Las empresas mineras Rio Tinto y Chinalco firmaron un acuerdo en mayo de 2014 con la Corporación Financiera Internacional (CFI – el brazo del sector privado del Banco), por un costo de US$20 mil millones para dar apoyo legal y financiero al proyecto de la mina Simandou en Guinea. La CFI es  propietaria del cinco por ciento de las acciones de Simandou. El proyecto minero ha sido criticado fuertemente debido a los posibles abusos ambientales y de derechos humanos (ver Boletín de Diciembre 2013).

En abril de 2014, grupos de la sociedad civil incluyendo a Veeduría Oyu Tolgoi de Mongolia, escribieron a la Junta Directiva del Banco Mundial para expresar sus preocupaciones diciendo que «ahora el pastoreo se había deteriorado», debido a que la mina Oyu Toldi había producido «grave contaminación del aire y la pérdida de los pastos y del acceso al agua limpia, lo que había obligado a los ganaderos a abandonar sus formas de subsistencia tradicionales». La carta insta a los directores del Banco a retrasar el desembolso del préstamo de la CFI de US$400 millones hasta que se hayan completado las acciones clave.

En abril de 2014, los residentes de dos aldeas armenias con el apoyo de nueve ONGs, presentaron una denuncia al mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), en relación con la inversión de US$1,2 millones de la CFI en la mina de oro Amulsar, operada por Lydian International con sede en las Islas del Canal. Los demandantes afirman que la mina puede llevar a la contaminación del agua y a impactos negativos en especies en vía de extinción y reiteran que la mina ya violó las leyes nacionales y los estándares de desempeño de la CFI. El Defensor del Pueblo pronunció la denuncia como admisible y ya comenzó una evaluación.