En octubre de 2014, el Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI – la unidad del sector privado del Banco Mundial), dio a conocer un informe de seguimiento relacionado con la auditoría de 2012 a las inversiones de la CFI a través de intermediarios financieros (ver Observador Primavera 2014).
Si bien en el informe se reconocen las medidas positivas adoptadas por la CFI desde la auditoría, también señala que «varios de los puntos más importantes recomendados por la auditoría aún no han sido resueltos». El informe destacó que la CFI todavía no había abordado el diagnóstico encontrado por la auditoría, o sea el hecho de «que la CFI carecía de una metodología sistemática para determinar si la aplicación de su sistema de gestión ambiental y social lograba en realidad los objetivos propuestos de no ser dañinos, o de mejorar los resultados ambientales y sociales en el terreno».
Sigue sin conocerse el impacto de miles de millones de dólares de inversiones
Según el Defensor del Pueblo, «los negocios de la CFI con los intermediarios financieros continúan creciendo, con nuevos compromisos por un monto de más de US$10 mil millones en una cartera de desembolsos de más de US$14 mil millones en el año fiscal 2014». El diagnóstico principal del Defensor del Pueblo de que «la medición de los resultados que corresponden a los compromisos más elevados ambientales y sociales pertinentes a los negocios con los intermediarios financieros, parece estar fuera del alcance de los cambios que la CFI ha propuesto», pone los progresos realizados por la CFI en perspectiva.
La incapacidad de la CFI para demostrar que sus inversiones a través de los intermediarios financieros cumplen con su promesa de «no hacer daño» y de «lograr resultados positivos», según declara en su política de sostenibilidad ambiental y social, ha sido desde hace largo tiempo una preocupación por parte de las asociaciones de la sociedad civil (OSCs). Viendo la naturaleza estructural de los problemas identificados por la auditoría sobre el tema de los intermediarios financieros, o sea, las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre el banco hondureño Ficohsa (ver Boletín Otoño 2014) y de la compañía de aceite de palma Dinant (ver Observador Otoño 2014), además de la rápida expansión de los préstamos a los intermediarios financieros, las CSOs le han pedido repetidas veces a la CFI que formule una respuesta comprehensiva.
La necesidad de reforzar la capacidad de la CFI para garantizar que no está produciendo daños fue un tema muy mencionado en las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en octubre de 2014, durante las discusiones de los directores ejecutivos de la CFI, el Banco Mundial y las OSCs. Durante estas reuniones hubo representantes de varias comunidades de Guatemala y Camboya, los cuales declararon que habían sido afectados negativamente por inversiones a través de intermediarios financieros. Estos representantes presentaron una sentida súplica a la CFI para que ésta tomara las medidas necesarias con el objeto de asegurar que los derechos humanos y el sustento de las comunidades marginadas no fueran afectados negativamente por sus actividades.
La CFI respondió a esas preocupaciones destacando los esfuerzos progresivos que ha hecho para reforzar su sistema de gestión social y ambiental, afirmando que los cambios organizativos y estructurales toman tiempo en producir resultados. Los participantes en una discusión entre la CFI, el Defensor del Pueblo y las OSCs, sobre los préstamos a los intermediarios financieros, al tiempo que apoyaron algunos pasos tomados por la CFI, también enfatizaron que su responsabilidad de «no hacer daño» no debía ser tan solo una aspiración (ver Proyecto Bretton Woods). También se le recordó a la CFI que era responsable por garantizar que los fondos públicos invertidos contribuyeran positivamente a los objetivos gemelos del Grupo del Banco Mundial: eliminar la pobreza extrema y aumentar la prosperidad compartida.
El informe de seguimiento del Defensor del Pueblo reconoció algunas mejoras realizadas por la CFI, destacando en particular el conjunto detallado y amplio de adiciones a las directrices internas para el personal sobre la Revisión de los Procedimientos Ambientales y Sociales (ESRPs – Environmental and Social Review Procedures). El Defensor del Pueblo comentó que estas adiciones creaban una situación más equilibrada entre los riesgos ambientales y sociales y la evaluación del riesgo financiero. A pesar del progreso realizado en estas áreas, el Defensor del Pueblo también anotó que la CFI había retrocedido al limitar la aplicación de sus políticas de protección sólo a ciertos préstamos. Además expresó su preocupación diciendo «esto representa una reducción de la aplicación de las Normas de Rendimiento». Al mismo tiempo, también dio la bienvenida a la apertura de la CFI hacia una discusión más amplia sobre la transparencia.
Una mayor transparencia es urgentemente requerida
El informe de seguimiento también analizó los pasos tomados por la CFI para atender las preocupaciones surgidas por la investigación del Defensor del Pueblo sobre Ficohsa, el banco más grande de Honduras. El Defensor del Pueblo enfatizó en la investigación «la carencia de transparencia sobre la información relacionada con el uso final de los fondos de sus inversiones con los intermediarios financieros… y la carencia de sistemas diseñados para asegurar que la CFI y sus clientes sean responsables por los impactos sobre las personas y el medio ambiente afectados por los proyectos porque, de hecho, sus compromisos en estas áreas son demasiado débiles».
Las críticas sobre la falta de transparencia que surgen de la investigación Ficohsa hacen eco a las críticas de la auditoría del Defensor del Pueblo en 2012 sobre los intermediarios financieros. En esa auditoría se dijo, «el hecho de que el uso final de una proporción tan grande de los fondos de la CFI continúe siendo desconocido es un motivo de preocupación». El informe de seguimiento repite estas preocupaciones, afirmando que «al tiempo que el Defensor del Pueblo ha acogido con beneplácito una mayor divulgación de los sub-proyectos de la CFI con los clientes de la inversión privada, el uso final de la mayoría de las inversiones con esos clientes aún permanece oculto». Las organizaciones de la sociedad civil siguen haciendo urgentes pedidos por una mayor divulgación de las inversiones de la CFI con los intermediarios financieros, teniendo en cuenta las probabilidades de que los préstamos a estos intermediarios representan un alto riesgo de causar perjuicios graves a las comunidades marginadas, tal como ha sido ampliamente documentado por las inversiones a Dinant, Ficohsa, GKEL (ver Boletín 85, 76) y Capital Dragón (ver Observador Verano 2014).
En marzo de 2014, 26 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, incluyendo la ONG de Camboya, Camboya Equitativa y la ONG de la India Programa de Acción Social, enviaron una carta al vicepresidente de la CFI, Jin-Yon Cai, en la que le piden una mayor transparencia de las inversiones de la CFI. Dando un seguimiento a las cuestiones planteadas en la carta, los participantes en las reuniones anuales de este año en las conversaciones entre la CFI y las organizaciones de la sociedad civil, destacaron que la transparencia era una absoluta necesidad, ya que sin el conocimiento del origen de las inversiones, se está negando a las comunidades el acceso a los mecanismos de denuncia y, por lo tanto, éstas no pueden recurrir a los beneficios.
En octubre de 2014, en una declaración como respuesta a las conclusiones de la evaluación del Defensor del Pueblo, el Proyecto Bretton Woods, la red belga Eurodad y Oxfam Internacional instaron a los accionistas de la CFI que recomendaran «que la CFI se comprometiera a reducir sus inversiones en el sector del mercado de valores y, que dedicara más recursos para garantizar resultados positivos» además, que «el Grupo del Banco Mundial desarrollara una nueva estrategia de inversiones en el sector financiero para reformular radicalmente la naturaleza, el propósito, las modalidades y los límites de estas inversiones».