus Fondos de Inversión Climática (CIF – Climate Investment Funds) como modelo para el GCF, a pesar de que la críticas y protestas relacionadas con los proyectos CIF están que arden en los países receptores.
Hay intensa especulación sobre la posición del Banco, el cual ya es titular de la tutela provisional del GCF, y además sigue haciendo lobby para también conseguir el secretariado (ver Boletín 74). Algunos de los primeros miembros confirmados de la Comisión de Transición, responsable del diseño del GCF, son miembros del personal climático del Banco. Como anota Liane Schalatek de las Fundación Heinrich Böll en el blog Equidad Climática (Climate Equity), este equipo del Banco Mundial "anteriormente participó en el establecimiento y gestión de los Fondos de Inversión Climática del Banco, y sin duda está dispuesto a sugerir que los CIFs son un modelo de ‘buena práctica’ para las oportunidades de financiación del GCF."
En abril de 2011, un grupo de más de 50 ONGs y redes mundiales de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Políticos y Jubileo Sur, escribieron una carta al secretariado de las Naciones Unidas para la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y a los miembros del comité transitorio, advirtiendo que no se le debe dar un papel más amplio e influyente al Banco en el GCF. La carta afirma que aunque los acuerdos de Cancún permiten que los bancos multilaterales de desarrollo envíen personal a la Comisión de Transición "al Banco Mundial no se le dio un mandato para liderar ningún proceso en el diseño de los aspectos técnicos del Fondo Verde." Si esto fuera así, "el trabajo de la Comisión de Transición puede ser prejuzgado y la legitimidad de la comisión podrá ser socavada."
La carta también recuerda que "El Fondo Verde Climático fue creado porque los fondos existentes del clima, tales como los Fondos del Banco Mundial [CIFs], habían sido incapaces de satisfacer las necesidades de las comunidades en los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática." También cita la larga trayectoria del Banco en el aumento del endeudamiento en los países de bajos ingresos, su financiación de combustibles fósiles y el apoyo que da a proyectos con devastadores impactos sociales y ambientales. Debido a todo lo anterior, el Banco "no es una entidad adecuada para asesorar en el diseño de un Fondo que debe garantizar una financiación a largo plazo justa y eficaz, basada en los principios de integridad ambiental, de equidad, de desarrollo sostenible y de democracia."
Un documento informativo a ser publicado a principios de abril de 2011, refrendado por un mínimo de 30 organizaciones de la sociedad civil, incluidas ActionAid y Plataforma de Cambio Climático de Bolivia, contiene una serie de recomendaciones para la Comisión de Transición sobre el GCF, incluyendo la limitación del papel del Banco como fiduciario y garante de la transparencia financiera. Con un ojo puesto en los últimos préstamos controversiales del Banco para la energía (ver Boletines 74, 73 y 70), el documento también recomienda que el GCF "debe adoptar prácticas de inversión responsables para garantizar que sus activos no sean invertidos en sectores, empresas o actividades que sean nocivos o arriesgados para el medio ambiente – en particular aquellos que exacerban el cambio climático, tales como las inversiones en los combustibles fósiles."
Sobre los CIFs – el documento recomienda que para "racionalizar la multitud de mecanismos de financiación actualmente existentes y asegurarse de que el GCF reciba la mayoría de los fondos para el clima," es vital que los CIFs activen su cláusula de caducidad una vez que el GCF empiece a funcionar. La cláusula requiere que los CIFs terminen sus operaciones tan pronto como una nueva arquitectura financiera para el cambio climático sea efectiva, bajo el CMNUCC.
Los programas CIFs producen gran indignación
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El Programa Piloto para la Resistencia al Clima (PPCR – Pilot Programme for Climate Resilience), uno de los CIFs, tiene programas en Bangladesh, Nepal y Tayikistán (ver Boletín 73) que aunque serán ejecutados este año, ya están provocando protestas en los países receptores. En Bangladesh, 11 organizaciones de la sociedad civil formaron una cadena humana en Dhaka para protestar por el hecho de que la financiación para el programa PPCR está fuertemente basada en préstamos. El proyecto consiste en US$50 millones en donaciones y US$60 millones en préstamos del PPCR, que están vinculados con los préstamos de US$300 millones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el brazo del Banco para los países de bajos ingresos, y US$215 millones en préstamos del Banco Asiático de Desarrollo.
Prodip Kumar Roy de la ONG Campaña para el Desarrollo Rural Sostenible de los Medios de Vida, dijo que los préstamos son "imprudentes y prematuros" ya que el proceso multilateral de la financiación climática de la CMNUCC apenas estará dándose en 2012, y agregó: "Los países desarrollados se confabulan para evitar el proceso multilateral de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y para continuar la explotación por medio de la deuda y la dominación a través del Banco Mundial."
En Nepal, 11 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración exigiendo que el gobierno aceptara sólo el componente de subvención de su paquete de PPCR. Haciéndose eco de los sentimientos de Bangladesh, la declaración dice: "Nos oponemos a las promesas del Banco Mundial sobre préstamos para la adaptación y la resistencia al clima para las naciones que necesitan apoyo financiero inmediato para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático… Con ello se pretende devaluar y difamar el proceso climático de financiación en curso en el marco del mecanismo de la CMNUCC." Un informe de enero de 2011 por la ONG internacional, Oxfam, detalla serias fallas en el proceso de PPCR en Tayikistán. Se recopilan las perspectivas de los actores locales, y se documenta una serie de críticas sobre la forma en que la estrategia PPCR ha sido desarrollada. Estas preocupaciones de las ONGs locales incluyen el hecho de que la consulta se limitó a las agencias gubernamentales y a una lista corta de organizaciones de la sociedad civil," lo cual significa que las voces y perspectivas de las comunidades afectadas no fueron consideradas en la crítica etapa del diseño. Además sólo hubo un acceso limitado al personal del Banco y a otros bancos multilaterales de desarrollo, para solicitar información y documentos en los idiomas locales.
El informe también señala, "Varios comentaristas sintieron… que el análisis PPCR carece de un análisis de género adecuado, y que los proyectos seleccionados, hasta el momento, no han sido diseñados para tener en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres y los hombres en relación con el cambio climático."
