La financiación del Banco Mundial para un proyecto forestal en el oriente de Kenia, que expulsó violentamente a más de mil familias Sengwer de sus hogares del bosque de Embobut (ver Observador de Invierno 2014), sigue atrayendo la atención mundial. Para finales de marzo de 2014, unas 950.000 personas habían firmado una petición en línea de Avaaz dirigida al Banco, pidiéndole que «detuviera urgentemente los violentos desalojos del pueblo Sengwer del bosque de Embobut.»
En el punto de mira de la condena internacional, el Banco emitió una declaración a mediados de febrero de 2014, diciendo que estaba «alarmado por los informes de los últimos desalojos forzados», añadiendo que: «El Banco Mundial no estaba implicado en los desalojos forzados y que el Banco tampoco había financiado o apoyado esas medidas. Sin embargo, no somos espectadores». Se esperaba que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección, produjera un informe sobre el caso a comienzos de 2014, pero a finales de marzo éste aún no había sido publicado.
En una carta a mediados de marzo al gobierno de Kenia y a las Naciones Unidas, más de 360 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales e individuos, liderados por la Red No a REDD en África, afirmaron que la oferta del Banco de asesoramiento al gobierno de Kenia, demostraba que estaba «admitiendo su complicidad en el reasentamiento forzoso de los Sengwer, así como ofreciendo aliarse con el gobierno de Kenia para encubrir este genocidio cultural».
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Por otro lado en Nigeria, el Banco ha hecho lentos progresos en su compromiso de garantizar una adecuada consulta, indemnización y apoyo para el reasentamiento de las comunidades en Badia Oriente, uno de los nueve reasentamientos en Lagos destinados a beneficiarse del proyecto financiado por el Banco, un proyecto conjunto entre el Desarrollo Metropolitano y el Proyecto de Gobierno de Lagos (LMDGP, sigla en inglés) – (ver El Observador de Invierno 2014, y el Boletín de Diciembre 2013). El caso está siendo gestionado por el Panel de Inspección bajo un nuevo programa piloto. La ONG Amnistía Internacional acusó al Banco en febrero de 2014 de que se estaba «moviendo como una tortuga» con el paquete de indemnizaciones. La nota provisional del Panel en marzo informó que, aunque se había llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones, todavía no se habían solucionado «algunas cuestiones prácticas sobre la ejecución.»
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Hay más esperanzas para la comunidad del lago Boeung Kak en Phnom Penh, Camboya, que ha estado luchando contra los desalojos conectados a un proyecto de gestión de la tierra que produjo el desplazamiento de más de 4.000 familias desde 2007 (ver Boletín 81, 75). A finales de enero de 2014, una nueva legislación estadounidense (ver El Observador de Invierno 2014), animó a la comunidad a desafiar la prohibición de reuniones públicas para entregar una carta de agradecimiento a través de la embajada de Estados Unidos en Phnom Penh. Ee Sarom de la ONG, Sahmakum Teang Tnaut dijo: «Esperamos… que ahora el Banco hará lo que prometió hacer hace cuatro años». Sin embargo, a principios de marzo de 2014, sólo 17 de las familias excluidas habían recibido los títulos de propiedad de la tierra.
