Hace unos dos años, el Banco Mundial inició un proceso de revisión y actualización de su política de salvaguardias ambientales y sociales. Estas políticas son el resultado de décadas de lucha por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y por los movimientos de base alrededor del mundo para establecer reglas claras, con el objeto de asegurar que las inversiones del Banco Mundial y de los gobiernos, hechas a nombre del desarrollo, no causen desastres ecológicos y sociales. Por lo tanto las OSCs dieron la bienvenida a la oportunidad de reforzar y expandir el marco de las salvaguardias, para asegurar que la financiación del desarrollo respetara y cumpliera con los derechos humanos.
El Banco Mundial publicó el primer borrador de su marco ambiental y social a fines de julio de 2014 y aunque contiene algunas mejoras, en conjunto es un retroceso que reducirá los estándares para toda la comunidad internacional del desarrollo. La lista de críticas es larga. Las principales preocupaciones para la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) están descritas a continuación.
Primero, el borrador propuesto del marco de las salvaguardias adopta la conformidad abierta. Esto significa que los requisitos básicos de Banco Mundial ahora serían más permisibles para valorar y manejar riesgos e impactos ambientales antes de la aprobación de los préstamos. La conformidad abierta elimina los requisitos estrictos del marco actual de las salvaguardias, los cuales exigen antes de la evaluación inicial una información clara y completa de las evaluaciones del impacto ambiental para los proyectos de alto riesgo. A pesar de la introducción de un plan de compromiso de las partes interesadas, el borrador del marco no incluye los requisitos mínimos de información clara, lo que socava el proceso de la consulta. ¿Cómo puede haber consultas sobre un proyecto sin la información adecuada?
Segundo, el borrador del marco no incluye el lenguaje obligatorio sobre los estándares internacionales de los derechos humanos y permite a los gobiernos ‘optar por no cumplir’ con la Política de los Pueblos Indígenas que protege los derechos de los pueblos indígenas. Esta omisión inequívocamente socava los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, los recursos y su propio proceso de desarrollo. Este es un aspecto crítico en una región donde los Estados reconocen a más de 650 pueblos indígenas.
Tercero, el borrador del marco cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardias pasándola a los prestatarios, pero no da claridad sobre cuándo y cómo el uso de los sistemas de los prestatarios sería preferible y aceptable. Las salvaguardias serán más débiles si la responsabilidad depende de los sistemas de los prestatarios, donde ya están ocurriendo las diluciones mayores de los marcos nacionales, sociales y ambientales. Por ejemplo, en el Perú las nuevas leyes disminuyeron apreciablemente la autoridad y la capacidad para la evaluación y las sanciones de la Agencia de Protección Ambiental nacional. En México, el Congreso aprobó recientemente la reforma de las regulaciones de la energía la cual da prioridad al petróleo, el gas y la energía sobre otros usos de la tierra. En Bolivia, la nueva ley minera permite actividades mineras en áreas protegidas tales como los parques nacionales y excluye el derecho al consentimiento libre previo e informado por parte de los pueblos indígenas en lo relacionado con las actividades de exploración.
Cuarto, otra desventaja del nuevo borrador del marco propuesto es el limitado alcance de las salvaguardias, que sólo se aplica a los préstamos de inversión del Banco. Sin embargo, hay muchos otros instrumentos, como los Préstamos para la Política de Desarrollo (DPLs), que son muy comunes en la región de LAC. Estos préstamos son vehículos de baja responsabilidad que pueden desembolsar sumas grandes rápidamente a clientes con medianos ingresos. Por ejemplo, en México desde julio de 2010 a abril del 2013, el 46 por ciento del total de los préstamos del Banco al país fue canalizado a través de DPLs. Estos préstamos fueron excluidos de la aplicación de las políticas de salvaguardia, aunque algunos de ellos financiaron proyectos en los sectores forestal, ambiental y del cambio climático. Al solo aplicar las salvaguardias a los préstamos de inversión, el marco propuesto excluirá hasta la mitad de los préstamos anuales del Banco.
Esta situación es crítica allí donde hay competencia sobre los recursos en la financiación del desarrollo. Además, este debilitado marco de la política de salvaguardias también reducirá los estándares de otros bancos multilaterales, de instituciones financieras internacionales y de bancos nacionales de desarrollo, como el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), los bancos chinos, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Nuevo Banco de Desarrollo recientemente lanzado del grupo BRICs (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En una región con altas tasas de inequidad, pobreza y falta de acceso a la justicia, nosotros necesitamos marcos fuertes de salvaguardias sociales y ambientales que respeten los derechos humanos. Todas las políticas del Banco Mundial deben ser consecuentes con sus objetivos de erradicar la pobreza extrema y de promover la prosperidad compartida y por lo tanto, el Banco debe reforzar su marco de política de salvaguardias ambientales y sociales, en vez de debilitarlas pues con ello está promoviendo una carrera hacia el abismo.
Comentario de Mariana González Armijo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México
