El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco) han continuado promoviendo los proyectos de energía hidroeléctrica (ver Boletín Dici de 2013, El Observador de Otoño 2013 y el Boletín 86). Después de que la ley de asignaciones de Estados Unidos en enero de 2014 dio nuevas esperanzas sobre las tan esperadas compensaciones para las comunidades afectadas por las atrocidades de la represa Chixoy en Guatemala (ver El Observador de Invierno 2014, y Boletine 86 y 84), la atención ahora está enfocada en la participación de la CFI en otra controvertida represa, a través de un intermediario financiero vinculado a la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas (ver Boletín Dic de 2013 y Boletine 86 y 84). En una declaración abierta de febrero de 2014, la ONG guatemalteca Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) se refirió a un conflicto de cinco años relacionado con dos proyectos hidroeléctricos en el río Cambalam que están siendo construidos por la Hidroeléctrica Santa Cruz, filial de la compañía española Energía Hidralia. También reporta que » Reinan el miedo y el terror. Se han dado asesinatos, encarcelamientos, persecuciones, intimidación y cooptación de los dirigentes de la comunidad».

La declaración afirmó: «La triste y terrible historia de Chixoy está relacionada con la actual persecución… facilitada indirectamente por las instituciones financieras internacionales», el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2008 la CFI prestó US$20 millones e invirtió US$9,9 millones en el capital accionario de la  Corporación Interamericana para la Financiación de la Infraestructura (CIFI), «una institución financiera no bancaria que presta fondos pequeños y medianos para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe». La CIFI a su vez invirtió en la Hidroeléctrica Santa Cruz y en el proyecto Cambalam en 2010, con «un préstamo a largo plazo de hasta US$8,2 millones de dólares y una suma adicional de hasta US$2,5 millones». La declaración de la ONG incluyó un llamado para que: «Los gobiernos de Europa, Canadá y América Latina investiguen y hagan una declaración pública contra el mal uso que se le da a los fondos proporcionados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo».

A principios de febrero de 2014, las ONGs opuestas a los eventos relacionados con la energía hidroeléctrica Inga en la República Democrática del Congo (RDC) celebraron que la propuesta del Banco, criticada debido a la asistencia técnica al proyecto Inga 3 (ver El Observador de Otoño 2013 y Boletin 86 y 81) hubiera sido retirada por la Junta de directores del Banco, tan sólo unos días antes de que la aprobación se llevara a cabo. Sin embargo, la victoria fue de corta duración ya que informaciones no confirmadas afirman que en su lugar la CFI tiene un acuerdo con una empresa china anónima como inversor privado. Según Peter Bosshard, director de la ONG Ríos Internacionales con sede en Estados Unidos: «el acuerdo fue organizado por los jefes del Banco Mundial, de la CFI y USAID, entre bastidores, sin ninguna participación del parlamento de la República Democrática del Congo, de la Junta de directores del Banco Mundial o de la sociedad civil. La entrega del proyecto a un inversor privado significa que es aún menos probable que las personas pobres del país se van a beneficiar de este proyecto.» Antes de la esperada aprobación de la Junta del Banco, doce ONGs de la RDC incluyendo Le Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire, escribió a los miembros de la Junta cuestionando el enfoque del proyecto sobre «suministro de energía eléctrica para la exportación y para promover el desarrollo industrial y el desarrollo de la minería» y pidió que las necesidades de energía de la población de la República Democrática del Congo fueran consideradas prioritarias: «Lamentablemente, nosotros, los congoleños seguimos preguntando: ¿para quién es esa energía? «.

Sediento de energía

A pesar de la continua promoción del Banco de la energía hidroeléctrica, su propia investigación ha suscitado inquietudes con respecto a su viabilidad. En diciembre de 2013 el Banco completó un acuerdo de US$450 millones para el «clima y el seguro de los precios del petróleo» para la empresa estatal hidroeléctrica uruguaya. La transacción aseguró a la empresa durante los próximos 18 meses «contra la sequía y los altos precios del petróleo, que han tenido un impacto financiero negativo sobre la empresa en el pasado.» Según el comunicado de prensa del Banco, el «tamaño del contrato es grande debido a que el riesgo financiero es significativo», señalando que en 2012 «los costos de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica alcanzaron la cifra récord de US$1,4 mil millones, lo que supera con mucho el de las proyecciones originales de US$953 millones» debido a la escasez de agua.

En enero de 2014, el Banco lanzó una nueva iniciativa «sedienta de energía», para «ayudar a los países en desarrollo a mejorar la planificación y gestión de la ampliación de capacidad de energía para satisfacer la creciente demanda, a la par con la gestión de los recursos hídricos». Rachel Kyte, vicepresidenta del Banco Mundial y enviada especial para el cambio climático, dijo: «Con la demanda creciente de ambos recursos y el aumento de los problemas del cambio climático, la escasez de agua puede amenazar la viabilidad a largo plazo de los proyectos de producción de energía y obstaculizar el desarrollo.»

La iniciativa obedece a un informe del Banco Mundial de junio de 2013, donde se expusieron varios problemas relacionados con la energía hidroeléctrica, entre ellos que las centrales hidroeléctricas pueden alterar «la distribución y circulación del agua. Esta agua represada afecta su calidad y la vida acuática». Además: «El cambio climático y la creciente variabilidad del agua también afectará la energía hidroeléctrica en la medida en que cambia el volumen del agua debido a la evolución de las precipitaciones. Los glaciares que alimentan las centrales hidroeléctricas pueden desaparecer, poniendo en peligro la capacidad de las naciones para generar energía», tomando en cuenta que «el retroceso de los glaciares ya ha afectado la producción de las centrales hidroeléctricas en áreas de Bolivia y Perú».

El informe también hizo referencia a un estudio de 2010 de la ONG estadounidense, Instituto de Recursos Mundiales, la cual evaluó «las plantas de energía actuales y previstas en la India y el sudeste de Asia», llegando a la conclusión de que «más de la mitad están ubicadas en zonas que probablemente van a sufrir de escasez de agua en el futuro». El informe concluye diciendo que «el viento (que prácticamente no requiere agua) y  los fotovoltaicos (que requiere una pequeña cantidad de agua para lavar los paneles) tienen efectos insignificantes sobre el agua y los nexos energéticos.»