El sector privado

Análisis

¿Cuál es el impacto social del apoyo del Banco Mundial a la reforma de la reglamentación de las empresas? No le preguntes al Banco

2 December 2014 | Análisis externo | Traducción:Maria Eugenia Arzayús

A small business, Zambia. Credit: CAFOD

El Grupo de Evaluación Independiente del Grupo del Banco Mundial llama la atención sobre el hecho de que el Banco Mundial, al apoyar las reformas en materia de reglamentación de las empresas, no presta la debida atención al impacto social de esas reformas.

En octubre de 2014, el Grupo de Evaluación Independiente (IEG – Independent Evaluation Group) del Grupo del Banco Mundial, publicó una evaluación sobre el apoyo que el Grupo da a las reformas de la reglamentación de las empresas. La cartera para la inversión climática del Banco Mundial en estas intervenciones es de unos US$3,7 mil millones, a través de 819 proyectos en 119 países entre los años fiscales 2007 al 2013. La evaluación del IEG se centró en la “pertinencia, eficacia y valor social en lo que se refiere a las preocupaciones sobre la inclusión y prosperidad compartida en el apoyo que el Grupo del Banco Mundial dio a las reformas de la inversión climática”.

El IEG inicialmente adoptó una definición amplia de la inversión climática diciendo: “es el apoyo a las reformas de la reglamentación política, jurídica e institucional destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, a reducir los costos de transacción y los riesgos asociados con la puesta en marcha, el funcionamiento y el cierre de los negocios”. Luego, en forma confusa y poco clara, el IEG redujo su evaluación a sólo considerar “los esfuerzos encaminados a promover las reformas reglamentarias para mejorar las condiciones de las empresas para poner en marcha, operar y salir de los mercados nacionales e internacionales, así como de los sectores clave.”

Este enfoque tan reducido de la reforma de la reglamentación por parte del Banco Mundial es problemático. Como anota el informe del IEG, el enfoque en las reformas de los mecanismos de regulación no presta la debida atención al impacto social de las reformas legislativas asociadas, ni al impacto de los otros cambios. Según el reporte informativo sobre Zambia en 2014, producido por el Centro Jesuita para la Reflexión Teológica (JCTR – Jesuit Centre for Theological Reflection) y la ONG británica CAFOD, las reformas de la reglamentación representan una rodaja muy fina del pastel de la inversión climática. Las reformas destinadas a reducir los costos de transacción y los riesgos inherentes, ciertamente no reflejan completamente el complejo proceso de toma de decisiones utilizado por las empresas para tomar decisiones de inversión y, tampoco dan una visión más clara de si el entorno general del país es propicio para hacer negocios. Como lo explican la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) en su informe de 2008, sobre la creación de un entorno propicio para las actividades empresariales en el África subsahariana, este tipo de reforma sólo “cubre las regulaciones que afectan a las empresas inmediatamente a través de los costos de cumplimiento”.

En general, el informe del IEG encontró que “el Grupo del Banco Mundial había tenido éxito mejorando la inversión climática en los países clientes, a juzgar por el número de leyes establecidas, por la racionalización de los procesos y del tiempo, o por el simple ahorro de costos para las empresas privadas”. Sin embargo, el informe también señaló que “el valor social de las reformas de las regulaciones… no había sido adecuadamente incluido en el diseño de las reformas o en la evaluación de sus efectos”. El IEG por consiguiente subrayó que “las reformas de la reglamentación deben ser diseñadas e implementadas teniendo en cuenta no solo los costos y beneficios económicos sino también los sociales. Sin embargo, en la práctica, el apoyo del Grupo del Banco Mundial se centra principalmente en la reducción de los costos de las empresas”. Esto es profundamente problemático, ya que la consecución de los objetivos del Banco Mundial “exige que la reforma de la regulación debe ser comprendida en el contexto de valores sociales más amplios.” Como subraya el informe, a pesar de que el Banco Mundial a menudo implica, por ejemplo, a través de la publicación de su informe Haciendo Negocios, que las reformas (a menudo traducido como la desregulación) generalmente producirán resultados positivos para todas las personas, en realidad, no se garantiza que todos los miembros de la sociedad se beneficien por igual, ya que incluso, algunos pueden salir perjudicados.

Estos hallazgos del IEG son compatibles con otras investigaciones y experiencias, en donde muchas de las reformas llevadas a cabo con la finalidad de mejorar el ambiente de los negocios tienen poco o ningún impacto sobre las personas que viven en la pobreza y, de hecho en algunos casos, perjudican a las personas más pobres. El Comité de Donantes para el Desarrollo de las Empresas, un foro para financiación y organizaciones inter-gubernamentales que trabaja en el desarrollo del sector privado, elaboró un informe en 2008 destacando que “las reformas del entorno empresarial son siempre políticas”, quién se beneficia y quién sale perjudicado es una cuestión de poder económico, social y político.

Un estudio de CAFOD en 2013 encontró que los cinco desafíos más importantes que enfrentan las microempresas, donde trabaja la mayoría de las personas pobres, no son cubiertos por los indicadores de la tan criticada metodología Haciendo Negocios del Banco Mundial (ver Observador Otoño 2013, Boletín Mayo 2014). La investigación llegó a la conclusión de que, a menudo, hay “desajustes entre las prioridades de los donantes y las prioridades de las pequeñas empresas en el terreno”. Estos desajustes producen intervenciones que no se ajustan o no responden a los retos de las personas más pobres y que, por lo tanto, esas intervenciones tienen poco impacto en la creación de un ambiente de negocios que permita el progreso para ellas/ellos y sus empresas.

El caso de Zambia ofrece algunas lecciones interesantes sobre los posibles resultados negativos de ignorar las consecuencias sociales de las reformas de las inversiones climáticas. El país ha priorizado la reforma a las regulaciones y, a pesar de la pequeña caída en 2015, se ha ido acercando progresivamente a la calificación de Haciendo Negocios del Banco Mundial. Sin embargo, muchas de estas reformas han tenido muy poco impacto sobre las personas más pobres y Zambia continúa siendo uno de los países más pobres y desiguales del mundo. El Índice del Informe sobre Desarrollo Humano en 2013 posiciona a Zambia como el 163avo de los 187 países en el mundo y, además tiene un índice de Gini de 0,65 – lo que representa uno de los más altos niveles de desigualdad de ingresos en el mundo.

El Banco Mundial debe reconocer los desequilibrios de poder en el diseño de las reformas de la inversión climática y de las herramientas de diagnóstico. Al no reconocerlo, las voces, las necesidades y los problemas específicos que afectan a las personas más pobres (tanto a las/los dueños de negocios como a sus empleados), a menudo son excluidos en las propuestas de reforma. El Banco Mundial al no medir los impactos sociales de las reformas que implementa, está perpetuando y consolidando estos desequilibrios. Esta evaluación del IEG representa un desafío para el Banco Mundial y tanto las ONGs como las comunidades afectadas por las políticas del Banco Mundial están observando para ver si éste va a responder a ese desafío y si va a solucionar o no, ese grave problema.


Por Sarah Montgomery, CAFOD

Sarah Montgomery, CAFOD