Tras un año de violencia asociada con los proyectos mineros financiados por la CFI (brazo del sector privado del Banco Mundial, ver Boletín 82), las inversiones de la CFI en el sector de la minería en Guatemala, Mongolia y Colombia continúan siendo polémicas.

Un informe de septiembre de 2012 por Robert Goodland, un ex asesor líder para el medio ambiente del Banco, propuso seis medidas que la compañía canadiense Goldcorp podría adoptar para mejorar las prácticas en su controvertida mina Marlin en Guatemala, financiada por la CFI en 2004 (ver Boletín 79, 72, 45). El informe de Goodland, basado en los resultados del Tribunal de la Gente en julio de 2012,  argumenta que la mina debería: suspender sus operaciones; comunicarse con la gente y compensar a la comunidad local por los daños del pasado; desarrollar sus propias capacidades y especialización en asuntos sociales y ambientales; comisionar una evaluación fiable sobre el impacto ambiental y social (EISA); establecer un régimen de garantías financieras realistas para manejar el cierre de la mina; e instituir el seguimiento a terceros.

En una carta de septiembre de 2012 a los activistas, Goldcorp afirma que "ha sido diligente en su aplicación de las recomendaciones" de una evaluación de la situación de los derechos humanos que encargó en 2010. Pero en ésta no menciona las denuncias detalladas de Goodland sobre las filtraciones de cianuro de la mina y sólo promete revelar los planes de cierre de la mina cuando estos hayan finalizado.

A finales de diciembre de 2012, la ONG mongol Veeduría Oyu Tolgoi, junto con una coalición de ONGs internacionales, publicó una revisión de la evaluación EISA de la mina de cobre y oro Oyu Tolgoi, que la CFI está considerando financiar a pesar de las denuncias de los residentes locales (ver Boletín 83, 82). La revisión, titulada "Una farsa inútil", argumenta que la evaluación EISA "no sirve para nada y que está profundamente viciada”, ya que "no cumple con las disposiciones fundamentales de los estándares de rendimiento de  la CFI, y es incompleta y retroactiva”. El informe destaca 11 violaciones diferentes de las normas del desempeño de la CFI.

A finales de noviembre de 2012 los denunciantes de Eco Oro Minerals (anteriormente Greystar) en Colombia (ver Boletín 82), declinaron la oferta del mecanismo de rendición de cuentas en la resolución de conflictos, y en vez de ello avanzaron el caso directamente a la evaluación del cumplimiento.