En este momento cuando está a punto de comenzar la revisión de las salvaguardias del Banco Mundial, los grupos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) piden que el ejercicio sea amplio y riguroso. Mientras tanto, el historial sobre el cuidado social y medioambiental del Banco y de la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado), han estado bajo escrutinio en la India, Etiopía, Colombia y Brasil.

Después de un largo retraso (ver Boletín 79), se espera que la revisión de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial comience en octubre de 2012. El Banco estima que el proceso tomará dos años. El enfoque de un documento de agosto de 2012 prevé que el proceso "dará lugar a un nuevo marco integrado" para "mejorar la alineación política con los cambios internos y externos, y proporcionará una base sólida para una asociación renovada y fortalecida con los prestatarios del Banco".

Antes del lanzamiento de la revisión, las organizaciones de la sociedad civil escribieron al Banco para resaltar varios problemas, como el reasentamiento y la discapacidad. Titi Soentoro de la ONG Indonesia Aksi dice: "Este examen es muy oportuno, ya que las salvaguardias sólidas y el debido proceso del cumplimiento son esenciales para proteger a las personas y su medio ambiente. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que la revisión sólo responda a las necesidades de los prestatarios y cree una nueva forma para debilitar las normas existentes."

También preocupan los vínculos con la reforma actual del Banco sobre las inversiones de préstamos (ver Boletín 82), la cual propone eliminar o reducir los requisitos críticos relacionados con la supervisión del Banco, la evaluación y el análisis de costo-beneficio. En una carta a comienzos de septiembre de 2012, 39 organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la ONG argentina Centro de Derechos Humanos y Ambiente, y la ONG estadounidense Accountability Counsel (Consejo para Rendición de Cuentas), se dirigieron al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, para plantear el problema de que la reforma podría efectivamente socavar la revisión de las salvaguardias. Las recomendaciones incluyen también un llamamiento para que "las tendencias actuales en el Grupo del Banco Mundial de prestar a través de programas, intermediarios y fondos comunes" requieran "al menos el mismo nivel de transparencia pública y atención a las preocupaciones sociales y ambientales, exigidos a los préstamos directos a los prestatarios y clientes".

¿Están en duda los derechos de las personas?

La controversia sobre la concesión de préstamos del Banco a las grandes represas reivindica las preocupaciones sobre el historial del Banco en la salvaguardia de las comunidades locales (ver Boletínes 81, 77). A principios de agosto de 2012, el Panel de Inspección (el mecanismo de rendición de cuentas del Banco) registró un pedido de inspección del proyecto hidroeléctrico Vishnugad Pipalkoti en Uttarkhand, en la India (ver Boletín 77 77). En la petición se esbozan varias preocupaciones sociales, culturales y ambientales, tales como la calidad y el acceso al agua, incluso para los ritos religiosos. El Panel está a la espera de una respuesta del Banco a finales de octubre.

Los problemas con otras formas de financiamiento del Banco fueron resaltados en una denuncia presentada ante el Panel en septiembre de 2012, por los indígenas de la región de Gambella en Etiopía. Los peticionarios sostienen que se han visto muy perjudicados por un proyecto del Banco que da apoyo presupuestario al gobierno de Etiopía, el cual "es directamente responsable y contribuye sustancialmente a un programa forzado de poblamiento concentrado (villagisation)." David Pred de la ONG con sede en Estados Unidos, Desarrollo Inclusivo Internacional, dijo que en este proceso "decenas de miles de indígenas están siendo forzados violentamente fuera de sus tierras ancestrales", y que "los fondos del banco están ayudando para que esto suceda".

Los pueblos indígenas han planteado reiteradamente sus preocupaciones acerca de las garantías del proceso de revisión (ver Boletínes 81 y 79), incluidas las llamadas por la inclusión del derecho al consentimiento previo, libre e informado (CLPI). El CLPI estaba incluido en la actualización de las normas de rendimiento de la CFI, que entró en vigor en 2012. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, como la ONG británica el Programa Bosques de la Gente, han advertido sobre el lenguaje diluido de la versión definitiva (ver Boletín 77).

La falta de cumplimiento del CLPI en las operaciones de la CFI ha estado bajo escrutinio en relación con su reciente aprobación de US$27 millones de capital de inversión para PetroNova, "para apoyar la expansión de la exploración del petróleo y gas de la compañía en Colombia". La CFI ha reconocido que todas sus normas de funcionamiento son aplicables pero ha calificado el proyecto como de ‘Categoría B’, es decir, de limitadas repercusiones sociales y ambientales adversas, en lugar de la más estricta ‘Categoría A’. Lance Crist, director global de la corporación de petróleo y gas de CFI, sostuvo que la clasificación era inferior debido a que la inversión sólo apoyaba la "primera etapa de las actividades de exploración" con "una huella ambiental limitada" la cual no tenía "efectos adversos significativos". Crist agregó: "la evaluación de la CFI llegó a la conclusión de que los pueblos indígenas no se verían afectados en forma significativa como resultado de la propuesta de inversión en las actividades de exploración, y por lo tanto el CLPI no era necesario".

Crist afirmó que "la empresa había participado en consultas con los pueblos indígenas para que todos tuvieran conocimiento de las actividades de exploración y de las posibilidades de desarrollo futuro", sin embargo, esto es cuestionado por la ONG colombiana Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Una declaración de julio de 2012, con más de 50 firmantes incluidas las asociaciones indígenas y los gobernadores locales, hace un llamamiento al diálogo con las autoridades para hacer frente a la situación económica, política, social y ambiental de los pueblos indígenas de la región", incluyendo las preocupaciones sobre la participación del sector privado. La declaración dice, "Cuando hay fuertes intereses económicos que compiten por el control de nuestros territorios para la explotación de los recursos naturales, la minería e hidrocarburos, nos vemos sin herramientas adecuadas para defender eficazmente nuestro territorio, es así como nos niegan el derecho a decidir libremente el uso que queremos según nuestra visión como pueblos indígenas".

La CFI también ha estado vinculada a la construcción de la represa Teles Pires en la Amazonia brasileña, donde los pueblos indígenas están luchando por prevenirla ya que la represa inundará un área que consideran sagrada. En 2011, la CFI aprobó una garantía parcial de riesgo de US$50 millones para su "antiguo" cliente, y compañía constructora Construtora Norberto Odebrecht" para apoyar el desarrollo de la infraestructura en Brasil y otros países de América Latina", incluyendo a Teles Pires. João Kayabi, jefe de una de las aldeas afectadas, dijo a la agencia de prensa IPS News: "Es una zona sagrada… Quedará sumergida bajo el agua y será sólo un recuerdo. Estamos tratando de evitar que esto suceda."