La controvertida Alianza Mundial para el Fortalecimiento de la Responsabilidad Social (GPSA – Global Partnership for Social Accountability) del Banco Mundial, un nuevo mecanismo para proporcionar financiación directa a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), tuvo su primera convocatoria de propuestas de mediados de febrero a mediados de marzo de 2013. Las decisiones sobre las subvenciones, que algunos críticos se preocupan pueden ser utilizadas para comprar la oposición a los proyectos financiados por el Banco, serán tomadas por un comité directivo compuesto por donantes, gobiernos de países en desarrollo, y organizaciones de la sociedad civil.  Fueron aceptadas las propuestas de tan sólo 14 países que ‘estaban a favor´, incluidos algunos acusados de abusos contra los derechos humanos, como Belarús, Tayikistán y Honduras. La GPSA "pondrá a disponibilidad de los gobiernos las propuestas seleccionadas durante un período de 10 días para la preselección".