A principios de octubre de 2013, la Oficina del Defensor del Pueblo (CAO / Ombudsman – el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial para proyectos del sector privado), recibió una denuncia sobre Agua Zarca, el proyecto de energía hidroeléctrica en Honduras. El proyecto ha transcurrido en medio de la controversia por su rechazo y maltrato del pueblo Lenca, una tribu indígena en el sur de Honduras que afirma no haber dado su consentimiento para el proyecto (ver Boletín 86). La denuncia fue presentada en relación con la inversión de la DFI en el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centro América (CAMIF por su sigla en inglés), un fondo de capital privado que recibió US$40 millones en 2007. CAMIF es gestionado desde Washington DC por un ex funcionario de la CFI que ahora trabaja para EMP Global, una empresa de gestión de capital privado fundada por antiguos gerentes senior del Banco Mundial.

A principios de diciembre de 2013, el Defensor del Pueblo aún no había montado la denuncia sobre el proyecto Agua Zarca en su página web a pesar de haber tenido 15 días (hábiles según lo especificado en su guía operacional). La confirmación de elegibilidad de la denuncia por parte del Defensor del Pueblo enviada directamente a los demandantes, confirmó que la CFI estaba vinculada a la represa Agua Zarca (a través de CAMIF), a pesar de las negaciones emitidas por la CFI a principios del año (ver el Observador Otoño de 2013). La CFI negó las reclamaciones de que FICOSHA (un banco hondureño cliente de la CFI) estuviera financiando el proyecto y tampoco mencionó la consideración del proyecto por parte de CAMIF. A pesar de las quejas y de la muy pública controversia sobre la represa, los manifestantes indígenas fueron atacados a tiros por las fuerzas de seguridad en julio de 2013 cuando fue asesinado Tomás García, el líder indígena quien estaba manifestando pacíficamente con otros miembros de su tribu. La ONG Hondureña COPINH presentó la denuncia ante los tribunales en apoyo de los indígenas. A pesar de todo lo anterior, la CFI está considerando una segunda inversión en CAMIF y se espera la aprobación de  a principios de diciembre de 2013.

Fuertes críticas al Plan de acción de la CFI

La CFI fue objeto de duras críticas por parte de los grupos de la sociedad civil y del Defensor del Pueblo debido a su ignorancia sobre los impactos ambientales y sociales de sus préstamos al sector financiero, que en la actualidad, representan más de la mitad de los compromisos anuales de la CFI (ver Boletin 86, 85 y 84). En respuesta a la investigación del Defensor del Pueblo, el personal de la CFI en agosto de 2013 envió un Plan de Acción a un comité de la Junta Directiva  del Banco Mundial, con el fin de atender a la preocupación relacionada con los llamados intermediarios financieros (IFs).

En una carta de la sociedad civil al comité de la Junta a finales de agosto de 2013, firmada por diez ONGs incluyendo a Oxfam Internacional, estas «recomiendan que la CFI haga menos, pero que lo haga mejor», incluyendo la «verificación que las terceras partes tengan sobre los impactos ambientales y sociales de sus inversiones en el sector financiero y que exista una mayor garantía de que los proyectos del sector financiero no sean dañinos, por medio de la «creación de sistemas de aviso de riesgo en la etapa previa a la aprobación, aumentando la supervisión de los sub-proyectos de alto riesgo y garantizando una mayor transparencia de los préstamos a intermediarios financieros en los sub-proyectos.»

Sin embargo, cuando el Plan de Acción fue finalmente publicado a principios de octubre de 2013 los grupos de la sociedad civil manifestaron su decepción. El plan incluye tres elementos: diálogo y trabajo de extensión de las partes interesadas, la ampliación de servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente y gestión del riesgo social de los IFs y una «mejora continua del marco de trabajo» para la gestión del riesgo de los IFs. Los únicos cambios propuestos en el Plan de Acción al  marco de trabajo fueron: el aumento de la frecuencia de las visitas a algunos clientes del sector financiero con mediano riesgo, un aumento de las revisiones de escritorio de los clientes del sector financiero de alto y mediano riesgo y el pedido voluntario para que los fondos de capital social privado con inversiones de la CFI revelen todas sus sub-inversiones.

Se exige una estrategia debido al aumento de los IFs

A mediados de noviembre de 2013, una carta de la sociedad civil firmada por 50 organizaciones al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se queja diciendo que la respuesta de la CFI era «insuficiente», refiriéndose a la afirmación del  personal de la CFI de que «la CFI no era responsable de las inversiones de los clientes IFs en sub-proyectos… la carta afirmó que eso era inaceptable». Las organizaciones firmantes de la carta como la ONG hindú Programa de Acción Social y la ONG estadounidense Centro de Derecho Ambiental Internacional dicen que: «fundamentalmente rechazan un modelo en el que, de acuerdo con su diseño, la CFI no puede garantizar que sus inversiones contribuyan a la reducción de la pobreza o que no sean dañinas». Las organizaciones pidieron a Kim que se «comprometiera a desarrollar una nueva estrategia de inversiones en el sector financiero, haciendo un replanteamiento fundamental de la naturaleza, el propósito, las modalidades y los límites de estas inversiones. En el desarrollo de una nueva estrategia para la inversión en el sector financiero, la CFI debe formular un procedimiento independiente de entrada, incluyendo la consulta participativa con las comunidades afectadas y un mayor compromiso de las partes interesadas.»

Lakshmi Premkumar de la ONG hindú Programa de Acción Social dice: el Plan de Acción «ahora establece fuera de toda duda que el modelo de intermediario financiero fue precisamente diseñado así para evadir los mecanismos de reglamentación y de rendición de cuentas. Las respuestas recientes de la CFI a las conclusiones del Defensor del Pueblo, entre ellas la auditoría de los proyectos IFs, ha demostrado claramente que la CFI no toma seriamente al Defensor del Pueblo. Viendo cómo son las cosas, Dr. Kim, usted podría simplemente cerrar la oficina de su mecanismo interno de rendición de cuentas.»

El debate sobre los IFs es cada vez mayor, en la medida en que los organismos oficiales los ven como los canales deseables a través de los cuales pueden canalizar la financiación del desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo que está en medio de una reestructuración está considerando la posible creación de una entidad como la CFI dedicada al financiamiento del sector privado, que algunos han propuesto debería centrarse en los préstamos de los mercados financieros. Por otro lado, el mecanismo de financiación para el clima que se está estableciendo en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Verde Climático (GCF – Green Climate Fund), también está considerando canalizar los fondos para el cambio climático a través del sector financiero privado. Como respuesta a esta posible alternativa, a principios de octubre de 2013, 140 organizaciones de la sociedad civil de los países en desarrollo enviaron una carta a la Junta del GCF citando la experiencia negativa de la CFI con los IFs, como la razón por la cual  «nos oponemos a la utilización de los IFs internacionales por el GCF».

Siguiendo esta tendencia, durante los últimos seis meses, la CFI ha propuesto invertir en más de nueve fondos de inversión de capital privado, además de seis bancos comerciales que se consideran de alto riesgo (en el Brasil, la India, México, El Salvador, Chile y Rumania).