Un informe de auditoría sobre el proyecto de aceite de palma en Honduras, manejado por la Corporación Dinant y cofinanciado por la Cooperación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco -ver Boletín 85), fue completado a fines de octubre de 2013 por el Defensor del Pueblo (su mecanismo de rendición de cuentas), pero en el momento está estancado en la directiva del Banco. Esta auditoría tuvo lugar debido a los reclamos de que Dinant había participado en el desalojo forzado de campesinos en la región de Bajo Aguan, donde están situadas las plantaciones del aceite de palma de Dinant. A principios de noviembre de 2013, una carta firmada por las 25 organizaciones de la sociedad civil hondureña que forman la Plataforma Agraria, pidieron al presidente del Banco, Jim Yong Kim, que prestara atención al informe del Defensor del Pueblo y que implementara las «medidas necesarias para terminar la financiación de las personas, empresas y proyectos que están violando los derechos humanos».

En otra carta al presidente del Banco Mundial en el mismo mes, 27 organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el informe de auditoría sobre la Corporación Dinant era una «prueba en marcha para determinar el verdadero compromiso del Banco en el desempeño de sus responsabilidades». La sociedad civil anteriormente había criticado al Banco por no haber seguido las recomendaciones del Defensor del Pueblo (ver la Actualización de diciembre de 2013). Un informe de noviembre de 2013 sobre el aceite de palma por la ONG británica, Programa Bosques de la Gente, declaró: «las comunidades expresan preocupaciones sobre asuntos procesales en la mediación, la falta de estructura, la falta de suficiente acceso a la información y la comunicación entre las partes y el equipo conjunto de mediación, todo lo cual lleva a las comunidades a percibir al Defensor del Pueblo como un ente más pasivo que activo».