En septiembre de 2014, la resolución para un marco regulatorio legal relacionado con un mecanismo para la reestructuración de la deuda soberana fue aprobada, con un apoyo abrumador por la Asamblea General de la ONU, con 124 países votando a favor. Sólo 11 países votaron en contra de la moción, incluyendo a Estados Unidos y al Reino Unido. Los países en desarrollo han venido abogando por mucho tiempo por la creación de un mecanismo internacional de resolución de la deuda que opere independientemente de deudores y acreedores, incluyendo al FMI.