Rendición de cuentas

Análisis

Los Estados afectados por conflictos: La última frontera de la CFI

9 October 2014 | Traducción:Maria Eugenia Arzayús

En julio de 2014, Jin-Yong Cai, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco Mundial), afirmó en un blog del Banco Mundial que el progreso “extraordinario” realizado durante las últimas dos décadas en la reducción de la pobreza, requiere que se repita “en los lugares más difíciles del mundo”. Esto está en línea con el nuevo enfoque del Grupo del Banco Mundial hacia los estados frágiles y afectados por conflictos (FCS – fragile and conflict-affected states, ver Boletín dic 2013.

Cai se mostró confiado en la capacidad de la CFI para enfrentar los riesgos asociados con estas frágiles condiciones y entornos para corregir errores rápidamente. Él se refirió a la inversión de la CFI en Dinant en 2009, una compañía de aceite de palma con presuntos vínculos con asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos en Honduras (ver Observador invierno 2014), para indicar que ahora la CFI reconoce que debe considerar una serie de riesgos como el de “la inestabilidad política y la perspectiva de los conflictos y la violencia relacionados con los derechos de propiedad de la tierra”. Él prometió que la CFI mediría su éxito evaluando el “impacto de los proyectos sobre el desarrollo y no con el volumen de las inversiones”. Este compromiso es el resultado de una encuesta a los funcionarios del Grupo del Banco Mundial en 2013, la cual reveló que menos de la mitad de estos consideró que el desarrollo era su prioridad.

La auditoría realizada en diciembre de 2013, por el Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman – el mecanismo de rendición de la CFI) sobre el caso Dinant, criticó la estructura de los incentivos de la CFI, señalando que las fallas surgieron, en parte, por los incentivos para los funcionarios “de pasar por alto, no articular, o incluso ocultar riesgos potenciales sobre el medio ambiente y los riesgos relacionados con los conflictos sociales”, y que los funcionarios se sentían presionados para “gastar el dinero y seguir adelante con el proyecto” (ver Observador invierno 2014).

Los comentarios de Cai muestran una continua falta de voluntad para reconocer que tanto el caso de Dinant como otros casos bien documentados, por ejemplo, el de la planta de carbón Tata Mundra (ver Observador verano 2014), reflejan problemas estructurales de la CFI. También se han planteado inquietudes acerca de la falta de rendición de cuentas de la CFI relacionadas con sus inversiones a intermediarios financieros como el banco hondureño Ficohsa (ver Boletín sept 2014). Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han tratado de dialogar con la CFI en muchas ocasiones sobre la necesidad de cambios sistémicos en las inversiones de la CFI, incluyendo el envío de cuatro cartas sobre Dinant firmadas por 50 organizaciones locales e internacionales.

Cai admitió que “las condiciones y entornos difíciles”, como el de Honduras, requieren de un enfoque diferente y que las decisiones de inversión contrarias a la visión de la CFI de “no hacer daño” no pueden ser justificadas. Su admisión es especialmente importante si se tiene en cuenta su apoyo a la idea de un aumento del trabajo de la CFI en estados frágiles y afectados por conflictos (FCSs).

El informe de 2013 del Grupo de Evaluación Independiente (IEG – Independent Evaluation Group) del Banco Mundial sobre la asistencia a los FCSs, señaló que las Estrategias de Asistencia Nacionales del Grupo del Banco Mundial “no han respondido bien a los factores de la fragilidad y el conflicto en la realidad, y, de momento, no hay planes de contingencia para adaptarse a los riesgos de la economía política y a los conflictos”. También observó que “los incentivos de desempeño de la CFI no están bien alineados para apoyar su estrategia de creciente participación en los FCSs” (ver Boletín dic 2013). Mientras que la CFI ha realizado algunos esfuerzos para adaptar su programación a los FCSs, por ejemplo, a través de su proyecto piloto Estados Afectados por los Conflictos Armados en África (CASA – Conflict Affected States in Africa), el caso de Birmania (también conocido como Myanmar), sugiere que el enfoque de la CFI sigue siendo problemático.

El entorno y las frágiles condiciones de Birmania

El Banco Mundial recientemente aumentó sus actividades en Birmania, cuando prometió un préstamo de US$2 mil millones al país en enero (ver Boletín feb 2014). A finales de junio de 2014, un grupo de 23 organizaciones de la sociedad civil birmana envió una carta a los directores ejecutivos del Grupo de Banco Mundial exigiendo que las salvaguardias de protección social y ambiental fueran obligatorias, en vez de solo asegurar que “la inversión a través de Pequeñas y Medianas Empresas no implicará la adquisición ilegal de tierras, no violará los estándares centrales del empleo, no evitará los estándares profesionales básicos de la salud y la seguridad y no violará la lista de exclusión de inversión de la CFI”. En mayo de 2014, la ONG Campaña de Estados Unidos para Birmania criticó la controversial inversión de la CFI de US$30 millones en Yoma, ya que siendo un intermediario financiero será eximido de la debida diligencia en el cumplimiento de las normas y salvaguardias. El representante residente de la CFI justificó la exención diciendo que se considera que los “préstamos a las pequeñas y medianas empresas tienen muy poco impacto social y ambiental”. Mientras que la mayoría de los habitantes del país viven en las áreas rurales y el 70 por ciento depende de la agricultura para su sustento, tres de las cinco inversiones de la CFI en Birmania implican la construcción de hoteles, los cuales han sido criticados por su dudoso impacto en el desarrollo (ver Observador otoño 2014).

Las organizaciones de la sociedad civil también han expresado su preocupación por el impacto potencial de las inversiones en el frágil proceso de paz en el país. La ONG mundial, el Grupo Internacional de Crisis anotó en febrero de 2014 que el proceso de paz “entre los grupos armados étnicos está en una fase delicada, con todos los lados tratando de hacer un esfuerzo coordinado para llenar los vacíos y construir la confianza”.

En septiembre de 2014, 39 asociaciones birmanas publicaron una sumisión conjunta de sus preocupaciones al Banco Mundial diciendo que sus inversiones “podrían fácilmente llegar a crear focos de oposición y conflicto públicos si agravan las causas primordiales del conflicto – tales como la injusticia racial, la rapiña de la tierra y de los recursos y el desplazamiento forzado de los recursos tradicionales de subsistencia”. Las  asociaciones también criticaron la “falta de un enfoque sistemático en el análisis de los riesgos del conflicto alrededor de los proyectos” y el hecho de que los préstamos para los proyecto fueron aprobados “a pesar de las legítimas preocupaciones de la sociedad civil y de los pedidos por consultas significativas con las comunidades afectadas”.

Comentando sobre los criterios para las decisiones de inversión de la CFI en Birmania, su representante residente dijo que las compañías habían sido seleccionadas porque “éstas son compañías con buen potencial de crecimiento…y por lo tanto pueden retornar la inversión”.