Al tiempo que el G20 y el Banco Mundial continúan su empujón para aumentar la inversión en los proyectos público-privados de infraestructura a gran escala, el aumento del escrutinio del historial del Banco pone en duda esta estrategia.
La declaración de la cumbre G20 en México a finales de junio de 2012, confirmó el apoyo del grupo para la inversión en la infraestructura diciendo que es "crítica para el crecimiento económico sostenible, la reducción de la pobreza, y la creación del trabajo" y dio la bienvenida a un "vigoroso progreso" en la implementación de las recomendaciones del Informe comisionado por el Alto Panel del G20 (HLP sigla en inglés) sobre la Infraestructura y el Plan de Acción sobre la Infraestructura, de los bancos multilaterales del desarrollo (BMDs) (ver Boletines 79, 77). Además, el G20 enfatizó que, mientras el financiamiento público de los proyectos de infraestructura "continúa siendo esencial", éste "debe ser complementado por la inversión del sector privado."
La declaración del G20 "dio la bienvenida" a la Alianza para la Acción del Crecimiento Verde de Negocios del G20, una nueva asociación público-privada (PPP sigla en inglés). Esta es una iniciativa lanzada en junio de 2012 para dirigir "la insuficiencia en la inversión verde en la infraestructura." Sin embargo, esta iniciativa según Nancy Alexander, de la fundación política alemana Heinrich Boell, “aumentará dramáticamente el uso del dinero público para compensar los riesgos de la inversión privada." Un informe de junio de 2012 por Boell y WWF, sobre la infraestructura de energía en África, dice que "a menudo, las PPPs dejan el asunto del acceso universal como un problema a ser resuelto por los gobiernos y los servicios mal financiados."
con frecuencia beneficia más a las industrias consumidoras de gran cantidad de energía que a las personas pobres
La ONG Ríos Internacionales cuestiona el enfoque del G20 y del Banco Mundial en su informe de mayo de 2012, ¿Infraestructura para quién? Al tiempo que el informe reconoce la importancia de la infraestructura para la prosperidad, también afirma que la infraestructura grande y centralizada, especialmente las grandes represas hidroeléctricas, con frecuencia beneficia más a las industrias consumidoras de gran cantidad de energía que a las personas pobres. El informe también afirma que el enfoque en "el aumento del apoyo público a los proyectos privados de infraestructura" contradice las mismas conclusiones del Banco. Una evaluación de 2003 del Banco encontró que "las personas pobres a menudo son las últimas en beneficiarse de un aumento en el acceso" y que además "generalmente son ignoradas" por los operarios privados. Además, la estrategia actualizada de la infraestructura del Banco (ver Boletín 79) concluye diciendo que "los resultados esperados de que los beneficios vayan ‘llegando a los de abajo’… han sido muy lentos."
El informe de Ríos Internacionales hace un llamado para que los proyectos de infraestructura sean descentralizados, participativos, transparentes, con rendición de cuentas, y ejecutados "dentro de las más estrictas salvaguardas sociales y del medio ambiente" y que además respondan directamente a las necesidades básicas de las personas pobres en vez de depender de un ‘lento compartir de beneficios con los de abajo’." Estos proyectos también deben ser diseñados "para reforzar la resistencia al clima en vez de exacerbar la vulnerabilidad al clima. "
Proyectos ‘ejemplares’ cuestionados
La estrategia del G20 es aún más criticada en un segundo informe de junio de 2012 por Boell y la Fundación Ford de Estados Unidos, incluyendo la crítica de "los proyectos ejemplares" según definidos por el HLP y los bancos multilaterales de desarrollo. Esta descripción está basada en seis criterios, incluyendo "la integración regional" y "el potencial del sector privado", pero nadie se ha referido explícitamente a los asuntos relacionados con el alivio a la pobreza o la sostenibilidad ambiental.
Uno de los once "proyectos ejemplares" es el "interconector Etiopía-Kenia", un sistema para la transmisión de energía hidroeléctrica de Etiopía a Kenia y la ampliación de la red a la región africana oriental. El apoyo del Banco a este proyecto ha incitado la crítica de las ONGs las cuales afirman que efectivamente está financiando la Represa Etíope Gibe III, la cual ha sido severamente criticada. Este es un proyecto que el Banco evitó financiar directamente debido a sus infracciones de la política del Banco (ver Boletín 71).
En mayo de 2012 nueve ONGs, incluyendo a Amigos del Lago Turkana en Kenia y el Instituto de Oakland de Estados Unidos, enviaron una carta al entonces presidente del Banco, Robert Zoellick. Las ONGs hicieron un llamado al Banco para que no "financiara una línea de transmisión que tomara su poder de la represa Gibe III, o de ningún otro proyecto que viole en semejante escala sus propias políticas de salvaguarda." En una respuesta de junio de 2012 a la carta, el director del Banco de Desarrollo Sostenible para África, Jamal Saghir, confirmó que el proyecto "sacará su energía de la red eléctrica nacional de Etiopía, a la cual… Gibe III podría contribuir inicialmente hasta el 20 por ciento". Ikal Angelei de Amigos del Lago Turkana instó al Banco a considerar otros proyectos en la región, antes que permitir una presa que podría destruir el Lago Turkana: "La gente depende del lago. Necesitamos proyectos de desarrollo que nos beneficien y no que nos maten."
