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El mapa del tesoro minero del Banco Mundial

12 March 2014 | Traducción:Maria Eugenia Arzayús

Photo credit: Scott Austin (flickr: MontyAustin)

En la conferencia global de minería a principios de febrero de 2014 en Sudáfrica, un funcionario del Grupo del Banco Mundial anunció que el Banco iba a lanzar el llamado “mapa del billón de dólares” para ubicar los recursos minerales de África. El proyecto, que busca consolidar los datos geológicos y minerales con cobertura para toda el África, usando la investigación satelital y aérea, “mostrará el verdadero valor de la riqueza mineral africana”, según Tom Butler, especialista en minería de la CFI (Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado del Banco). Los medios de comunicación informaron que el Banco ya había dedicado US$200 millones y planeaba iniciar formalmente un fondo de US$1 mil millones en julio de 2014, para financiar un proyecto de cinco años. Paolo de Sa, el jefe de la unidad minera y de gas del Banco, indicó que si el proyecto marchaba bien el Banco pensaría duplicarlo en Sur América.

La idea de este proyecto de mapeo apareció por primera vez en 2012, cuando Marcelo Giugale, un funcionario del Banco, lo mencionó con el objeto de incluir no sólo los minerales sino también los hidrocarburos y las reservas de gas. Este mapeo ha causado gran preocupación, ya que facilitará la extracción de más combustibles fósiles, a pesar de la persistente retórica del Banco sobre la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático (ver Boletín 86 y 83). A finales de noviembre de 2013 la CFI invirtió US$60 millones en Delonex Energy con sede en el Reino Unido, con el objeto de financiar la exploración de petróleo y gas de la compañía en África Oriental y Central. Por otro lado, a finales de enero de 2014, la CFI finalizó un acuerdo de préstamo de US$65 millones a la compañía estadounidense VAALCO Energy para una mayor prospección y explotación de petróleo en el mar de Gabón. Esta es la tercera inversión de la CFI a VAALCO para la extracción petrolera en esta área.

Sin embargo, en una conferencia de prensa en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a finales de enero de 2014, el presidente del Banco Jim Yong Kim sostuvo que para hacer frente al cambio climático los “llamados ‘inversores a largo plazo´ deben reconocer su responsabilidad fiduciaria… cada empresa, inversor y banco está simplemente siendo pragmático al inspeccionar las inversiones nuevas y las existentes en lo relacionado con los riesgos climáticos”.

Efectos de la explotación minera en América Latina

El Grupo del Banco Mundial continúa creando polémica con sus inversiones en la industria extractiva en América Latina y el Caribe. En 2013 la polémica estalló en el Perú y la República Dominicana en los proyectos de explotación minera financiados por el Banco (ver Boletín de Dic 2013). El Banco Mundial y especialmente la Corporación Financiera Internacional son vistos como los principales promotores de proyectos inciertos, ya que tranquilizan a otros inversionistas dando la impresión de que estos proyectos no son tan riesgosos.

A principios de enero de 2014, el asesinato de dos líderes indígenas en la región occidental de Colombia, según la ONG Amnistía Internacional, ocurrió cuando la comunidad indígena se opuso a los “paramilitares que deseaban desarrollar cultivos de droga en sus tierras y a la llegada de potentes compañías interesadas en la explotación del carbón y la minería de oro y cobre en la zona”. A mediados de diciembre de 2013, la CFI aprobó una inversión de capital de más de US$5 millones en Minas de Colombia, una compañía minera canadiense, para la exploración de oro cerca de la población de El Dovio, donde dos líderes de la comunidad indígena Emberá-Chamí fueron asesinados a puñaladas. Las organizaciones comunitarias denunciaron los asesinatos

A finales de febrero de 2014 se espera que la CFI apruebe un préstamo de US$50 millones para la empresa minera canadiense, Guyana Goldfields, como parte de un proyecto de US$200 millones de un paquete de deuda de US$300 millones, para abrir una mina de oro a tajo abierto en medio de un bosque remoto en el noroeste de Guyana. La CFI ya invirtió más de US$26 millones en la participación de capital en Guyana Goldfields en 2006 y 2009. Este proyecto puede ser una de las primeras pruebas de la nueva disposición legal que exige de los representantes estadounidenses en la Junta del Banco Mundial una posición de oposición  a los proyectos en bosques tropicales vírgenes (ver El Observador de Invierno 2014), aunque el voto estadounidenses en contra el proyecto no pararía necesariamente el progreso del proyecto.

En agosto de 2013, el Grupo del Banco Mundial fue acusado de conflicto de intereses en Haití, ya que no sólo invertía en empresas privadas del sector minero sino que también estaba ayudando al gobierno de Haití a redactar su código de minería. Una coalición de movimientos sociales y de ONGs llamada Kolektif Jistis Min nan Ayiti (Colectivo de Minería Justa de Haití) está organizando a las comunidades para que protejan tanto sus derechos como el medio ambiente. Por otro lado la expansión de la planta de gas Camisea en el Perú sigue generando críticas (ver El Observador de Otoño 2013). El transporte del gas desde los campos de explotación será a través del controvertido gasoducto Perú LNG financiado por la CFI  (ver Boletín 60). Cuando fue aprobado en 2007, éste exigió un plan de desarrollo de los pueblos indígenas que incluyó consultas con los grupos de las personas afectadas por “la contaminación de las instalaciones arriba del río”, incluyendo el área donde estaba prevista la expansión. A mediados de enero de 2014, un informe de la ONG británica el Programa para los Pueblos de los Bosques sobre los planes de expansión de los campos de explotación del gas, afirma que la expansión “arriesga aumentar el impacto negativo para los grupos aislados” en el Kugapakori-Nahua -Nanti y en la Reserva Others, el área de los campos de Camisea donde se propone la expansión. El informe también encontró que la expansión “amenaza violar sus derechos fundamentales a la vida y a un medio ambiente sano, a la integridad territorial y cultural y a la libre determinación… Este proyecto amenaza la propia existencia y supervivencia de los pueblos indígenas”.