Durante los últimos meses han aumentado las críticas de las ONGs sobre el enfoque de mercado del Banco Mundial a la crisis alimentaria mundial, en particular en lo que respecta a las inversiones agrícolas extranjeras, mientras que el Banco reiteró su posición existente en las reuniones de abril de 2011.

En su Conferencia Anual sobre la Tierra y la Pobreza en abril, el Banco manifestó su apoyo sostenido a los polémicos Principios Agrícolas de Inversión Responsable (RAI – Responsible Agricultural Investment), elaborados ​​conjuntamente con agencias de la ONU en abril de 2010 (ver Boletín 71). Los principios RAI no son jurídicamente vinculantes, además el Banco ha declarado que "en última instancia, los gobiernos de los países receptores son los responsables de garantizar los derechos de la propiedad." Sin embargo, un documento sobre los tratados de inversión agrícola publicado en abril de 2011, por el Instituto de Estudios para el Desarrollo, concluye diciendo que "En los casos en que las leyes y reglamentos nacionales en el Estado receptor son débiles o vagos, las comunidades locales y los usuarios de la tierra se quedan con poca o ninguna protección jurídica de sus tierras, agua, comida y trabajo."

Las ONGs continúan instando al Banco a adoptar políticas que defiendan los derechos de propiedad de las poblaciones vulnerables, de los indígenas y los sin tierra. Justo antes de la conferencia del Banco, una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil, incluidas GRAIN y La Vía Campesina lanzó una carta pidiendo que ‘la rapiña de la tierra’ fuera declarada ilegal. Haciendo referencia a un informe de 2010 del Banco sobre la inversión agrícola (ver Boletín 71), la carta afirma que "el Banco no pudo encontrar ningún ejemplo convincente de las ‘ganancias’ para las comunidades o los países pobres, sólo una larga lista de pérdidas". La carta critica los principios RAI, diciendo que facilitar la "rapiña de las tierras agrícolas de la población rural es totalmente inaceptable, no importa cuáles directrices sean aplicadas." Una petición redactada en febrero de 2011, en el Foro Social Mundial, que hace un llamamiento similar a los gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales (IFIs) será presentada a los ministros de agricultura del G20 cuando se reúnan en junio de 2011.

Un informe publicado en abril de 2011, por la ONG estadounidense Acción de Género, acusa a las IFIs de aumentar la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios mundiales de los alimentos en los países en desarrollo, mediante la imposición de las reformas de mercado en los sectores agrícolas, en particular la privatización y la liberalización del comercio. El informe declara que al "remover las salvaguardias necesarias para proteger la producción local, la desregulación impuesta por las IFIs aplasta los mercados locales y destruye los medios de vida de los agricultores pobres." Mientras tanto, un informe de junio de Oxfam pidió una reforma internacional del sistema alimentario mundial. El informe insta al Banco a proporcionar apoyo a la balanza de pagos y "garantizar una respuesta rápida y justa en casos de crisis", pero no específica con mayor detalle cuál es el papel que debe asumir el Banco.