En la medida en que los proyectos de minería en Sudáfrica y el Perú enfrentan violenta oposición, los críticos cuestionan los intereses creados por la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco Mundial), en las empresas en el centro de la polémica. Los fondos de la CFI para las minas en Mongolia y Guinea también han causado alarma, lo que provocó un renovado interés en las recomendaciones de la Revisión de las Industrias Extractivas.(ver Update 38)).
La mina de platino en Marikana, Sudáfrica, fue el centro de violentas protestas y huelgas de los mineros en agosto de 2012. La mina es operada por Lonmin, empresa con sede en Londres, la cual en 2007 recibió un préstamo de US$100 millones, más US$50 millones en inversiones de capital de la CFI para "ayudar a financiar la expansión de la empresa y los planes de desarrollo de la comunidad". Las huelgas empezaron el año pasado sobre el pago y las condiciones de vida de los trabajadores de la mina. El conflicto se intensificó este verano, y dio lugar a enfrentamientos a mediados de agosto, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes y más de 40 personas murieron.
corporate citizenship and sustainability are currently still illusions on a far horizon
Unos días después la CFI dijo en una declaración: "Los problemas son graves y la CFI alienta a todas las partes a resolver el conflicto mediante la negociación y el diálogo constructivo". Sin embargo, no mencionó sus bajos niveles de desempeño, o la intención de examinar el cumplimiento de Lonmin con la CFI.
A raíz de las muertes en Marikana, la ONG, Centro de Estudio de Violencia y Reconciliación (CSVR en inglés) llevó a cabo una investigación. Según Jasmina Brankovic, investigadora de CSVR, "el comentario prevalente sobre la masacre de Sudáfrica es que Lonmin aún no ha enfrentado sus responsabilidades." El borrador del informe de CSVR fue presentado en una reunión final de agosto de 2012 a la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, la cual está realizando su propia investigación sobre el incidente. Brankovic dijo "aunque Lonmin firmó un acuerdo en 2007 con la CFI prometiendo desarrollar la comunidad local, los entrevistados dijeron que habían visto pocos beneficios o cambios, y tampoco veían cómo Lonmin estaba contribuyendo a la sostenibilidad de la comunidad".
Un informe a principios de agosto de 2012 sobre las minas de platino por la ONG Fundación Bench Marks, con sede en Johannesburgo (la cual supervisa la actuación de las corporaciones), detalla los fracasos de Lonmin en Marikana diciendo que la seguridad de los trabajadores es muy deficiente y que hay intimidación de los trabajadores en huelga, además de una mala planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo comunitario, y para completar también se emplean tácticas de mano dura para adquirir la tierra de los agricultores locales. En términos de impactos ambientales, el informe encontró que "la situación parece incluso peor que hace más de cinco años."
Aparte de los salarios, Bench Marks dijo que una de las principales causas de la agitación eran las condiciones de vida. El informe encontró que "las condiciones de vivienda bajo las cuales viven los empleados de Lonmin son espantosas", con "sistemas de drenaje rotos que derraman su contenido directamente en el río en tres puntos diferentes." A pesar de cinco años de denuncias, hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para corregir esta situación. El informe afirma, "las niñas y niños tienen síntomas de enfermedades crónicas asociadas con tales derrames." El informe concluye diciendo: "en la actualidad la ciudadanía corporativa y la sostenibilidad todavía son ilusiones de un futuro lejano e incierto."
Alex Lichtenstein, investigador de la Universidad de Indiana, comentó: "En retrospectiva, es difícil evitar la sospecha de que Lonmin mintió sobre sus intenciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa, para asegurar una importante inyección de capital de la CFI hace cinco años."
Más violencia en el Perú
En un caso similar, la oposición violenta al desarrollo de una nueva mina de oro de Minera Yanacocha provocó la muerte de cinco personas cuando la policía y los manifestantes se enfrentaron en julio de 2012. La Minera Yanacocha es una empresa peruana de propiedad mayoritaria de la multinacional estadounidense Newmont Mining, en la que la CFI tiene acciones del 5 por ciento (ver Boletin 79). Por otro lado, a finales de agosto de 2012, una encuesta demostró que el desarrollo minero Congas, en el estado de Cajamarca en el norte peruano, está siendo rechazado por el 78 por ciento de los residentes del estado. La inyección de capital de la CFI está relacionada con el desarrollo en 1999 de una mina de oro en la misma área, todavía en operación. La CFI ha mantenido su participación a pesar de que el proyecto está catalogado como "concluido". La CFI no ha hecho ningún comentario público sobre la compañía, o sobre las acusaciones de que la expansión de la mina contaminaría el suministro de agua y ser perjudicial para la agricultura local.
Otro proyecto minero peruano financiado por la CFI fue objeto de una queja presentada en noviembre de 2011, ante el Defensor del Pueblo (CAO en inglés, mecanismo de rendición de cuentas de la CIF). La mina Quellaveco en el sur de Perú también recibió una inversión de capital de la CFI del 20 por ciento en 1993. La mina todavía está en la etapa de construcción. La denuncia al Defensor del Pueblo, afirmó que la tierra había sido adquirida sin el consentimiento de los propietarios, que los desechos tóxicos del proyecto habían tenido un impacto negativo en las comunidades locales, y que la disponibilidad y la calidad del agua se habían deteriorado. A pesar de que la CFI ya vendió sus acciones en el proyecto en febrero de 2012, el Defensor del Pueblo todavía llevará a cabo una evaluación sobre el cumplimiento de la CFI con sus políticas ambientales y sociales.
Nuevas preocupaciones sobre minas
La inversión de la CFI en una mina en Colombia fue criticada por la ONG local Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la cual presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo en junio de 2012, alegando que la inversión de la CFI en el proyecto, de casi US$20 millones, operado por la minera canadiense Greystar, estaba en violación de las medidas de salvaguardia de la CFI. La denuncia afirma "hay pruebas significativas de que irreversibles y adversos efectos sociales y ambientales pueden ocurrir en el futuro", ya que el área de la extracción minera es "esencial para el suministro de agua fresca para un mínimo de dos millones de personas y para la mitigación del cambio climático."
En otro lugar, la propuesta del préstamo de la CFI para la mina Oyu Tolgoi en el desierto del Sur de Gobi en Mongolia, también está siendo impugnada, especialmente debido a la amenaza de la fuente de recursos hídricos para los habitantes locales y la destrucción del pastizal para los pastores. A principios de noviembre de 2012 el directorio de la CFI estará discutiendo un préstamo de hasta US$900 millones a la mina de cobre y oro, la cual es dos tercios propiedad de la compañía minera Turquoise Hill Resources. La multinacional minera Rio Tinto tiene una posición de control con las acciones que posee de la Turquoise Hill Resources. La Evaluación del Impacto Social y Ambiental (ESIA en inglés) sólo fue publicada a finales de agosto de 2012, a pesar de que Turquoise Hill Resources afirmó en su publicidad a los inversores: "La primera entrega del mineral para el triturado primario será en julio de 2012" y "la mayor parte de la primera fase de la construcción superó el 97 por ciento a finales de agosto de 2012."
Según Sukhgerel Dugersuren, de la ONG mongola Veeduría OT, la falta de información en la ESIA sobre los impactos reales del proyecto se agrava por el hecho de que "Río Tinto no ha organizado una participación genuina, ni consultas públicas culturalmente apropiadas con los pastores afectados."
Rio Tinto también es la principal fuerza detrás del proyecto de extracción de la minera Simandou Iron Ore en Guinea, junto con la empresa minera china Chinalco. La CFI realizó su tercera inversión en el proyecto a finales de junio de 2012, de US$150 millones. Ya había invertido US$5 millones en 2006 para financiar estudios de factibilidad y otros US$30 millones en 2007, con lo cual adquirió el 5 por ciento de las acciones en el proyecto. Se calcula que ésta es la inversión más grande que se haya visto en el sector privado en África. La CFI considera que su función es la de "hacer un aporte significativo a la evaluación de los riesgos para el medio ambiente, especialmente los relacionados con la biodiversidad", pero la decisión de invertir en una nueva emisión de derechos en junio de 2012, fue tomada antes de la finalización de las evaluaciones del impacto social y medioambiental.
El gobierno de Estados Unidos se negó a apoyar el préstamo: "Dado que el gran alcance y escala de la inversión generó una reclasificación del proyecto de la Categoría B a la Categoría A, y debido a que el sitio del proyecto es, según la propia definición del equipo del proyecto, un "sitio importante de biodiversidad," Estados Unidos considera que los inversionistas, así como las autoridades guineanas deberían haber esperado a que las evaluaciones del impacto social y medioambiental hubieran sido completadas y publicadas antes de continuar con el plan de inversión."
Alhassan Atta-Quayson de la ONG con sede en Ghana, la Red Africana del Tercer Mundo, dijo: "las minas africanas apoyadas por la CFI, desde Guinea hasta Sudáfrica, muestran la complicidad de la CFI en el sub-óptimo aprovechamiento de los recursos naturales de África y en la escalada de los conflictos. Lo menos que cabe esperarse de la CFI es un retorno a las recomendaciones de la Revisión de las Industrias Extractivas (ver Boletín 42) viendo el despojo producido por estos proyectos".
