Continúan las polémicas inversiones en el sector del turismo y en los proyectos de infraestructura de la Corporación Financiera Internacional (CFI – el brazo del sector privado del Banco), sobre los cuales se ha presentado una nueva denuncia al mecanismo de rendición de cuentas, el Defensor del Pueblo/Ombudsman (CAO).
Continuando con su tendencia de invertir en los proyectos de turismo (ver Boletin 84),) la CFI está incursionando en centros turísticos menos establecidos. En esta ocasión justifica su inversión de US$26 millones en el "Palma Guinea" Sheraton en Conakry, Guinea, como un esfuerzo por "llenar una necesidad de hospitalidad en el mercado", ya que la ciudad no tenía hoteles cinco estrellas. La CFI indicó que este proyecto de US$61 millones tiene por objeto "convertirse en una parte importante de la infraestructura de negocios de Conakry", y que probablemente ofrecerá alojamiento a las personas de negocios que participarán en la polémica mina Simandou financiada por la CFI (ver Boletin 82).
En la zona rica en petróleo del Kurdistán iraquí, la CFI está invirtiendo UD$14 millones en un proyecto de US$43 millones de la empresa libanesa el Grupo Malia, la cual generó US$73 millones en ingresos en 2008 y cuyo lema es "alto riesgo, alta rentabilidad". El proyecto construirá 150 apartamentos en abril. Por otro lado, la inversión de la CFI de UD$13,5 millones para la construcción de un lujoso hotel Marriott en Port-au-Prince, Haití, que incluye un salón de baile, también fue aprobada por el Directorio Ejecutivo a mediados de junio de 2013.
Para satisfacer la gama de necesidades de las empresas multinacionales, el Directorio también le dio permiso a la CFI a principios de junio de 2013, para invertir en un plan de crédito para vehículos en América Latina. Este proyecto de UD$50 millones, en una alianza de cinco años con el banco francés BNP en el archipiélago de las Paridas en Panamá y la compañía sueca de Volvo da Brasil, facilitará el acceso a los préstamos para comprar vehículos baratos para "las empresas que trabajan en el sector del transporte, la minería, la logística, y el fomento del turismo".
"Deficiencias" de la CFI en Mozal
El Defensor del Pueblo encontró "deficiencias" en la gestión de la CFI en el proyecto de una fundición de aluminio en Mozambique, entre noviembre de 2010 y abril de 2011(ver Boletin 79). En un informe de auditoría en abril de 2013. El Defensor del Pueblo criticó la falta de seguimiento de la CFI a su socio, Mozal, lo cual habría permitido una "consulta apropiada y anticipada con las comunidades afectadas". Aunque la CFI reconoce las cuestiones planteadas en la auditoría, también afirma que "el personal llevó a cabo medidas razonables y oportunas coherentes con sus políticas y procedimientos".
El Defensor del Pueblo también se vio involucrado en el proyecto polémico de la ampliación del puerto Vizhinjam en la India (ver Boletin 84). En abril de 2013 se registró un tercer caso contra el puerto; los residentes de un pueblo local argumentaron que el proyecto perjudicará sus fuentes de agua y tierras de cultivo. Sin embargo, las autoridades portuarias negaron que existieran posibilidades de daños, al tiempo que aceptaron un paquete de 14 mil millones de rupias (US$24 millones) en concepto de la responsabilidad social de las empresas, como parte de la publicación en mayo de 2013 sobre los impactos ambientales. Las autoridades planean comenzar el atrasado trabajo de la ampliación del puerto a finales de 2013, después de un período de cuatro meses de audiencias públicas. El grupo de pescadores locales de Kerala, la Federación Swathanthra Malsya Thozhilali, la cual presentó el segundo caso en Septiembre de 2012, confirmó que este verano continuará su oposición con una serie de "manifestaciones en todo el estado".
