El Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco, en una auditoría a mediados de agosto de 2014 reveló que la CFI había fallado al no considerar adecuadamente los riesgos ambientales y sociales antes de aprobar el préstamo de US$70 millones a Ficohsa, el banco más grande de Honduras, en 2011.

El Defensor del Pueblo encontró que la CFI había excluido quejas serias de los documentos del proyecto acerca de la inversión de Ficohsa en Dinant, el productor de aceite de palma y el tercer cliente más grande del banco, por lo cual esta información había sido «considerada secreta y debido a eso no había sido incluida en los sistemas diseñados para asegurar que la CFI y sus clientes fueran responsables por los proyectos que afectan a las  personas al ejecutar sus compromisos ambientales y sociales». En el informe de la auditoría en enero de 2014, el Defensor del Pueblo también criticó fuertemente a la CFI por su préstamo de US$30 millones  a Dinant, la compañía acusada de haber participado en violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato, rapto y desalojo forzado de granjeros en la región del Bajo Aguán (ver Observador Invierno 2014).

La auditoría del Defensor del Pueblo cuestionó la inversión de la CFI en intermediarios financieros pues encontró que «a través de esas inversiones bancarias se había expuesto, al participar en proyectos no analizados o cuantificados, a potenciales impactos adversos significativos tanto ambientales como sociales» (ver Boletín Mayo 2014). Los grupos de la sociedad civil han criticado la inversión de Ficohsa en Dinant y en otros casos polémicos en la India y en Camboya. Los grupos de la sociedad civil exhortaron a la CFI a que aprendiera sus lecciones, y a que revisara su estrategia de inversión en intermediarios financieros, con el fin de asegurar que los riesgos ambientales y sociales sean considerados responsablemente y con ello las inversiones puedan producir resultados positivos de desarrollo. Actualmente más del 60 por ciento de la financiación de la CFI está siendo canalizada a través de intermediarios financieros como bancos y fondos privados de equidad.

En respuesta al informe de la auditoría del Defensor del Pueblo, la CFI aunque defendió su inversión en Ficohsa también dijo que ya estaba ejecutando planes de acción ya anunciados que incluían medidas para revisar los sistemas de gestión ambiental y social de los clientes, además de aumentar el número de visitas a los clientes. La CFI también dijo que Ficohsa recientemente se había comprometido a aumentar su personal y a entrenarlo en la gestión de riesgos ambientales y sociales. Por otro lado, la CFI sí reconoció que había habido vacíos en la forma cómo se había relacionado con el banco Ficohsa, incluyendo «la falta del cuidado necesario relativo a los riesgos ambientales y sociales en la cartera del banco».

Las organizaciones de la sociedad civil pidieron a Jim Kim el presidente del Banco Mundial, que diera atención a esos escándalos y que desarrollara un plan de acción para asegurar que estos no se repitieran. Con respecto a Dinant, Miriam Miranda, la Coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), dijo «Pedimos a todas las instituciones financieras multilaterales que dejen de proporcionar millones de dólares en préstamos a corporaciones que han sido acusadas nacional e internacionalmente de infracciones graves a los derechos humanos».