Un informe de auditoría del Defensor del Pueblo en enero de 2014 criticó enérgicamente a la Corporación Financiera Internacional (CFI – el brazo del sector privado del Banco Mundial), por su préstamo de US$30 millones para el polémico proyecto de aceite de palma de la Corporación Dinant en Honduras. La auditoría del Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI –  comenzó su investigación en abril de 2012 debido a las reclamaciones de que Dinant había participado en las violaciones de los derechos humanos, incluyendo el asesinato, el secuestro y la expulsión forzada de las/los agricultores de la zona del Bajo Aguán, donde se encuentran las plantaciones de aceite de palma de la corporación y donde los derechos a la tierra son muy controvertidos (ver Boletín 85). Aunque la auditoría fue finalizada en octubre de 2013, la directiva del Banco Mundial decidió no publicarla en ese momento (ver Boletín dic 2013).

El informe del Defensor del Pueblo concluye diciendo que, entre otras cosas, la revisión de las salvaguardias de la CFI sobre los aspectos ambientales y sociales «no había dado suficiente atención a los riesgos e impactos» relacionados con la actuación del personal de seguridad sobre los pueblos indígenas. El Defensor del Pueblo «no encontró evidencia de que la CFI hubiera supervisado a su cliente para que cumpliera con sus obligaciones de investigar la veracidad de las denuncias de los abusos del personal de seguridad», y tampoco encontró «pruebas de que las comunidades que viven cerca de las propiedades de Dinant hubieran sido consultadas durante la preparación de las evaluaciones sociales y del medio ambiente», lo cual es una violación de las políticas de la CFI.

En respuesta al informe del Defensor del Pueblo, la CFI rechazó algunas de las conclusiones mientras que tomó otras en cuenta sin especificar cuáles. También defendió su inversión en Dinant y el historial de la empresa en relación con los derechos humanos. La propuesta de plan de acción de la CFI incluía una investigación sobre las presuntas violaciones, investigación de los guardias de seguridad y el establecimiento de un mecanismo corporativo de quejas.

Los treinta y dos grupos de la sociedad civil hondureña que forman la Plataforma Agraria condenaron a la CFI «por no haber consultado a las comunidades agrarias de la región Bajo Aguán afectadas por las acciones de la Corporación Dinant antes de aprobar un préstamo a la empresa» y también criticaron la inversión de la CFI, la cual «había financiado  la rapiña de la tierra y desplazado a las familias y las comunidades».

En un comunicado de setenta organizaciones hondureñas y de la sociedad civil internacional, incluido el Movimiento Unificado de Los Campesinos en el Aguán (Honduras) y la ONG internacional Oxfam, las organizaciones afirmaron que la respuesta de la CFI era «totalmente inadecuada» al informe más «condenatorio» jamás emitido por el Defensor del Pueblo. El comunicado dice que la CFI «no sólo se niega a abordar los problemas sistémicos, sino que además agrava la situación al continuar tratando de encubrir sus transgresiones». El comunicado pide «una admisión de culpa, un compromiso de investigar las causas y consecuencias e introducción de las reformas necesarias, además de una disculpa y e indemnización para las comunidades afectadas». Además pide a la CFI que suspenda los desembolsos de préstamos hasta que los «autores materiales e intelectuales de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos hayan sido llevados ante la justicia. Si se verifica que la Dinant fue responsable, la CFI debe terminar su relación con la empresa inmediatamente».

La declaración también pidió al Banco Mundial que iniciara una «investigación independiente de las razones sistémicas identificadas por el Defensor del Pueblo», para hacer frente a la cultura interna de la CFI que incentiva al personal a priorizar los resultados financieros sobre los derechos humanos. Según se informa, la junta de directores del Banco Mundial examinó y rechazó el plan de acción de la CFI a mediados de enero de 2014, lo que hace necesaria una revisión para finales de enero.

La cultura interna de la CFI ignora los derechos humanos

La auditoría del Defensor del Pueblo dejó en claro que la CFI sabía acerca de las denuncias sobre la participación de Dinant en las violaciones de los derechos humanos durante y después de los hechos, lo que suscita dudas sobre la influencia de la CFI en el comportamiento de sus clientes. Este caso muestra cómo la CFI continúa con las inversiones, aun cuando haya un incumplimiento de las salvaguardias por parte de sus clientes. Además, la CFI invirtió US$66 millones en FICOHSA el banco comercial hondureño en 2011, pese a que Dinant es uno de los clientes más grandes del banco. Esto llevó al Defensor del Pueblo a iniciar una investigación de FICOHSA en diciembre de 2013, prevista para finalizar en junio de 2014.También es muy revelador ver que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), retiró un préstamo planeado de US$7 millones a Dinant aludiendo la «agitación política» a raíz del golpe de estado en 2009 y la «participación de Dinant en una controversia sobre la propiedad inmobiliaria».

El informe del Defensor del Pueblo pone de relieve la cultura organizacional de la CFI como un factor que contribuyó al incumplimiento de las salvaguardias en el caso de Dinant, debido a «los conflictos de intereses y los conflictos de incentivos para el personal y la directiva». También señaló que los resultados pueden ser juzgados especialmente en términos financieros y esto a su vez incentiva «al personal a pasar por alto, no articular, o incluso ocultar riesgos potenciales para el medio ambiente y los aspectos sociales y de conflicto.» En un artículo de diciembre de 2013, Galit Sarfaty, el académico canadiense, sostuvo que «los empleados del Banco Mundial no incorporaban sistemáticamente las preocupaciones en materia de derechos humanos en su vida cotidiana cuando tomaban decisiones» y añadió «los obstáculos internos incluyen el sistema de incentivos el cual enfatiza los objetivos de crédito en lugar de los resultados sobre el terreno».

El caso Dinant es la primera prueba del enfoque sobre el sector privado del presidente del Banco Jim Yong Kim, desde las fuertes críticas a la CFI del Defensor del Pueblo para que abordara los efectos negativos de la central eléctrica a carbón Tara Mundra en la India (ver Boletín dic 2013). A principios de diciembre de 2013 Kim emitió una declaración dirigida a la sociedad civil cuando dijo: «Nos aseguraremos de que los planes de acción desarrollados por la CFI aborden las cuestiones señaladas por los informes del Defensor del Pueblo.»