En diciembre de 2013 el FMI publicó una evaluación posterior (EPA – ex post assessment) a su evaluación de 2006-2011 sobre su programa de préstamos en Granada. El FMI examinó su préstamo de US$28 millones (ver El Observador de Invierno 2014) y llegó a la conclusión de que Granada no había cumplido las medidas de reforma estructural. El informe elaborado por el personal del Fondo, reconoce que el programa “había sido demasiado optimista» pues no había tenido en cuenta las limitaciones políticas e institucionales de Granada y, que además, «el sentido de propiedad del programa también estaba en duda». La EPA identificó las lecciones que deben informar a los diseños de programa en el futuro, como el hecho que de que las proyecciones del FMI habían fracasado repetidamente al no ver la realidad de Granada asumiendo resultados positivos en un país en crisis. A comienzos de febrero de 2014, la propuesta gubernamental para un congelamiento de los salarios a tres años (lo que se interpreta como una condición previa del FMI para un nuevo préstamo), fue rechazada por Madonna Harford, jefe del Congreso de Sindicatos de Granada, ya que «dejaría a los trabajadores del sector público en una situación de desventaja a largo plazo».