Como parte de sus prioridades sobre el cambio climático, el Banco Mundial ha seguido promoviendo «la agricultura climáticamente inteligente» (ver Boletine 85 y 83). A principios de diciembre de 2013, una conferencia sobre la agricultura organizada por los gobiernos de Sudáfrica y los Países Bajos, en colaboración con otros asociados incluyendo al Banco Mundial y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por su siglas en inglés), anunció los planes para establecer una Alianza para la Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA – Climate Smart Agriculture). Esta Alianza se basa en tres pilares: La sostenibilidad de la productividad agrícola; la adaptación y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático y la mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero.
La Alianza probablemente será lanzada en septiembre de 2014 durante la cumbre de los líderes de la ONU. El anuncio tuvo lugar después de otro intento fallido por parte del Banco para establecer firmemente el tema de la agricultura en la agenda de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en las negociaciones de noviembre de 2013 en Polonia. Según Rachel Kyte, la vicepresidenta del Banco y enviada especial para el cambio climático, «los delegados optaron por retrasar una vez más las conversaciones sobre la agricultura. Esta decisión… revela el malestar que los negociadores todavía sienten en torno a la ciencia y a las prioridades de lo que consideramos la «agricultura climáticamente inteligente».
La participación del Banco en las reuniones de las negociaciones CMNUCC ha suscitado preocupaciones por parte de las ONGs, debido a su promoción del «carbono del suelo» como parte de su enfoque de la agricultura climáticamente inteligente (ver Boletine 83, 80 , 79). Un comunicado de prensa del movimiento campesino internacional La Vía Campesina y las ONGs GRAIN junto con el Grupo ETC criticaron la nueva alianza planeada, antes de la cumbre del clima, argumentando que la propuesta sólo era «negocios como de costumbre, es decir: nuevas semillas genéticamente modificadas desarrolladas por las empresas de biotecnología, más fertilizantes químicos y pesticidas producidos por los gigantes de la agroquímica y más plantaciones agrícolas industriales «biointensivas». Elizabeth Mpofu de La Vía Campesina dijo: «Los derechos a nuestras fincas, tierras, semillas y recursos naturales tienen que permanecer en nuestras manos. [ …] no vamos a permitir que los mercados de carbono conviertan nuestro duro trabajo en cloacas de carbono que permitan a los contaminadores continuar sus negocios como de costumbre».
En enero de 2014, el Banco Mundial lanzó un sitio web para su iniciativa agrícola Negocios Agrícolas Comparativos (BBA en inglés, ver El Observador de Otoño 2013 y Boletin 85 y 83). La iniciativa sigue los pasos del informe Haciendo Negocios del Banco y es poco probable que sea diferente de la tan criticada clasificación anterior (ver El Observador de Otoño 2013 y el Boletín 86). El sitio web confirma que «se tendrán en cuenta las clasificaciones», ya que «el benchmarking produce las comparaciones y contrastes que estimulan los cambios en la política».
Trabajo forzado en los campos algodoneros de Uzbekistán
El apoyo del Banco Mundial a la agricultura en Uzbekistán fue criticado en una denuncia al Panel de Inspección (mecanismo de rendición de cuentas del Banco) en septiembre de 2013, por tres ONGs incluyendo a la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán Ezgulik, a nombre de «los agricultores, niños, estudiantes universitarios, trabajadores del sector público y del sector privado y los padres que se han visto obligados a proporcionar mano de obra para la agricultura controlada por el estado». La denuncia se refiere al préstamo de US$68 millones que el Banco Mundial hizo en 2008 para el Segundo Proyecto de Apoyo de Empresas Rurales (RESP-II según sigla en inglés, ver Boletín 74), y a un acuerdo de US$40 millones como financiación adicional en 2012, con el objeto de «aumentar la productividad y sostenibilidad financiera y ambiental de la agricultura y la rentabilidad de las empresas agroindustriales en el área del proyecto».
Según la denuncia: «Los daños sufridos fueron causados por la inversión del proyecto en el sector de la agricultura apoyada por el plan estatal de trabajo forzado, sin las medidas adecuadas para evitar que los fondos del Banco Mundial contribuyeran a esa operación», con especial referencia a la producción de algodón. Por otra parte, la denuncia sostiene que no hubo «un verdadero intento por parte del Banco para hacer frente al riesgo real del trabajo infantil».
El Banco Mundial en su respuesta de noviembre de 2013 rechazó las acusaciones: «El daño descrito por los denunciantes no fue causado o agravado por el proyecto, y como tal, es ajeno a cualquier incumplimiento por parte del Banco para aplicar sus políticas y procedimientos», pero confirmó que «continuará alentando al gobierno para que cumpla con las leyes laborales nacionales». La investigación concluyó diciendo en diciembre de 2013, que: «el proyecto está posiblemente vinculado a los daños alegados en la denuncia», pero a la luz de «importantes tendencias positivas… con respecto a la cuestión fundamental del trabajo infantil», el Panel «presentará un informe a la Junta dentro de los doce meses después de que una investigación completa sea garantizada». A pesar de lo anterior, los US$40 millones de financiación adicional para el RESP-II fueron aprobados oficialmente a principios de febrero de 2014, aunque aún no han sido desembolsados.
