Nueva evidencia pone de manifiesto los vínculos entre los continuos asesinatos y desalojos forzados en la región de Bajo Aguán de Honduras y la productora de aceite de palma, la Corporación Dinant.
Un informe de febrero de 2013, por la ONG estadounidense Acción por los Derechos (Rights Action) reveló vínculos concretos entre el ejército de Honduras, la policía de la región, y un número de empresas de seguridad privada, y calcula que por lo menos 88 líderes campesinos y sus seguidores han sido asesinados en la región desde 2009. La mayoría de estos casos "claramente presentan las características de asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte." El informe concluye diciendo: "Las medidas adoptadas por el Banco Mundial… han contribuido directamente a la situación de impunidad que ha facilitado la actividad en curso de los escuadrones de la muerte, ya que da préstamos a Dinant, un actor principal en el conflicto. Estos préstamos fueron dados aun cuando los informes de los conflictos de la tierra en el Aguán eran ampliamente conocidos, y en medio de un contexto general de impunidad donde la represión llevada a cabo por el estado en el contexto del golpe militar también era ampliamente conocida."
Según la ONG alemana, Rescate de los Bosques Húmedos (Rainforest Rescate), Dinant ha sido implicado en los conflictos de tierras desde la década de 1970. La Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco) dio a Dinant, el terrateniente más poderoso de la región, un préstamo corporativo de US$30 millones en noviembre de 2009, cinco meses después de que el presidente de Honduras fuera expulsado del poder por un golpe de estado. Sin embargo, en el resumen del proyecto la CFI insiste que: "La adquisición de la tierra depende de la acción voluntaria entre el comprador y el vendedor, y no ha ocurrido ningún desplazamiento forzado de nadie."
al monocultivo y a las empresas transnacionales es lo que ha generado hoy en día la crisis agrícola y alimentaria
El Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor/Ombudsman), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, inició una investigación en abril de 2012 para responder a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos de que Dinant, el cliente de la CFI, "había llevado a cabo, facilitado y apoyado los desalojos forzados de los campesinos en el valle del Aguán mediante la utilización inapropiada de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o influencia de Dinant." En agosto de 2012, el Defensor del Pueblo comenzó una auditoría completa sobre lo apropiado de la respuesta de la CFI (ver Boletín 82). Se espera que la decisión del Defensor del Pueblo sea publicada en el verano de 2013.
La asociación de la CFI con un cliente que está estrechamente involucrado con semejantes abusos a los derechos humanos, ha sido condenada internacionalmente. En marzo de 2013, una carta abierta firmada por 17 ONGs globales, incluyendo el movimiento social La Vía Campesina, y una petición internacional firmada por más de 63.000 personas, pidieron al Banco Mundial que cesara inmediatamente su apoyo a Dinant. Yoni Rivas del grupo de activistas campesinos hondureño, Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) dice: "La financiación del Banco Mundial al monocultivo y a las empresas transnacionales es lo que ha generado hoy en día la crisis agrícola y alimentaria en Honduras". A pesar de todo lo anterior, la CFI sigue insistiendo que "Dinant entiende la importancia de tener buenas relaciones con las comunidades vecinas y que presta debida atención a este asunto."
