El nuevo acceso a la política de información de la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco Mundial, ha sido criticado por ser más débil que su contraparte del sector público, y por permitir excepciones generalizadas.

La nueva política que fue acordada en abril de 2011 y que apenas fue lanzada en agosto, entrará en vigor en enero de 2012, y será parte del marco de sostenibilidad de la CFI (ver Boletín 77). A pesar de que dice estar "alineándose con" las partes del sector público de la política de 2010 del Banco (ver Boletín 68), la política de la CFI es mucho más rígida y limitada. Mientras que el marco básico habla de una "presunción a favor de la divulgación" de todos los documentos, excepto aquellos en una larga lista de exclusión "no exhaustiva", una "razón de peso" puede anular esa presunción. En este caso, "la CFI considera si es probable que la revelación de información pueda causar daño a las partes o a los intereses que excedan sus beneficios" – lo cual introduce un margen significativo.

Tal vez la mayor laguna en la nueva política, parece estar relacionada con "la información comercialmente sensible y confidencial", donde se incluye una prohibición general sobre la divulgación de "información financiera, comercial, de propiedad o privada u otro tipo de información privada sobre sus clientes, sus países miembros o terceras partes." Esta prohibición se extiende también a la documentación legal, la correspondencia, y a "documentos de la junta o documentos relativos a inversiones o proyectos específicos, o a servicios de asesoría o de plataformas."

Estas excepciones tan radicales a la política de información han enfurecido a los grupos de la sociedad civil que habían elaborado ​​la Carta de Transparencia para las Instituciones Financieras Internacionales (ver Boletín 47) sobre la base de las normas aceptadas a nivel nacional. Toby McIntosh, miembro del comité directivo de la red de ONGs, Iniciativa Mundial de Transparencia, dijo: "Es ampliamente aceptado que las excepciones sólo deben basarse en el daño que podría ser causado por la revelación, no en quién produce o suministra la información. Al permitir un veto general a terceros, la CFI arriesga pasar crudamente por encima de las normas aceptadas, y con ello, de hecho, potencialmente su política de acceso a la información no tendrá ningún sentido."

¿Demasiado poco, demasiado tarde?

En la lista de excepciones la CFI también incluye la "información deliberativa" – diseñada para mantener el carácter confidencial de los debates en la institución y con los clientes antes de tomar decisiones. Por lo tanto, probablemente las personas afectadas y otras partes interesadas, continuarán careciendo del acceso a la información hasta que los proyectos ya hayan sido diseñados. El alcance de esta excepción incluye negar el acceso público a "estudios, informes, auditorías, evaluaciones o análisis preparados para informar la toma interna de decisiones de la CFI." Mariana González, de la ONG mexicana Fundar, dijo, "no sirve para nada si las comunidades afectadas sólo tienen acceso a la información después de que ya se haya tomado una decisión. Esto menoscaba sus derechos básicos, y significa que cualquier daño potencial puede ser imposible de evitar."

Además de tratar de explicar más claramente la limitada información que debe figurar en el "resumen de información de inversión" de la CFI, la nueva política promete, por primera vez, "proporcionar actualizaciones periódicas sobre la inversión" – aunque no dice exactamente lo que esto significa, ni cómo se va a hacer.

Se ha introducido el derecho de apelación, inicialmente con un asesor interno designado, para aquellos cuyas solicitudes de información sean rechazadas. Si un demandante desea apelar la decisión del asesor podrá hacerlo llevando el caso a un nuevo panel independiente de apelación para la información. Sin embargo, a diferencia de las partes del sector público del Banco, donde la junta de apelación independiente revisa toda la base de la apelación, la competencia de la segunda etapa de apelación de la CFI se limita a decidir si la/el asesor interno "tuvo una base razonable para su decisión" de denegar el acceso a la información. Además, a diferencia de las partes del sector público del Banco, las apelaciones no pueden basarse en razones de interés público.

En mayo de 2011, el Banco se convirtió en el tercer donante para publicar sus datos según el estándar de la Iniciativa de Transparencia de Ayuda Internacional (IATI – International Aid Transparency Initiative). Esto sigue a la decisión del año pasado de hacer más asequibles los datos del Banco para el uso público. En septiembre de 2011 una coalición de organizaciones de la sociedad civil, escribió al presidente del Banco Mundial para pedirle que los cientos de charlas y talleres internos que se realizan en el Banco cada año fueran transmitidos via Internet.