Las inversiones en las industrias extractivas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) están provocando más quejas y protestas alrededor del mundo, debido a los continuados estados de corrupción, como se observa en los proyectos del Banco Mundial en el sector de la minería en la República Democrática del Congo (RDC).
En 2012 el Banco lanzará su nueva Iniciativa de Extractivas para el Desarrollo (E4D – Extractives For Development), una "plataforma para el intercambio de conocimientos" encaminada a transformar las extractivas en una fuerza para el desarrollo. Una de las prioridades que necesita mayor atención es la corrupción. Desde 2001, el Banco viene desarrollando un programa expansivo para aumentar la transparencia y estimular el crecimiento económico en el sector de la minería en la República Democrática del Congo (ver Boletines 54 y 50). Sin embargo, las dudosas ventas de activos mineros por empresas mineras gubernamentales llevaron al Banco a suspender todos los nuevos programas en la RDC a finales de 2010. El Banco reanudó sus préstamos en junio de 2011cuando consideró que el Gobierno estaba dando cumplimiento al nuevo marco de transparencia acordado por el Gobierno y el Banco.
Sin embargo, sólo un mes más tarde salió a la luz que las compañías mineras estatales estaban de nuevo vendiendo en secreto acciones de las operaciones mineras, y en uno de los casos por un 16° de su precio de mercado. Daniel Balint-Kurti de la ONG británica Testigo Global, dijo "el FMI y el Banco Mundial tienen la responsabilidad de garantizar que todo el apoyo financiero que le dan al Gobierno de la República Democrática del Congo, esté supeditado a que el Gobierno demuestre que está cumpliendo con todos sus compromisos de transparencia y que ya no se esté dando la corrupción abierta."
Airadas protestas en América del Sur
La inversión de la CFI en la compañía Minera Yanacocha, propiedad de la gigante minera Newmont en 1999, nuevamente es objeto de gran polémica (ver Boletines 53 y 43). En noviembre de 2011, alrededor de 20.000 personas en el estado peruano de Cajamarca participaron en una manifestación contra el propuesto proyecto de la mina Conga de la Minera Yanacocha. Como parte de la manifestación más de 8.000 agricultores bloquearon una ciudad. El Gobierno declaró estado de emergencia en Cajamarca, suspendió la construcción de la mina y anunció que pediría a los consultores internacionales que examinaran el impacto ambiental.
Mientras tanto, la compañía minera canadiense Goldcorp es objeto de creciente escrutinio. En 2004, Goldcorp recibió un préstamo de US$ 45 millones de la CFI para la mina Marlin en Guatemala. El informe de una investigación de noviembre de 2011 por el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Mundial, considera que "los beneficios locales solo representan una pequeña fracción del total de los ingresos y ganancias de la mina", y que el proyecto además plantea "riesgos relacionados con la contaminación de cianuro y metales pesados del agua" que "socavarán los medios de subsistencia agrícola lo que empobrecerá aún más a las comunidades locales".
Abrumado el Defensor del Pueblo
De los 20 proyectos con casos abiertos en la oficina del Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor/Ombudsman) [el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI], casi un tercio son de proyectos extractivos. En diciembre de 2011, el Defensor del Pueblo decidió evaluar el caso de Maple Energy en relación con su función de cumplimiento, lo cual mostrará si se violaron las normas de la CFI. El caso sigue una denuncia por dos comunidades indígenas en Perú alegando que Maple, que recibió US$ 40 millones de la CFI en 2007 para una nueva perforación petrolera, no había consultado adecuadamente con las comunidades, y debido a los derrames de petróleo desde sus lugares de operación había producido numerosos problemas de salud, sociales y ambientales.
En diciembre de 2011, el Defensor del Pueblo también recibió una denuncia considerada elegible para una evaluación posterior, contra el tan controvertido oleoducto Chad-Camerún (ver Boletines 62, 60 y 56). [Debido a esta situación, el brazo del sector público del Banco se retiró del proyecto en 2008]. La denuncia que fue presentada por seis ONGs a nombre de más de 25.000 habitantes de las zonas afectadas por el oleoducto en Chad, argumenta que las comunidades locales "están excluidas de los beneficios filtrados económicos y sociales de la explotación del petróleo" al tiempo que enfrentan "la pérdida de gran parte de sus medios de subsistencia sostenibles" y que han ocurrido "impactos ambientales irreversibles".
Un informe de noviembre de 2011 por la ONG Rendición de Cuentas en Crudo (Crude Accountability) destaca tres inversiones de la CFI en petróleo y gas en la antigua Unión Soviética, que han provocado 31 denuncias elegibles por el Defensor del Pueblo. El informe llega a la conclusión de que "el Defensor del Pueblo no persiguió las preocupaciones sistémicas tales como las violaciones a las leyes nacionales, o la categorización inadecuada de los riesgos de proyecto, con la directiva de la CFI, o con el Presidente del Grupo del Banco Mundial". El informe también señala que las denuncias se habían centraron en el hecho de que "la CFI y posteriormente el Defensor del Pueblo, sólo asumieron responsabilidades limitadas por los proyectos después de que el dinero de los préstamos para los proyectos ya se había dispersado o había sido reembolsado." También anota que las denuncias con frecuencia preguntan si existe suficiente independencia e imparcialidad de parte del Defensor del Pueblo.
