El Banco Mundial finalmente lanzó en octubre de 2012, su revisión de dos años de las políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Al tiempo que el Banco se comprometió a un sólido resultado, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han puesto de relieve las preocupaciones de que el nuevo marco permitirá sustituir las actuales medidas de protección con "principios vagos, no obligatorios y ´flexibles´ de las normas de ejecución".

El principal objetivo declarado de la revisión es "fortalecer la eficacia de las políticas de salvaguardia con el fin de mejorar el impacto en el desarrollo de los proyectos y los programas financiados por el Banco Mundial" a fin de crear un "marco integrado" para hacer frente a futuros riesgos ambientales y sociales.

Sin embargo, en octubre de 2012 más de 120 grupos de la sociedad civil de Indonesia firmaron una declaración pidiéndole al Banco que "evitara ponerse al servicio de los intereses estrechos de prestatarios públicos y privados al debilitar las normas sociales y ambientales existentes del Banco". Titi Soentoro de la ONG Indonesia Aksi, dijo que las salvaguardias, "habían surgido en gran parte como resultado de la presión de las comunidades que estaban sufriendo impactos sociales y ambientales negativos de los proyectos y programas financiados por el Banco Mundial y por otras instituciones financieras internacionales".

El proceso de la revisión constará de tres fases de consultas, concluyendo en marzo de 2014. El Banco ha pedido a "las comunidades directamente afectadas por los proyectos financiados por el Banco Mundial" que se comuniquen con el Banco para expresar sus preocupaciones. Sin embargo, en la primera reunión de consulta realizada en Washington en noviembre de 2012, Stephanie Fried de la ONG estadounidense la Fundación Ulu, criticó la forma en que la consulta "se estaba alejando de la transparencia", al tiempo que otras ONGs destacaron el riesgo de que las personas en los grupos marginados, en particular las mujeres y las personas discapacitadas, fueran excluidas.

Aunque el presidente del Banco, Jim Yong Kim, insiste en que el Banco "no tiene la intención de diluir las salvaguardias" en las reuniones anuales del Banco a mediados de octubre de 2012, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) expresaron su preocupación de que este nuevo marco tendrá una aplicación limitada. En noviembre de 2012, una presentación al Banco de más de veinte OSCs recomendó que el nuevo marco de salvaguardias debería aplicarse a todos los tipos de actividades de apoyo del Banco, como el Programa para Resultados y los préstamos para políticas de desarrollo ( ver Boletín 82). El Banco continuamente ha declarado que la revisión de las salvaguardias será "separada pero paralela" de la revisión de los préstamos para inversión (ILR – Investment Lending Review) – ver Boletín 82.

La revisión del ILR publicada en noviembre de 2012, reiteró su "convicción" de que el proceso de modernización del marco de política ILR, no da lugar a la dilución de las políticas del Banco, sino a un incremento de su eficacia en materia de desarrollo".

Sin embargo, las ONGs continúan insistiendo en el peligro de que las políticas de préstamo del Banco socaven los derechos humanos de los indígenas y los grupos comunitarios. En su presentación conjunta en noviembre de 2012, las OSCs pidieron una "política más general de los derechos humanos", que incluya el trabajo, la discapacidad y los derechos de las mujeres. Jessica Evans, de la ONG estadounidense Veeduría de Derechos Humanos (Human Rights Watch) señaló que "el Banco Mundial debería reconocer cómo los derechos humanos eran de importancia crítica para sus esfuerzos en la reducción de la pobreza". Ella instó a Kim a que no olvidara su "legado en los derechos humanos" y a que "no perdiera esa importante oportunidad para mostrar cómo el Banco Mundial estaba cambiando bajo su liderazgo".