A pesar de las críticas de la sociedad civil al apoyo del Banco Mundial a las actividades mineras a gran escala, el Banco continúa su asociación con proyectos extractivos controvertidos (ver Boletín Feb 2014, Boletín Dic 2013). Los activistas locales e internacionales sostienen que, a través de la asistencia técnica, el Banco facilita la apertura de los países a las industrias extractivas por parte de compañías transnacionales dándoles prioridad ante la industria nacional.

Haití: preocupadas las OSCs por el papel del Banco Mundial

Desde el 2013 el Banco Mundial viene dando ayuda técnica al gobierno haitiano en el diseño de nuevas leyes mineras con el objeto de aumentar la inversión extranjera. En marzo de 2015, 92 organizaciones de la sociedad civil (OSCs) e individuos enviaron una carta al presidente del Banco, Jim Yong Kim, expresando su profunda preocupación de que el Banco «esté ayudando a desarrollar el sector minero de Haití, una industria inherentemente de alto riesgo, sin la aplicación de ninguna salvaguardia social o ambiental y por lo tanto no asegura la transparencia ni la participación significativa del público».

La carta sigue un recurso de apelación registrado en enero de 2015 con el mecanismo de rendición de cuentas del Banco, el Panel de inspección (PI), sobre las preocupaciones de que la nueva legislación haya sido finalizada sin la consulta pública, en violación de las propias políticas del Banco. La solicitud del Colectivo de Justicia Minera de Haití y de las comunidades afectadas por la minería sostuvo que «la explotación minera nunca ha contribuido al desarrollo de Haití» y expresó su preocupación por la «exclusión de los haitianos en el proceso de reforma de ley, particularmente cuando se compara con la participación frecuente del sector privado».

Aunque el Panel de Inspección reconoció las preocupaciones como «serias y legítimas», el Panel rechazó la apelación en febrero de 2015 porque el servicio de asesoramiento técnico apoyado por el Banco es financiado a través de un fideicomiso ejecutado por el Banco, al cual «no aplican las políticas operacionales y los procedimientos… incluyendo las políticas de salvaguardia del Banco». Los activistas están pidiendo al Banco que corrija esta anomalía que permite al Banco no tener que rendir cuentas por sus acciones.

Honduras: cuestionado el acuerdo minero

El Banco y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional también están facilitando la expansión de la minería en Honduras. En febrero de 2015, estas instituciones firmaron un acuerdo con el gobierno hondureño que duplicará la exploración minera en el país, un paso que según se proyecta, aumentará las ganancias privadas de US$300 millones a US$5 mil millones anualmente.

La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA) exigió al Banco que diera prioridad a la inversión en los productores de café locales sobre las empresas mineras. Una declaración pública, lanzada en el momento del acuerdo afirmó: «Lejos de proteger a las comunidades afectadas por la minería, la ley minera las pone en desventaja en comparación con la libertad con la que operan las empresas mineras… La minería no ha contribuido al desarrollo de ningún país, dado que los ingresos y los pocos empleos que genera esta actividad no compensan los impactos sociales y ambientales.»