En febrero y marzo de 2014, el FMI publicó dos documentos sobre la desigualdad con un enfoque en los efectos sobre el crecimiento y las consecuencias para el gasto público. Los documentos generaron un debate internacional y promovieron la idea de que el FMI estaba cambiando su enfoque histórico sobre la macroeconomía y rechazando los recortes en el gasto público, posturas con las que se ha visto asociado por mucho tiempo. Sin embargo, el Fondo no ha examinado el papel que sus propias políticas tiene en la creación de las desigualdades y tampoco ha tratado de explorar cambios en las condiciones que actualmente está imponiendo a los países prestatarios.
En un discurso de febrero de 2014, ampliamente difundido, la directora gerente del FMI Christine Lagarde, afirmó que «el aumento de la desigualdad y la exclusión económica pueden tener efectos perniciosos», agregando que la política ya no puede «considerar solamente el crecimiento económico», sino que además debe preguntar si este crecimiento es inclusivo». Sin embargo, el regocijo de los medios de comunicación y las declaraciones de las ONGs celebrando estas declaraciones, no tienen en cuenta la letra pequeña de los informes del FMI, según la cual poco cambiará en las políticas del Fondo.
Grandes titulares pero poca influencia
Un documento de trabajo de funcionarios del FMI en febrero de 2014, afirma que las economías avanzadas redujeron la desigualdad por aproximadamente un tercio entre 1960 y 2010, combinando las transferencias sociales con los impuestos redistributivos. El estudio encontró que la disminución de la desigualdad neta «presenta una fuerte correlación con un crecimiento más rápido y más duradero» y que la redistribución de los ingresos parece ser «benigna en general» en términos de su impacto sobre el crecimiento. Los autores destacan constantemente que sólo en «casos extremos» la redistribución «puede tener efectos negativos sobre el crecimiento». En el pasado el FMI ha estado en contra de la redistribución debido a la creencia de que obstaculizaba el crecimiento.
El documento de trabajo recomendó cuatro consideraciones o medidas para que la redistribución sea eficiente y eficaz. Estas son: asegurarse de que la redistribución es coherente con los objetivos de la estabilidad macroeconómica; que los impuestos y las políticas de gasto sean evaluados conjuntamente; que el diseño de políticas equilibre la redistribución con la eficiencia y; que todas las políticas tengan en cuenta la capacidad administrativa. El documento llegó a la conclusión de que «los efectos de la redistribución… por lo general favorecen el crecimiento» y, advirtió «debemos tener cuidado de no asumir que hay una gran diferencia entre el crecimiento y la redistribución. Los mejores datos macroeconómicos disponibles no apoyan esta conclusión.» Los autores son «conscientes de no sobre interpretar estos resultados, en particular para los fines de la política monetaria».
Aldo Caliari de la ONG estadounidense Center of Concern señaló en un blog en febrero de 2014, que el documento de trabajo del FMI era poco más que un caso «instrumental» para reducir la desigualdad de los ingresos, ya que justifica la redistribución sólo en términos de lo que es beneficioso para el crecimiento y el desarrollo. La ONG Oxfam Internacional concluye diciendo en un estudio publicado en enero de 2014, que la desigualdad también produce riesgos sociales y políticos, argumentando que «las instituciones se van deteriorando y los gobiernos en su gran mayoría sirven a los intereses de las élites económicas en detrimento de los ciudadanos comunes» y, que semejante desigualdad «erosiona el contrato social entre los ciudadanos y el estado» (ver Boletín Feb 2014).
Abundan las advertencias a pesar de que hay más pruebas
El FMI no ha mostrado ningún indicio de que este nuevo documento de trabajo vaya a cambiar sus políticas. El primer subdirector gerente suplente del FMI, David Lipton, comentó en un artículo de Investigación del FMI en marzo de 2014, que el «diseño de la política» era importante en la redistribución, de lo contrario la política podría «distorsionarse» e ir «demasiado lejos».
Algunos funcionarios del Banco Mundial consideraron que las advertencias del documento de trabajo no eran pertinentes. En marzo de 2014, un comentario de blog de Jean-Pierre Chauffour, economista principal del Banco para Marruecos y el ex funcionario del FMI, se pregunta si el documento de trabajo del FMI en su enfoque sobre el problema de la desigualdad producirá una «economía inteligente». Él sugiere que se deben evitar las políticas que abordan directamente el problema de la desigualdad, a pesar de que el documento de trabajo presentó pruebas de lo contrario. Chauffour desestimó este argumento alegando que, en su opinión, «el crecimiento económico acelerado, no la redistribución» sigue siendo la mejor manera de «eliminar la extrema pobreza».
«Se da la bienvenida a la redistribución en el discurso del FMI», comentó Isabel Ortiz, de la Organización Internacional del Trabajo, «sin embargo, esto se debe reflejar en un asesoramiento correspondiente en materia de políticas. En la actualidad hay una desconexión entre la investigación progresiva del FMI en la casa matriz y las operaciones y la vigilancia en los países. El asesoramiento en materia de políticas del FMI en los países no debería continuar siendo «negocios como de costumbre.»
Parece dudoso que el asesoramiento en materia de políticas del FMI vaya a cambiar como resultado de este documento de trabajo. El autor principal, Jonathan Ostry, señaló en una conferencia de prensa al lanzar el informe: «quiero señalar que hay una línea entre este documento analítico y el asesoramiento del FMI en materia de políticas y diseño de programas… no hay una implicación directa para el asesoramiento del FMI en materia de políticas o diseño de programas.»
¿Cambio de política?
El documento de trabajo de febrero de 2014 fue seguido por un documento de política en marzo, sobre el papel de los instrumentos fiscales para reducir la desigualdad. El documento se centró en cómo focalizar mejor el gasto social y consideró alternativas a los grandes recortes en las transferencias de bienestar social, los cuales han sido los principales mecanismos para la gestión de la política fiscal y que el FMI ha defendido en los programas de préstamos, tanto actualmente como en el pasado. Lo que la mayoría de los comentaristas no mencionó, fue que el documento y sus resultados no fueron aprobados por la Junta Directiva del FMI. Un descargo de responsabilidad al comienzo del documento declara que «los directores ejecutivos se reunieron en una sesión informal y que no se tomaron decisiones». Esta desaprobación inusual de un documento de política, sugiere que los gobiernos principales no aprobaron la publicación. Siendo este el caso, es aún más cuestionable el supuesto cambio de pensamiento del FMI que favorece las políticas redistributivas.
La combinación de políticas relacionadas con este documento semi oficial de política, rara vez se desvía de las posturas del FMI de larga trayectoria, tal como ser el defensor de prueba de recursos, y hace caso omiso de los retos políticos de los gobiernos para garantizar que las políticas de redistribución sean democráticamente aceptadas. Peter Bakvis, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales sostuvo en marzo de 2014, que el documento «es muy prudente en sus propuestas de política» y que había ignorado «las causas subyacentes de la desigualdad», entre ellas el debilitamiento de las instituciones del mercado laboral y la desregulación financiera.
En febrero de 2014, la Red de ONGs Árabes para el Desarrollo concluyó que en lugar de tratar de reducir la desigualdad, el FMI ha defendido un modelo económico basado en el proceso de consolidación fiscal y de la privatización en países tan diversos como Jordania, Túnez, Marruecos, Egipto y Yemen. Al examinar las recomendaciones del FMI desde 2007, la Red encontró que el FMI «había intensificado su petición a favor de la reducción de los alimentos y, en particular, de los subsidios a los combustibles» en la región, a pesar de las encuestas que indicaban cómo las poblaciones mostraban una «oposición abrumadora a la reducción de los subsidios a los alimentos» y que las «grandes mayorías estaban a favor de… la redistribución de fondos a las personas pobres y a los servicios públicos, es decir, a la educación y a los servicios de salud».
Jihen Chandoul, de la ONG tunecina L’Observatoire de l’économie, confirmó que «el acuerdo stand-by del FMI con Túnez estaba supeditado al cumplimiento de un duro paquete de políticas regresivas como la eliminación o reducción de los subsidios, el tope a los salarios, a las pensiones y la reforma de los servicios de salud «.
