En julio de 2014, el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección decidió no registrar una queja presentada por el Centro para los Derechos Sociales y Económicos (SERAC – Social and Economic Rights Action Center), una organización de la sociedad civil local, a nombre de un grupo de las 9.000 personas desalojadas en Badia Oriental, Lagos, Nigeria. Esta comunidad es uno de los nueve asentamientos que deberían haberse beneficiado de la financiación bancaria para el Proyecto Desarrollo y Gobernanza Metropolitana de Lagos (ver Observador Primavera 2014, Invierno 2013 y Boletín Dic 2014). El caso aparece terminado en la página web del Panel de Inspección, a pesar de la gran ira generalizada sobre el papel del Banco en el proceso de reasentamiento. A mediados de agosto de 2014, un informe de la ONG mundial Amnistía Internacional, comprobó que los residentes de Badia Oriental, cuyas casas fueron demolidas en febrero de 2013 (ver Observador Invierno 2014), todavía no habían sido adecuadamente compensados de sus pérdidas por el gobierno y que el Banco Mundial había sido «cómplice» en el proceso, al haber aprobado un pésimo proceso de indemnización que no era coherente con las normas internacionales de derechos humanos, o con las normas del mismo Banco.
Por otro lado el Panel de Inspección, afirma que más del 80 por ciento de los habitantes había recibido una compensación «algunos representantes comunitarios habían manifestado su satisfacción y confirmado que la mayoría de las personas afectadas había sido incluida en el Mecanismo de Reparación de Agravios (GRM – Grievance Redress Mechanism)». Sin embargo, dos de los solicitantes de la queja original expresaron su gran descontento al Panel de Inspección sobre el nivel de asistencia financiera y sobre el proceso utilizado para elaborar el Plan de Acción de Reasentamiento. Su posición fue respaldada por otros 41 miembros de la comunidad y por Amnistía Internacional. Ashfaq Khalfan, representante de la organización, dijo que la decisión era «profundamente decepcionante pues era como una bofetada al rostro de los miembros de la comunidad de Badia Oriental, quienes habían sido desalojados por la fuerza y dejados sin hogar por más de un año».
El caso fue examinado por el Panel utilizando un nuevo programa piloto, encaminado a conseguir la pronta resolución de las quejas (ver Boletín Dic 2013). Khalfan comentó: «Viendo este caso, parece que el programa piloto del Panel de Inspección del Banco Mundial es poco más que un esfuerzo de relaciones públicas que permitió al Banco lavarse las manos frente a su responsabilidad».
Amnistía Internacional instó a la Junta Directiva del Banco Mundial a que llevara a cabo una investigación independiente para revisar cómo el Panel de Inspección había gestionado la queja y que además suspendiera la aplicación del piloto hasta que la investigación hubiera sido completada y la política del piloto revisada.
