Por décadas, las políticas que mantienen un control estricto de los precios domésticos de la electricidad han creado el ambiente político y económico en la mayoría de los países árabes. Según el FMI, las subvenciones para la electricidad por parte de los gobiernos de la región han sido aproximadamente la mitad de las subvenciones mundiales para este sector, llegando a casi US$240 mil millones en 2011, o sea, casi el 8,5 por ciento del PIB de la región. Esto es explicado por el hecho de que los compromisos de redistribución de los países árabes, en gran parte a través de la reasignación de rentas o favores, han formado el convenio social desde los años de la independencia posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Muchos en el mundo árabe perciben las subvenciones a la electricidad como una protección social importante para las personas pobres en una región donde la pobreza es generalizada. Según un informe del Programa de Desarrollo de la ONU, los niveles de pobreza están entre el 11 por ciento en Jordania al 30 por ciento en Marruecos, el 40 por ciento en Egipto y casi el 60 por ciento en Yemen. El informe argumenta que las subvenciones son una forma de beneficio público que aumenta el crecimiento industrial. Crucialmente ellas también aumentan el acceso a la electricidad, una condición fundamental para lograr los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en una región donde 65 millones de personas no tenían acceso a la electricidad en el 2002.
Sin embargo, durante las tres últimas décadas, la región árabe se embarcó en una serie de programas centrales de ajuste estructural, externamente diseñados, inducidos y prescritos por el FMI, en los cuales la desaparición de las subvenciones generales, especialmente la de la electricidad, ha sido un elemento central. Aunque estos programas han fallado en la prevención de la pobreza y del desempleo creciente en la región y han producido rebajas adicionales de los salarios y, un cambio del sector industrial productivo al sector de los servicios, la reforma de las subvenciones de la energía continúa siendo uno de los componentes centrales de la asesoría de política del FMI a los países árabes. La sociedad civil ha afirmado que tales reformas, que en ningún momento formaron parte de un plan de desarrollo económico y social completo, requirieron la disminución de los gastos fiscales, lo cual traicionó el convenio social y, provocó los alzamientos y las transformaciones sociopolíticas recientes.
El FMI ha tratado las subvenciones de la electricidad como una herramienta de política que ha resultado ser demasiado costosa, ineficaz y regresiva a largo plazo, ya que redujo los estímulos para la inversión en la energía renovable y desvió el gasto público lejos de los programas sociales vitales, como la salud y la educación. Considerando sólo la presión de las subvenciones sobre los presupuestos, el FMI ha sido demasiado miope ignorando el contexto político y las implicaciones sociales asociadas con su enfoque. El FMI ha propuesto medidas para mitigar el proceso de la reforma como: la expansión de las protecciones sociales; las subvenciones concentradas en la energía y/o transferencias de dinero; y los programas universales que implican la eliminación de las subvenciones de la energía a favor de un sistema universal y no enfocado de transferencias de dinero en efectivo, para beneficiar un espectro amplio de la sociedad.
Las medidas pueden sonar prácticas, pero encaran serias limitaciones al considerar los débiles programas de protección social en los países árabes, la corrupción y la ausencia de mecanismos de transparencia. Además, en una región donde las capacidades administrativas son inadecuadas y la economía informal es generalizada, las subvenciones enfocadas no son factibles. La evidencia de Egipto sugiere que las redes de protección son ineficaces para proteger a las personas pobres de las fluctuaciones de precios y, muestra que la medida de transferencias de dinero ejecutada en el 2012 fue inadecuada y que no tuvo suficientes fondos. La reforma de las subvenciones en Irán en 2010 y la adopción de un programa universal de transferencias de dinero fueron aplaudidas por el FMI, sin embargo, estas redujeron la actividad económica, elevaron la tasa de inflación y socavaron el apoyo político para tal estrategia.
Mientras que la reforma de las subvenciones en la región árabe puede ser vista como un paso con beneficios macroeconómicos, los determinantes del débil funcionamiento económico de los países árabes están arraigados en su economía política y en sus estructuras productivas y, van más allá del alcance de las propuestas tradicionales de austeridad del FMI. Al proponer la eliminación progresiva de los subsidios a la electricidad a mediano plazo, el FMI se está concentrando en los síntomas y no en las causas de las enraizadas injusticias sociales y económicas que provocaron los alzamientos de la región.
La mejora de la economía de los países árabes no será lograda sin que ocurran cambios profundos en las estructuras productivas de sus economías – al avanzar hacia mayores estados de desarrollo y al construir instituciones eficaces que tengan el desarrollo económico y social como su objetivo prioritario.
Las autoridades árabes deberían reconsiderar sus elecciones de política y encaminarse hacia la promoción de la manufactura y la adquisición de capacidades industriales. Esto crearía empleos decentes, estimularía la productividad y crearía vínculos con otros sectores, lo cual aliviaría la necesidad para subvenciones en una región sumamente dependiente de ellas. Aun así, cualquier decisión sobre la estrategia de reforma, que debería ser un medio para lograr resultados a largo plazo, debe estar acompañada de un marco de protección de los derechos inclusivos. Esas decisiones también deberán estar basadas en el contexto específico de cada país, teniendo en cuenta la extensión de los niveles existentes de la pobreza en el país donde se desea practicar la reforma, en el estatus del desarrollo social y económico del país, y en su capacidad administrativa para aplicar las medidas sociales de protección. Teniendo en cuenta todos estos factores, las reformas apropiadas a las subvenciones de la energía deberían ser desarrolladas en consulta con los actores más importantes, incluyendo a las asociaciones de la sociedad civil, las cuales son más graduales y legítimas. Así es como puede emerger un marco fiscal de trabajo que sea más eficiente, progresivo y que pueda proteger a las personas pobres en los países árabes.
Por Hassan Sherry, Red de ONGs Árabes para el Desarrollo, Líbano
