En el decenio de los 90 la India utilizó los mega proyectos para la producción de energía eléctrica (MPPs – mega power projects) para hacer frente a la crisis energética. Estas eran centrales de 1.000 MW o más que proveían de suministro eléctrico a más de un estado. Cuando la política MPP se estaba quedando corta tratando de responder a la crisis energética hindú, el gobierno simplemente añadió el prefijo «ultra», y con ello se inventó los UMPPs. Los UMPPs se caracterizan por la capacidad de generar 4.000 MW, un colosal aumento en comparación con los MPPs. La primera compañía constructora de estas ultra plantas fue la Compañía Eléctrica Costal de Gujarat Ltda. (CGPL – Coastal Gujarat Power Limited), una subsidiaria de propiedad absoluta de Tata Power Limited. La primera ultra planta fue construida en Mundra, Gujarat; alimentada por tecnología supercrítica, esta planta de 4.000 MW ha estado en las noticias por generar más controversia que electricidad.
Este proyecto de US$4,14 mil millones fue financiado a través de préstamos comerciales externos con la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco Mundial) y con el Banco Asiático de Desarrollo, donde cada uno aportó US$450 millones. La planta funciona a base de carbón importado de Indonesia y ahora cuando las regulaciones de exportación del carbón han cambiado en el país de origen la generación de electricidad cuesta más, por lo que la CGPL le pidió a la Comisión Central Reguladora de la Electricidad (CERC – Central Electricity Regulations Commission) que aumentara las estructuras arancelarias convenidas inicialmente, aunque éstas fueron las que le ayudaron a ganar el contrato en primer lugar.
Como si esto fuera poco para poner al CGPL en el centro de la polémica, atrayendo gran atención y condena mundial, también está la cuestión de la insensibilidad de la CFI a su propio mecanismo de rendición de cuentas, el Defensor del Pueblo (CAO). Sobre la base de una denuncia presentada por Machimar Adhikar Sangharsh Sangathan (MASS), una organización local cuyos miembros son las 25.000 personas afectadas, el Defensor del Pueblo inició una investigación en 2011 a fin de verificar las supuestas violaciones de la CFI a sus propias políticas sociales y ambientales.
The callous attitude of the IFC and CGPL has made a mockery of the accountability mechanism, and with the World Bank president shutting his eyes, those affected have no recourse left. Bharat Patel, MASS, and Himanshu Damle, BIC
En octubre de 2013, el Defensor del Pueblo publicó sus conclusiones validando las afirmaciones de MASS sobre la negligencia de la CFI en evaluar adecuadamente los impactos sobre la comunidad de pescadores estacionales, la mayoría de los cuales pertenece a una minoría religiosa. Esta negligencia excluyó a estas personas del ámbito de la norma de rendimiento de la CFI sobre la adquisición de tierras.
El Defensor del Pueblo observó: «La CFI debió haber exigido a su cliente que realizara una investigación adicional ambiental y social para asegurar su cumplimiento… La CFI no prestó la debida atención en verificar si el requisito de consulta previa al proyecto había sido cumplido… La CFI no se aseguró de que se hubieran tenido consultas eficaces con las comunidades de pescadores directamente afectadas… La revisión social y ambiental de la CFI sobre el impacto marino no cumplió con los requisitos de la debida diligencia en la política de sostenibilidad… La CFI no cumplió con los requisitos de la política de sostenibilidad a pesar de que había suficientes indicios de desplazamiento relacionados con el proyecto (tanto físicos como económicos) que requerían de una evaluación objetiva… La CFI no puede demostrar que el monitoreo de su cliente sea proporcional al riesgo».
La CFI en su respuesta a las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo desestimó el informe, defendió a su cliente y justificó su inversión. Para poner más sal en la herida, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim no sólo retardó casi un mes la publicación del informe del Defensor del Pueblo, sino que al final absolvió a la CFI de cualquier infracción. Esa decisión no sólo socavó las investigaciones de su mecanismo de rendición de cuentas, sino que también marginó la angustiosa situación de miles de pescadores y de sus familias que perdieron sus medios de subsistencia.
Para corregir esta injusticia se creó un intenso esfuerzo concertado por las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, el cual culminó en una petición firmada por más de 24.000 personas, la cual fue presentada al Banco Mundial en abril de 2014. La petición exige medidas urgentes para restaurar, rehabilitar, reasentar y proporcionar una compensación adecuada a los pescadores. También exige que la CFI reconozca sus errores, se retire del proyecto y se niegue a financiar cualquier otra expansión. Hasta el momento la CFI ha insinuado que no financiará la ampliación.
Como el Defensor del Pueblo no puede recomendar, sólo sacar a la luz los fallos de la CFI, el informe no ha cambiado realmente la realidad sobre el terreno. El creciente activismo contra la inacción del Banco ha puesto de relieve que el llamado plan de acción de la CFI para Tata Mundra no tiene por dónde empezar y que además ha ignorado lo que supuestamente debió haber rectificado. La actitud indiferente y cruel de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de la Comisión Central Reguladora de la Electricidad (CGPL) es una burla del mecanismo de rendición de cuentas y con el presidente del Banco Mundial ignorando esta desesperada situación, las personas afectadas no tienen a quien recurrir. Sus vidas cada día son más oscuras y cualquiera que sea la electricidad producida por esta planta eléctrica a cualquier costo, no les está trayendo nada de luz.
Bharat Patel, Machimar Adhikar Sanskriti raksha Sangharsh Sangathan, India
bharatp1977@gmail.com
masskutch.blogspot.com
Himanshu Damle, Bank Information Center, India
hdamle@bicusa.org
