El gobierno de Chipre renunció en febrero de 2014 después de que fue rechazada la ley de privatización de la red estatal de electricidad, de las telecomunicaciones y de los servicios públicos en los puertos. El proyecto de ley era necesario para un desembolso en abril de 2014, de 236 millones de euros (US$326 millones) por la Troika (formada por el FMIL, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea). La ley fue aprobada posteriormente y el gobierno sobrevivió, pero sin su socio menor. Hubo protestas públicas y huelgas protestando por las privatizaciones. Al mismo tiempo continúan los controles de capital en los bancos que limitan los retiros en efectivo sólo hasta 300 euros por día.