Un informe de noviembre de 2014 publicado por el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección, afirma que el Banco no cumplió con sus propias políticas, incluyendo la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en un proyecto destinado a mejorar el acceso a los servicios básicos en Etiopía. El informe fue la respuesta a una denuncia de los pueblos indígenas de la región de Gambella en 2012. Los indígenas se quejaron de haber sido gravemente perjudicados por el proyecto, debido a presuntos vínculos del proyecto con un programa gubernamental de «reasentamiento», el cual llevó a «desalojos forzosos» (ver Boletín 86, 82). El informe mostró «el vínculo operacional» entre estos programas.