Antes de unirme a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), yo trabajé por muchos años en la compañía estatal de energía de Kosovo. Durante ese período aprendí cómo funciona la industria del carbón y vi cómo afectaba negativamente todas las áreas de nuestras vidas.
Ya hace dos años las OSCs de Kosovo habían alertado al Banco Mundial diciéndole que las cosas no iban a resultar bien para Kosovo si el Banco continuaba apoyando y empujando los proyectos con base en carbón para el desarrollo del país. A pesar de esto, en octubre de 2008, el gobierno kosovar decidió restructurar su sector energético introduciendo los inversionistas privados en las áreas clave de producción y distribución de la energía, incluyendo la privatización del sistema de suministro eléctrico, abriendo una nueva mina de carbón, y creando una nueva y altamente contaminante planta de 600 megavatios de energía basada en el uso del carbón. Esta estrategia energética fue apoyada y empujada por el Banco Mundial y por el gobierno de Estados Unidos. El Banco accedió a considerar una garantía parcial de riesgo para la mina y la nueva planta de energía, mientras que la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco) proporcionaría al gobierno kosovar asesoría sobre cómo emprender la privatización del sistema de suministro eléctrico. Para poder seguir adelante, estas instituciones necesitaban del permiso explícito del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las OSCs kosovares y los colaboradores internacionales examinaron la estrategia y concluyeron diciendo que éste era un camino peligroso para Kosovo, ya que aumentaría drásticamente el precio que los kosovares pagan por la electricidad, la operación no iba a crear nuevos puestos de trabajo, afectaría el medio ambiente y cargaría al país con una deuda no sostenible en un momento crucial de la crisis de la Unión Europea.
En agosto de 2011, el Sindicato de Energía Comercial de Kosovo (SPEK en inglés) presentó una denuncia al Defensor del Pueblo (CAO en inglés – el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI), sobre la participación de la CFI en el proceso de privatización del servicio de suministro eléctrico. SPEK afirmó que se perderán puestos de trabajo y que las cuestiones sociales y ambientales no iban a ser tratadas de conformidad con las normas de rendimiento de la CFI. En mayo de 2012, el Defensor del Pueblo anunció que iba a auditar el proyecto. Mientras tanto, el gobierno kosovar abrió una convocatoria a las empresas interesadas en adquirir el servicio de suministro eléctrico, la cual fue otorgada a la compañía que ofreció €26,3 millones (US$33,9 millones). Esta cifra representa un fuerte contraste con los US$180 millones que el gobierno kosovar invirtió en el mismo sistema de suministro eléctrico en los últimos 10 años.
Poco después de este anuncio, la oficina de regulación de la electricidad de Kosovo anunció que iba a aumentar las tarifas para los clientes en un 8,9 por ciento, alegando que el aumento era necesario para cubrir el costo de la producción y distribución de la electricidad. Sin embargo, en 2011 ya se había aprobado un incremento para impulsar el proyecto de carbón, del 1,011 por ciento adicional a las tarifas sobre el carbón, lo cual aumentará el costo de la electricidad en más de un 10 por ciento, sólo para el siguiente año. Todo lo anterior se suma a un incremento del 4,5 por ciento anual que el Banco dice es necesario para la construcción de la propuesta nueva planta. Estos incrementos son absurdos, ya que más del 45 por ciento de los habitantes de Kosovo ya vive por debajo del umbral nacional de la pobreza. Cualquier aumento de la tarifa eléctrica será insoportable para los kosovares,
Por otro lado, la apertura de una nueva mina de carbón y la construcción de una nueva planta de energía basada en el uso del carbón tienen enormes costos sociales y ambientales. Una reciente evaluación del mismo Banco Mundial estima que el costo anual de la contaminación en Kosovo es de unos €220 millones – o sea, un gran nivel de contaminación que probablemente se multiplicará con una nueva planta eléctrica de carbón. Y esta vez no serán sólo los bolsillos de los kosovares los que se verán afectados, sino también nuestra tierra, nuestro medio ambiente y, sobre todo, nuestra salud. Hasta Daniel Kammen, el ex jefe del Banco especializado en el sector de las energías renovables y eficiencia energética y profesor en el Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos), públicamente exhortó al Banco y al gobierno de Estados Unidos a que cambiaran la estrategia energética de Kosovo de una inversión en carbón, a otra más limpia para un futuro sostenible.
Lo anterior está en consonancia con las repetidas llamadas de las OSCs al Banco y a otras partes interesadas para un cambio de estrategia energética en Kosovo. De no ser así, la estrategia presente pondrá a la gente de Kosovo, sus vidas y su futuro en peligro. Esto está ocurriendo en la nación más pobre de Europa, con tasas de desempleo tan altas como el 47 por ciento, a pesar del mandato clave de la misión del Banco Mundial de reducir la pobreza. No podemos aceptar esta deficiente estrategia. No es viable desde el punto de vista económico, producirá reducciones de puestos de trabajo, destruirá nuestro medio ambiente y nuestra salud, y nuestras vidas serán aún más insoportables económicamente. En pocas palabras, el Banco Mundial debe suspender lo que está haciendo pues no debe continuar empeorando la pobreza en Kosovo.
Por Nezir Sinani, Institute for Development Policy, Pristina, Kosovo