La sociedad civil ha manifestado nuevas preocupaciones sobre el proyecto Simandou de extracción de mineral de hierro en el sureste de Guinea, donde la CFI (brazo del sector privado del Banco Mundial) mantiene una participación del 5% (ver Boletín 82). Este proyecto, que está destinado a convertirse en el mayor proyecto minero de la historia de África y que ya tiene años de retraso en relación con el plan inicial, según informó el Financial Times a finales de octubre de 2013: Rio Tinto está retrasando la producción en la parte meridional de las montañas Simandou hasta el 2018, en vez del 2015. El proyecto también se ha visto afectado por un supuesto escándalo de corrupción relacionado con la adquisición en 2008 de derechos de explotación en la parte norte de Simandou por Recursos BSG, la rama minera de un conglomerado familiar multimillonario israelí. A pesar de todos estos problemas, de acuerdo con la nueva Estrategia Nacional de Guinea con el Banco Mundial para los próximos cinco años, aprobada a comienzos de octubre de 2013, el proyecto Simandou «potencialmente realizará una función de transformación» en el país. Al observar los desafíos, el plan sostuvo que el Banco «tiene un papel clave que desempeñar en la superación de estos».
Antes de que se presentara un documento de información técnica sobre Simandou a los miembros de la Junta Directiva del Banco a mediados de noviembre de 2013, un informe preparado por expertos de Guinea, Estados Unidos y Alemania fue distribuido a los miembros de la Junta. El informe planteó cuestiones fundamentales sobre si este tipo de inversiones extractivas ayudará a reducir el nivel de la pobreza y beneficiará a la población pobre de Guinea, teniendo en cuenta «las condiciones prevalentes de corrupción y la mala gestión, incluyendo violaciones graves de los derechos humanos». El informe señaló que la inversión de la CFI había sido aprobada por la Junta a pesar de no haberse completado las evaluaciones de impacto ambiental y social y destacó los resultados de la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco en 2003 (ver Boletín 38), recomendando que ciertas condiciones deberían estar en pie antes de la aprobación de futuras inversiones de las industrias extractivas, condiciones que incluyen el respeto por los derechos humanos.
Por otro lado, el informe enfatiza que aunque el proyecto Simandou considera amortiguar los efectos en los hábitats de los chimpancés en peligro, «prometiendo que les buscará hábitats en otros lugares donde estarán protegidos», según los científicos expertos en la materia: «los chimpancés no pueden adaptarse fácilmente a otras áreas, y, de todas maneras, no hay una zona adecuada a la que los chimpancés se puedan pasar o ser trasladados.» El informe también se refirió a otro informe de enero de 2013, sobre las compensaciones de biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Consejo Internacional de Minería y Metales que llegó a la conclusión de que «no todo se puede compensar, por ejemplo, la extinción de las especies».
El coautor del informe, Diawadou Diallo, un científico político de Guinea, duda que el Banco Mundial haya aprendido las lecciones de su infame proyecto del oleoducto Chad-Camerún (ver Boletin 83, 69 y 49): «Se suponía que este mega proyecto también iba a producir una ‘transformación’, sin embargo, llevó a un aumento de la pobreza y al deterioro de las condiciones de gobernabilidad. La población en su conjunto está peor que antes y las comunidades afectadas se quedaron sin agua, sin tierra y sin libertad de movimiento».
Minería de problemas en Mongolia, la República Dominicana y el Perú
El informe de mediados de noviembre de 2013 a la Junta Directiva del Banco Mundial también incluyó la polémica mina Oyu Tolgoi de Mongolia financiada por la CFI (ver Boletin 84, 83 y 82). Antes de la reunión, una declaración de siete ONGs incluyendo a la ONG de Mongolia Veeduría de Oyu Tolgoi y la ONG estadounidense Sierra Club, acogió con beneplácito que al fin estaba disponible la auditoría independiente social y ambiental del proyecto de la CFI de abril de 2013. Sin embargo, las ONGs expresaron la preocupación de que tanto la auditoría como los planes para la gestión operativa no abordaron muchas de las cuestiones planteadas anteriormente en una carta de febrero de 2013 firmada por 31 grupos, junto con una petición en la Internet con más de 500 signatarios. Se pidió a la Junta Directiva que no hiciera desembolsos hasta que las cuestiones críticas hubieran sido abordadas, entre ellas las quejas al Defensor del Pueblo (el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) para «garantizar que los pastores tengan acceso al agua limpia, al aire limpio y a pastos adecuados».
El proyecto Neita para la exploración minera de la canadiense Unigold, es otro proyecto que potencialmente puede tener graves impactos sociales y ambientales y está situado cerca de la frontera de Haití con la República Dominicana. La CFI financió este proyecto en mayo de 2013 con una inversión de hasta US$11,2 millones. Además de financiar el capital social, la CFI pretende proporcionar asesoramiento y un «sello de aprobación» en materia social y medioambiental para ayudar a la compañía a elevar más capital social. Sin embargo, en el mismo mes el senador dominicano Adriano Sánchez Roa dijo al diario de la República Dominicana La Información que el permiso de exploración estaba violando el decreto de un parque nacional donde nacen varios ríos que ahora «enfrentan un posible desastre ecológico» y pidió a las autoridades que «detuvieran urgentemente esa barbaridad». Domingo Abreu de la ONG Asamblea Nacional Ambiental de la República Dominicana dijo: «Cientos de protestas demuestran que nuestro pueblo no está interesado en la destrucción de nuestra agua, nuestros suelos y bosques para la explotación mineral. Tenemos la mayor diversidad biológica en este hemisferio pero ésta es muy frágil. No debemos perderla buscando un oro que no será para nosotros sino para las grandes empresas mineras transnacionales».
Además de lo anterior, en junio de 2013 fue registrada una quinta denuncia con el Defensor del Pueblo relativa a la mina Yanacocha en el Perú financiada por la CFI (ver Boletines 82, 79 y 84) por una familia alegando falta de debida compensación relacionada con sus grandes extensiones de tierra. Después de una evaluación inicial, la denuncia fue trasladada en octubre de 2013 a un proceso de resolución de disputas voluntario facilitado por el Defensor del Pueblo. También en América del Sur – a finales de julio de 2013 se acordaron los términos de referencia para la investigación del Defensor del Pueblo respecto a Minerales Eco Oro en Colombia (ver Boletín 84). La evaluación anterior a finales de junio de 2013 concluyó diciendo que la investigación debería incluir un análisis «sobre si eran adecuados el enfoque, la definición del proyecto y su evaluación de los riesgos sociales y medioambientales» y también sobre si se estaba prestando suficiente atención a los posibles efectos de la inversión a largo plazo.
Problemas en Sudáfrica
A finales de abril de 2013 el Defensor del Pueblo recibió una denuncia de Cuna de la Vida (Cradle of Life), una organización de conservación y ecoturismo, de los agricultores locales y de los propietarios de las tierras, sobre el 14 por ciento de participación de la CFI en Tsodilo, una empresa de exploración minera trabajando en Badplaas en Sudáfrica. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, la reclamación menciona «una serie de problemas ambientales y sociales… incluyendo la pérdida de oportunidades de empleo, la pérdida de los medios de subsistencia, el potencial de la degradación y la contaminación de las tierras, la falta de capacidad para compensar a los propietarios de tierras adecuadamente, el impacto negativo sobre la condición de reserva de la zona y sobre los inversionistas potenciales.» Después de que la empresa Tsodilo declaró que en su opinión las quejas eran prematuras y de que se negó a hablar con los autores de la queja, ésta fue transferida al Defensor del Pueblo en septiembre de 2013.
A finales de agosto del mismo año, el Defensor del Pueblo cerró el caso relacionado con la violenta muerte de 40 huelguistas de la mina de platino Lonmin Marikana en Sudáfrica financiada por la CFI (ver Boletín 82). La evaluación del Defensor del Pueblo expresó preocupaciones sobre «la calidad de los estándares sociales y ambientales de la CFI relacionados con esta inversión» y sobre «otros asuntos potencialmente sistémicos» en términos de cómo las normas se aplican a «una inversión en el capital social de una empresa que cotiza en bolsa, sobre la cual la CFI tiene poderes limitados». Sin embargo, el Defensor del Pueblo concluyó que «si no hay una denuncia de los trabajadores afectados», «no se justifica una investigación» ya que la relación con «los trágicos resultados de agosto de 2012 no está suficientemente establecida».
