La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco para el sector privado, ha concluido la revisión de dos años de sus normas de funcionamiento sobre la sostenibilidad ambiental y social, pero su débil abordaje de los derechos humanos ha enfurecido a las organizaciones de derechos humanos.
Las normas de funcionamiento fueron introducidas en 2006 para proporcionar una guía a los clientes de la CFI con el objeto de "evitar y mitigar los efectos adversos y gestionar riesgos como una forma de hacer negocios de manera sostenible" (ver Boletines 51 , 50). Junto con la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social y un nuevo acceso a la Política de Información (ver Boletín 77), las ocho normas de funcionamiento revisadas constituyen el marco actualizado de sostenibilidad de la CFI. Aprobado por la Junta en mayo de 2011, el marco actualizado sólo se dio a conocer a principios de agosto de 2011 y entrará en vigor en enero del próximo año.
Los principales cambios incluyen: la categorización de los proyectos intermediarios financieros (IF) en función del riesgo; el requisito del consentimiento libre, previo e informado (CLPI – FPIC en inglés) de los pueblos indígenas en ciertas situaciones; la adición de la protección de los trabajadores migrantes; el refuerzo de la transparencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; la divulgación de los contratos de proyectos extractivos; y la promesa de más información a nivel de proyecto.
¿Socavando las normas de derechos?
A pesar de una serie de consultas con los interesados durante la revisión, la política revisada confirmó las preocupaciones de los grupos de la sociedad civil sobre la falta de lenguaje de los derechos humanos para asegurar que las comunidades afectadas por las actividades de la CFI estén protegidas (ver Boletín 74). El marco actualizado "reconoce la responsabilidad del sector privado de respetar los derechos humanos", pero no llega a nombrar los requisitos de la debida diligencia para los agentes empresariales, como se indica en los principios propuestos por John Ruggie, el Representante Especial de la ONU en los Negocios y los Derechos Humanos, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. "De esta manera, la CFI no sólo ha socavado potencialmente los Principios Rectores de la ONU, sino que también perdió una oportunidad importante, ya que muchas empresas están buscando orientación sobre la manera de cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos", dijo Kirk Herbertson de la ONG estadounidense, el Instituto de Recursos Mundiales.
Giorgiana Rosa de Amnistía Internacional pone de relieve que "la CFI debería haber hecho mucho más para adoptar las prevenciones necesarias para garantizar que sus actividades no expongan a las comunidades a posibles violaciones de los derechos humanos." Kris Genovese de la ONG estadounidense, Centro para el Derecho Ambiental Internacional añadió, que la CFI “rechazó la idea de que deben abstenerse de financiar proyectos que violan los derechos humanos. ¿Quiere realmente la CFI mantener abierta esa opción?"
La clasificación, basada en el riesgo de los proyectos de intermediarios financieros, fue la aplicación de una de las recomendaciones de la evaluación de julio de 2011 por el Grupo de Evaluación Independiente (IEG) [organismo de vigilancia del Banco], sobre las políticas de salvaguardia y sostenibilidad del Banco. Sin embargo, las normas de funcionamiento revisadas sólo serán aplicadas a los intermediarios financieros de alto riesgo y a las actividades de alto riesgo apoyadas por los proyectos de intermediarios financieros en las categorías de riesgo moderado. Además, el marco actualizado no corrige unas de las debilidades fundamentales identificadas por el IEG en los estándares de desempeño de la CFI: la falta de verificación independiente y de la divulgación adecuada de sus informes de seguimiento y supervisión.
¡Consentimiento libre, previo e informado al fin! (CLPI)
Los grupos de la sociedad civil que han venido abogando durante mucho tiempo por el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas (CLPI – FPIC en inglés), dieron la bienvenida a su inclusión en las normas de funcionamiento revisadas. Sin embargo, el CLPI sólo se requiere bajo "ciertas circunstancias" muy restringidas. Helen Tugendhat de la ONG británica, Programa de las los Bosques de la Gente, señaló que "el requisito del CLPI en algunos lugares tiene un lenguaje muy débil, los requisitos son confusos sobre la titulación de los territorios indígenas individuales, y no exige una verificación independiente del consentimiento."
Las preocupaciones de que el lenguaje débil en las normas de funcionamiento podría socavar su impacto fueron destacadas por un estudio de julio de 2011, publicado por el grupo de pensadores el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Este estudio analizó una serie de principios de inversión, incluyendo los estándares de desempeño de la CFI y los Principios de Ecuador (PEs), un conjunto de normas internacionales para reducir los daños ambientales y sociales adoptados por 72 agencias de crédito a la exportación y los bancos comerciales privados basados en el marco de la CFI. El estudio observó "una clara tensión entre los objetivos comerciales y el desarrollo – especialmente en lo relacionado con el medio ambiente… visto claramente en los documentos de la CFI, donde los objetivos más bien ambiciosos suelen ser calificados por frases tales como "cuando sea posible" o "cuando sea viable comercialmente." Los PEs también fueron descritos en el estudio como "débiles" y "exacerbados por un lenguaje vago", por lo tanto, "la integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno sólo se da a nivel de aspiraciones más que de requisitos."
Se espera que la CFI publique la guía de implementación actualizada en noviembre de 2011, pero las preguntas sobre si las nuevas normas van a producir cambios positivos en la práctica en el terreno estarán por verse. El órgano que agrupa a las centrales sindicales, la Agrupación Global de Sindicatos, advirtió en un comunicado de septiembre que, a pesar de que los estándares de rendimiento de la CFI sobre el trabajo podrían asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores si son cumplidos plenamente, "continúan existiendo lagunas serias en la implementación."
¿Lecciones para las salvaguardias del Banco Mundial?
Sindicatos Mundiales (Global Unions) también pidió que se incluyera una salvaguardia laboral en la revision de las salvaguardias del Banco Mundial la cual finalizará en 2012. Mientras que la CFI utiliza el marco de las normas de desempeño para el sector privado, los organismos del sector público del Banco utilizan el marco de las salvaguardias. Tugendhat instó a "la extensión de los cambios positivos observados en el CLPI y la actualización del Marco de Sostenibilidad de la CFI por parte de todo el Grupo del Banco Mundial como parte de la revisión más amplia de las salvaguardias." Aunque poco se ha sabido sobre el proceso de revisión desde que fue anunciado el año pasado, una carta firmada por 238 grupos de la sociedad civil, fue enviada al presidente del Banco, Robert Zoellick, a finales de agosto de 2011, pidiendo que el Banco realizara consultas públicas y se asegurara de que las salvaguardias fueran aclaradas, reforzadas y ampliadas para cubrir las lagunas existentes y todas las formas de financiamiento.
