En junio de 2014, el Banco Mundial publicó el informe final de su evaluación sobre la viabilidad de la planta hidroeléctrica de Rogun en Tayikistán, la cual será la represa más grande del mundo (ver Boletín 75, 74). Observando los recursos económicos, técnicos y sociales del proyecto, la evaluación del Banco concluye diciendo que «la construcción de una represa en el sitio de Rogun es la solución menos costosa para satisfacer las necesidades energéticas de Tayikistán en comparación con cualquier otra alternativa». La represa proyectada tendrá un salto de 335 metros y la capacidad de producir 3.600 megavatios. Según el sitio de noticias EurasiaNet la represa ha sido polémica no sólo por sus impactos sociales y ambientales, sino también por el gran riesgo financiero que conlleva. Se calcula que los gastos serán alrededor del 50 por ciento del PIB de la República de Tayikistán.
Un informe de junio de 2014, publicado por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) (o Veeduría de Derechos Humanos), plantea gran preocupación acerca del proyecto, destacando el desplazamiento y reasentamiento de 1.500 familias desde 2009. La evaluación del Banco ha estimado que la represa y la planta hidroeléctrica desplazarán a unas 42.000 personas adicionales antes de que sea operativa. Según HRW, la inactividad del gobierno para proporcionar un acceso adecuado a tierras agrícolas para las comunidades reasentadas ha forzado a las familias, que previamente cultivaban su propia tierra, a comprar alimentos en los mercados, mientras que la compensación inadecuada y la falta de oportunidades de empleo se han añadido a sus dificultades financieras. Además, algunas de las comunidades reasentadas no tienen escuelas locales por lo cual las niñas y niños no tienen acceso a la educación. HRW señala que, si bien las evaluaciones patrocinadas por el Banco para Tayikistán examinaron el cumplimiento del proyecto en relación con el derecho internacional ambiental, éstas hicieron caso omiso de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Francesca Corbacho de HRW (Veeduría de Derechos Humanos) dijo: «El Banco Mundial hasta la fecha ha invertido más de US$10 millones en estudios para determinar la factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Rogun. Mientras que el gobierno de Tayikistán ha accedido a atenerse a las salvaguardias del Banco Mundial, persisten vacíos, en gran parte porque estas normas son inferiores a las establecidas por el derecho internacional de derechos humanos y en parte debido a una falta de seguimiento y a la rendición de cuentas insuficientes. Como resultado de ello, muchas familias reubicadas han sufrido graves perturbaciones en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales incluyendo el acceso a la vivienda, los alimentos, el agua y la educación. El Banco Mundial debe trabajar para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en la medida en que el Proyecto Hidroeléctrico Rogun sigue adelante».
