En respuesta al rechazo del Banco Mundial a la idea de realizar una importante reforma a su revisión de la metodología del Informe Haciendo Negocios (DBR) – ver Observador Verano 2014 , las organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente del Banco, Jim Yong Kim, en junio de 2014. Según el Banco, el DBR «se benefició de los comentarios de los gobiernos, académicos, profesionales y revisores». Sin embargo, los firmantes de la carta afirman que están «sorprendidos y decepcionados por la falta de aplicación de esas recomendaciones (elaboradas por el Panel Independiente de Revisión DBR en junio de 2013) en los cambios metodológicos del informe que serán establecidos en las ediciones de 2015 y de 2016». A los firmantes les preocupa la posibilidad de que «el Banco Mundial esté tomando las medidas para incluir los indicadores en el proceso para el Diagnóstico Nacional Estratégico, y con ello, sentando las bases para que los indicadores sean usados exactamente como una plantilla para establecer las prioridades del Banco durante las negociaciones de los Marcos de Asociación Nacional». Según la carta, para mejorar el DBR que ha sido muy criticado desde su introducción en 2003, se deberían abandonar las clasificaciones agregadas de los países, eliminar cualquier referencia a las tasas de los impuestos en los indicadores para el pago de los impuestos, eliminar el Indicador de Contratación de Trabajadores, e introducir la revisión entre pares (ver Observador Otoño 2013, Boletín Mayo 2014).
Un documento de trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 2014, examinó las tres bases de datos que utilizan el Índice de Rigidez del Empleo del DBR, para medir la regulación del mercado laboral. El Índice consta del costo de indemnización por despido y de la rigidez del empleo (dificultad de contratación, rigidez de horarios y dificultad de la indemnización por despido), ambos indicadores están basados en un estudio de caso hipotético y de indicadores de jure. El Banco decidió no seguir publicando este Índice desde 2011, aunque todavía produce la materia prima de los datos subyacentes. Según el documento de trabajo de la OIT, estas bases de datos «tienen importantes deficiencias metodológicas», «fuertes sesgos conceptuales» y «no tratan de reconocer los objetivos sociales de las regulaciones laborales o algunas posibles ventajas para el empleador». El informe concluye diciendo «estos indicadores deberían basarse en marcos conceptuales más equilibrados y en opciones metodológicas más fuertes».