En abril de 2014, trescientos tres grupos de la sociedad civil escribieron al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, instándolo a que «revisara el papel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), porque la corporación minera «Pacific Rim está utilizando el CIADI para sabotear un debate democrático nacional en torno a la minería». La compañía también está solicitando US$300 millones, o sea el dos por ciento del PIB de El Salvador (ver Boletín de Diciembre 2013). El abogado internacional, George Kahale, criticó al CIADI diciendo que era «gravemente deficiente».