La red de máxima capacidad de transmisión de energía eléctrica en Nepal, una línea de 220 kV con una extensión de 75 kilómetros entre las subestaciones de Khimti y Dhalkebar, ha tenido muchos problemas desde que el proyecto se inició en 2002. Como uno de los socios del Proyecto de Desarrollo de la Energía en Nepal (financiado por el Banco Mundial), la Autoridad de Electricidad de Nepal (NEA en inglés) está a cargo de la construcción de la línea de alimentación, aparentemente bajo la supervisión del Banco. El  papel del Banco no era muy evidente hasta que las comunidades afectadas empezaron a expresar su preocupación acerca de los errores en la planificación y ejecución del proyecto y a quejarse sobre los daños resultantes.

Los residentes afectados del distrito de Sindhuli expresaron su indignación por la falta de consulta y de información del proyecto sobre las repercusiones de la línea de alta tensión, por el desprecio de los derechos de las comunidades indígenas afectadas y, por la indemnización inadecuada al derecho de vía en los terrenos adquiridos para la línea de alimentación, que se extienden 15 metros a cada lado de los cables. Las comunidades primero presentaron una petición a la Corte Suprema de Nepal en febrero de 2013 y, a continuación en julio de 2013, al Panel de Inspección (PI), el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial (ver El Observador de Invierno 2014). Los habitantes de la región están preocupados porque su medio de vida agrícola será afectado y restringido. Por lo tanto, las comunidades pidieron que la NEA y el Banco consideraran alternativas que permitieran desviar la línea de alta tensión lejos de las zonas pobladas, especialmente de los hogares, escuelas y carreteras transitadas, tal como fue recomendado por las propias directrices ambientales, de salud y por las pautas de seguridad del mismo Banco Mundial.

Sin embargo, hasta el momento el Banco no ha respondido a sus pedidos en forma eficaz. Prácticamente, desde febrero de 2014 no ha habido una comunicación directa de la NEA o del Banco a las comunidades afectadas, a pesar de que éstas exigieron claramente una información transparente y una consulta participativa. Los funcionarios del Banco y de la NEA reiteradamente han descartado las preocupaciones acerca de la salud y las consecuencias económicas a largo plazo de la línea de alta tensión, desviando la conversación a la compensación monetaria e ignorando las peticiones de las comunidades para encontrar soluciones mutuamente aceptables. Los funcionarios del Banco han limitado la consideración de «personas afectadas» a aquellas que poseen tierras en la franja de 15 metros del derecho de vía, tratando de excluir la participación de las otras personas que viven en la región, excluyendo a las familias con hijos e hijas que asisten a la escuela cerca de la línea de alta tensión. La NEA también ha intentado excluir la participación del comité de la comunidad afectada, el cual representa a las personas que están luchando contra el proyecto, argumentando que no están autorizadas para participar en la comunicación oficial.

En octubre de 2013, el Panel de Inspección recomendó una investigación completa del proyecto. Sin embargo, antes le dio al Banco seis meses para implementar un plan de acción que la administración del Banco y la NEA habían desarrollado para solucionar los problemas, incluyendo la divulgación de la información, la consulta, una actualización del reasentamiento y de los planes de acción para la compensación de las personas vulnerables – o sea, todos los elementos que se debieron haber tenido en cuenta desde el principio. El préstamo con el que la línea de alta tensión había estado financiada finalizó en diciembre de 2013, al igual que la supervisión oficial del Banco. La gerencia del Banco ofreció ampliar su función de supervisión durante la ejecución del plan de acción y, también indicó que si esta propuesta era rechazada, el Banco se retiraría del proyecto y el gobierno de Nepal se vería forzado a adquirir la tierra para completar la construcción de la línea de alta tensión. Las personas afectadas no tuvieron más remedio que aceptar lo anterior y, a pesar de que pidieron una investigación simultánea al Panel de Inspección, éste retrasó el inicio hasta después de abril de 2014.

Al mismo tiempo, la aplicación del plan de acción ha sido lamentablemente demorada y la población afectada ni siquiera sabe de su existencia. Las comunidades afectadas han estado protestando por el proyecto y, no han permitido que el personal de NEA entre en la región para comenzar el trabajo, exigiendo que primero se difunda la información y se lleven a cabo las consultas. La situación llegó al estado de crisis a finales de enero de 2014, cuando sin previo aviso, un equipo de la NEA llegó acompañado por las fuerzas de seguridad fuertemente armadas para entrar en una comunidad afectada. Este fue el mismo lugar en donde las fuerzas de seguridad habían golpeado brutalmente a unas mujeres manifestantes en 2012, cuando ellas trataron de evitar que un equipo de NEA realizara trabajos de investigación, dejando a  dos mujeres heridas gravemente por lo que tuvieron que ser hospitalizadas. A pesar de las intimidaciones y las amenazas de muerte de parte de los funcionarios locales y distritales, las comunidades afectadas siguen sus protestas, y más recientemente lo hicieron instalándose por varios días en un sitio central cuando las fuerzas de seguridad llegaron a las comunidades. Pese a todo lo anterior, los funcionarios del Banco todavía no han manifestado su compromiso a las comunidades de que las fuerzas de seguridad no van a ser utilizadas durante la ejecución del proyecto.

Las comunidades afectadas han sufrido la violencia y la intimidación y han tenido que esperar demasiado tiempo para recibir una información clara y consultas adecuadas sobre el proyecto. Es necesaria una investigación inmediata del Panel de Inspección y que la dirección del Banco tome medidas que prevengan daños y perjuicios adicionales, relacionados con esta línea de alta tensión y con otros proyectos similares en el futuro.

Por Shankar Limbu, Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal, y Komala Ramachandra, Accountability Counsel, USA