A mediados de enero de 2014, el legislativo estadounidense aprobó una ley de asignaciones que tiene repercusiones significativas para el FMI y el Banco Mundial. A pesar de la fuerte presión ejercida por el Departamento del Tesoro y los grupos de reflexión en Washington, el proyecto de ley no autorizó incluir términos para autorizar la ejecución de la reforma de gobierno del FMI acordada en 2010. Esto ha detenido la ejecución de las reformas menores (ver Boletines 86 y 82), e impedido la continuación de otra ronda de negociaciones para la reforma que debía haberse convenido a finales de enero de 2014.
Bloqueados los proyectos forestales y de construcción de represas del Banco Mundial
En un mandato de largo alcance el poder legislativo dio instrucciones a los representantes estadounidenses en las instituciones financieras internacionales (IFIs) para que se «aseguran de que cada institución respondiera a las conclusiones y recomendaciones de sus mecanismos de rendición de cuentas y diera una compensación o indemnización adecuada a las personas y a las comunidades que han sufrido violaciones de los derechos humanos». El mandato también enunció medidas específicas para las comunidades afectadas por la represa Chixoy en Guatemala (ver Boletines 86 y 84) y para los habitantes del lago Boeung Kak en Camboya (ver Boletines 81 y 75).
Sorprendentemente, el proyecto de ley también requiere que los representantes estadounidenses en las IFIs «voten en contra de cualquier tipo de financiación que apoye o promueva la expansión a escala industrial de la tala de árboles, al igual que cualquier otra actividad extractiva a escala industrial en zonas que sean primariamente selvas forestales vírgenes a partir del 30 de diciembre de 2013». También se deben oponer a «cualquier préstamo, donación o estrategia y política institucional que apoye la construcción de grandes represas hidroeléctricas», tal como lo define la Comisión Mundial de Represas.
Al tiempo que los votos estadounidenses por su cuenta no suspenden la aprobación de tales proyectos (ver Artículo 9), según David Pred de la ONG estadounidense Desarrollo Incluyente, el Banco Mundial «tendrá que pensarlo dos veces, ya que el mayor accionista de Banco acaba de crear la ley de la tierra donde Estados Unidos va a utilizar todas su influencia para garantizar que estas instituciones financieras públicas dejen de negar a las víctimas su derecho a recibir una compensación adecuada».