En octubre de 2014, el gobierno de Guatemala convino en pagar unos US$155 millones durante quince años, como reparación a las comunidades indígenas locales que sufrieron abusos de derechos humanos incluyendo el desplazamiento, como consecuencia de la construcción de la represa de Chixoy en los años ochenta. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaron la represa y siguieron haciéndolo a pesar de la evidencia de las atrocidades cometidas, incluyendo asesinatos, tortura y violaciones. Unas 400 personas fueron asesinadas y varios miles de personas fueron desalojadas a la fuerza para construir la represa.
En enero de 2014, la legislatura de Estados Unidos pasó un proyecto de ley de la asignación anual ordenando al Banco Mundial a responder a las recomendaciones de sus mecanismos de rendición de cuentas, «dando justa reparación u otra reparación apropiada a los individuos y las comunidades que hayan sufrido violaciones de derechos humanos». Esto incluyó a las comunidades afectadas por la presa de Chixoy (ver Observador Invierno 2014). Estados Unidos había estado presionando al gobierno guatemalteco a que cumpliera con su plan de reparaciones de 2010, poniendo esa condición antes de aprobar un nuevo préstamo del Banco Mundial. Esta ha sido una demanda clave para las asociaciones de la sociedad civil, incluyendo a Ríos Internacionales y a Oxfam Internacional, la cual envió una carta al respecto a la Junta Directiva del Banco en junio de 2014.
A pesar de haber financiado la construcción de la represa Chixoy, hasta ese momento, el Banco Mundial se había negado a pagar cualquier tipo de reparación a las víctimas. Tim Jones de la ONG británica, Campaña Deuda del Jubileo dijo, «el Banco Mundial y el BID deben asumir su responsabilidad y contribuir al costo de estas reparaciones, dado su papel en el proyecto y las ganancias que derivaron de él, no es justo que los contribuyentes guatemaltecos tengan que pagar todos los costos. El Banco Mundial y el BID ayudaron a realizar la parodia de Chixoy, por lo tanto ellos también deben ayudar a pagar el costo de las reparaciones a las víctimas quienes, treinta años después, todavía siguen siendo sufriendo las consecuencias».
