A finales de 2012, el Banco Mundial anunció su primer préstamo a Birmania (también conocida como Myanmar), en más de 20 años. El préstamo de US$80 millones al Ministerio de Asuntos de la Frontera, es para proyectos de desarrollo liderados por la comunidad (CDD – community driven development), y su objetivo es proporcionar beneficios tangibles para las comunidades, en particular las afectadas por décadas de conflicto en Birmania. La preocupación de muchos activistas de base, sin embargo, es que las zonas a las que este dinero está destinado todavía están en las primeras etapas del proceso de paz, y que los enormes flujos de dinero van a socavar los esfuerzos para el logro de una paz duradera.

En enero de 2013, el Banco aprobó un préstamo de US$440 millones para políticas de desarrollo en Birmania. Sus objetivos son: "Apoyar las reformas críticas de Myanmar para fortalecer la estabilidad macroeconómica, la mejora de la gestión de las finanzas públicas, y mejorar el clima de inversión" y para "facilitar la liquidación de atrasos de Myanmar a la AIF". Este préstamo está destinado para el Ministerio de Hacienda.

La guerra civil en Birmania comenzó en la década de 1950. Los sucesivos regímenes militares, encabezados por el grupo étnico mayoritario central de Birmania, sistemáticamente reprimieron las aspiraciones de las personas en las regiones étnicas en otras áreas del país. Esto produjo una proliferación de grupos étnicos armados que venían luchando por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales durante décadas. Gracias a las reformas iniciales del nuevo gobierno desde que asumió el poder en 2011, hubo una ventana de oportunidad para negociar una paz sostenible, lo cual permitió ceses de fuego provisionales entre el gobierno birmano y todos los grandes grupos étnicos armados. Sin embargo, esto no incluye a la Organización para la Independencia de Kachin, y en el norte del país las ofensivas del ejército birmano han continuado e intensificado desde junio de 2012.

Debido a los pequeños pasos hacia la democracia que Birmania ha venido tomando, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han comenzado el proceso de comunicación y participación con el gobierno. El Banco Mundial está utilizando el Fondo CDD, que transfiere dinero directamente a las comunidades para que éstas tomen sus propias decisiones, así como las transferencias directas al gobierno. Sin embargo, el Banco está apresurando demasiado el proceso e incumpliendo sus propias políticas. Se supone que las evaluaciones del impacto ambiental y social deben ser divulgadas 30 días antes de la aprobación del proyecto, pero esto no ha sucedido. Tampoco ha sido divulgada la información sobre las consultas celebradas, o el documento de programa esbozando el plan.

No se está dado un amplio proceso de consulta con el público, incluyendo a las zonas étnicas afectadas por el conflicto, pero aun así el Banco sigue adelante con este proyecto, en un país donde no ha trabajado durante casi un cuarto de siglo. Un puñado de presentaciones en las calles principales de la ciudad de Rangún no da suficiente información para determinar de forma precisa las necesidades de las personas en este lugar. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil birmana  solicitaron oficialmente un aplazamiento del proyecto CDD, hasta que el Banco lleve a cabo una consulta amplia e inclusiva (ver Boletines 82 y 80). Lamentablemente esta petición ha sido ignorada.

Hay una gran preocupación por la ausencia de la participación genuina de las comunidades y porque un proceso de desarrollo acelerado está amenazando menoscabar el delicado y frágil proceso de paz. El gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que el camino hacia la paz es el desarrollo económico. Pero si el Banco hubiera realizado consultas significativas en las regiones étnicas habría encontrado que el desarrollo económico es la segunda prioridad después del acuerdo político. Parte de ese acuerdo es que el ejército abandone los pueblos donde ha cometido violaciones de los derechos humanos durante décadas. Además, la búsqueda de la justicia para aquellos que han sufrido a manos del régimen militar, cuyos miembros ahora son parte del pseudo-gobierno civil, ha sido barrida debajo de la alfombra.

Al convenir que su implementación de desarrollo sea dirigida por el estado en las zonas de conflicto, el Banco también está poniendo su intervención en medio de un proceso de paz y de un acuerdo donde sólo el gobierno central tiene el control. Esta legitimación del gobierno puede marginar aún más los objetivos de los grupos étnicos, por los que estos han estado luchando durante tanto tiempo. 

La participación del Banco Mundial debe ser mucho más transparente y prudente y el Banco debe llevar a cabo un proceso de consulta legítimo para ganarse la confianza de todo el pueblo de Birmania. En las zonas afectadas por el conflicto el desarrollo económico no es un sustituto a una solución política ni al logro de la justicia. Para las regiones étnicas una solución política es el primer paso en el camino hacia la paz.