La Corporación Financiera Internacional (CFI), la unidad del sector privado del Banco Mundial, está de nuevo en el punto de mira sobre las inversiones en el sector financiero, pues está siendo acusada de que estas inversiones no son transparentes y que además perjudican a las comunidades locales (ver Boletín 84, 81, 79). En un ejemplo reciente, la CFI fue acusada de no cumplir con su trabajo de vigilancia de un intermediario financiero, el cual fue acusado por activistas de financiar una «enorme rapiña de tierras» para crear plantaciones de azúcar en Camboya.

El centro de la denuncia es la inversión de la CFI al ANZ Royal Bank (ANZRB), un banco privado camboyano y sus préstamos para 23.000 hectáreas de plantaciones de caña de azúcar en la provincia de Kampong Speu. En diciembre de 2010, la CFI aprobó un crédito de garantía de riesgo de US$15 millones, subsidiado en parte, para «ayudar al ANZRB para que ampliara su cartera de préstamos al sector de la agricultura en Camboya con reducción de riesgos». El acuerdo incluye la disposición de que «ANZRB debe designar a personas responsables para controlar los aspectos ambientales y sociales de su cartera y tendrá que presentar anualmente un informe de resultados ambientales a la CFI».

A finales de enero de 2014, fue evidente que ANZRB, una entidad controlada por el banco australiano ANZ, había invertido en una plantación de azúcar gestionada conjuntamente con la Compañía Azucarera Phnom Penh y con la Compañía Azucarera Kampong Speu. Según un informe de septiembre de 2013 por la ONG Camboya Equitativa y la ONG estadounidense, Desarrollo Internacional Inclusivo, la plantación «abarca más de 2.000 hectáreas de tierras pertenecientes a unas 1.100 familias». El informe también alega que en la plantación ocurrieron otras violaciones, incluyendo el uso generalizado de la mano de obra infantil.

Dada la falta de supervisión de ANZRB sobre sus clientes, lo que se discute es si la CFI supervisó debidamente e hizo las debidas preguntas a ANZRB. Eang Vuthy de Camboya  Equitativa, dijo: «La evaluación socio-económica y del medio ambiente de 2010 de la que ANZ supuestamente dependía, es una farsa.» Natalie Bugalski de Desarrollo Incluyente comentó: «Esto pone en duda el rigor con el cual la CFI investigó las salvaguardias sociales y ambientales de la ANZ antes de aceptar dicho banco como un cliente financiero intermediario”.

La CFI enfrenta aún más acusaciones formales

Otras tres inversiones de la CFI en el sector financiero están causando polémica. A principios de febrero de 2014, el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del Pueblo (CAO, según su sigla en inglés), recibió una denuncia relacionada con las compañías de caucho vietnamitas financiadas por un fondo de capital privado de la CFI (vea Boletín 86). La denuncia detalla cómo las gentes de los pueblos Jarai, Tampoun, Kachok y Kroeung en la provincia de Ratnakiri en Camboya, perdieron su tierra y sufrieron impactos devastadores en sus medios de vida, sus prácticas culturales y su forma de vida.

En febrero de 2014, la ONG guatemalteca Asamblea Departamental de Huehuetenango declaró que la construcción de las represas que están siendo financiadas por otro cliente de capital privado de la CFI, ha producido «persecución, intimidación y cooptación de los dirigentes de la comunidad. Reinan el miedo y el terror debido a los asesinatos y encarcelamientos» (ver Boletín de Feb 2014).

Por otro lado se pone en duda el plan de acción de la CFI en enero de 2014, para abordar las conclusiones del Defensor del Pueblo en el sentido de que la institución violó sus políticas con el préstamo a una compañía hondureña productora de aceite de palma (ver El Observador de Invierno 2014). El plan de acción pidió «la colaboración con las autoridades apropiadas para investigar todas las denuncias verosímiles de actos ilícitos o abusivos». Sin embargo, un informe de la ONG Veeduría de los Derechos Humanos (Rights Watch), descubrió que «las investigaciones de estos casos habían sido insuficientes o inexistentes». Se anticipa la publicación de la investigación del Defensor del Pueblo en junio de 2014, sobre la financiación de la CFI al banco comercial FICOHSA, que también financió a la empresa involucrada en estos eventos.

Erróneo plan de acción sobre intermediarios financieros

A mediados de marzo de 2014, 26 ONGs entre ellas Fundación Jubileo Bolivia y Oxfam Internacional escribieron a Jin-Yong Cai, jefe de la Corporación Financiera Internacional, sobre un plan de acción desarrollado en septiembre de 2013 como respuesta a la auditoría del Defensor del Pueblo en febrero de 2013, sobre la cartera de créditos de los intermediarios financieros de la CFI. Las ONGs le pidieron a Cai que «reconsiderara a fondo la naturaleza, la finalidad, las modalidades y los límites de la inversión de la CFI en el sector financiero”. La carta también pidió que se llevara a cabo una mejor clasificación de riesgo de los proyectos con intermediarios financieros, que hubiera acuerdos contractuales más fuertes con ellos, una mayor transparencia y una mejor supervisión, además de la verificación de una tercera parte de los resultados y del impacto.

Lakshmi Premkumar de la ONG hindú Programa de Acción Social, dijo: «La CFI ha creado canales de financiación que carecen de transparencia o rendición de cuentas… El modelo de trabajo con los intermediarios financieros es un problema grave para el supuesto compromiso de la CFI con la sostenibilidad social y medioambiental.»