En febrero de 2015, Grecia acordó una prórroga de cuatro meses a su crédito con el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, que junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprenden la Troika de los prestamistas para los países de la Eurozona. El préstamo está sujeto a una revisión de las reformas que el gobierno se compromete a realizar durante la extensión. El FMI, sin embargo, no es parte del nuevo acuerdo.

Grecia actualmente debe €245 mil millones (US$260 mil millones) a los tres acreedores. Las condiciones requeridas para la financiación incluyen medidas como privatizaciones, leyes laborales menos fuertes y recortes de pensiones (ver Observador Invierno 2015). El gobierno griego fue elegido con base a una plataforma que rechaza la legitimidad y el valor económico de las condiciones de los préstamos, y que exige una reducción general de la deuda. Sin embargo, este mandato democrático se ve amenazado debido a que Grecia se enfrenta a una serie de pagos al FMI y a los tenedores de bonos mientras negocia con los socios europeos. Durante las negociaciones, el primer ministro Alexis Tsipras dijo en reiteradas ocasiones que era necesario obtener apoyo financiero para que Grecia pudiera efectuar pagos urgentes.

Grecia insiste en que su programa de reforma no afectará su contrato de préstamo con el FMI (ver Boletín 83). El Ministro de Hacienda, Yannis Varoufakis, hablando después del acuerdo de extensión, dijo «vamos a sacar sangre de una piedra si es necesario» para reembolsar al FMI. Una amortización de €1.5 mil millones se vence en marzo de 2015.

Ministro de Hacienda alemán: «Se le está acabando el tiempo a Grecia»

Según los estados miembros de la Eurozona que negociaron la extensión, no se dará ayuda financiera a Grecia hasta que los prestamistas completen una revisión de las reformas de las políticas económicas y presentar una lista más detallada de las reformas. También crecen los temores sobre el sector bancario griego, ya que el Banco Central Europeo señaló en febrero de 2015, que detendrá los préstamos a los bancos locales (lo cual potencialmente desencadenaría una crisis financiera) si las propuestas de reforma son insuficientes. Ellos esperan recibir la lista detallada de las propuestas por parte de Grecia a principios de abril de 2015. Se espera que sean incluidos objetivos de la reducción del superávit presupuestario y un mayor énfasis en la lucha contra la evasión fiscal.

Los estados acreedores ya indicaron que las condiciones acordadas por el anterior gobierno griego con la «Troika», debían ser respetadas. El Ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Shäuble, advirtió en febrero de 2015, «se le está acabando el tiempo a Grecia».

Tras el acuerdo de la prórroga, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, envió una carta en apoyo de la extensión, al Ministro de Hacienda de los Países Bajos y presidente del grupo de los países de la Eurozona. Lagarde la describe como «un punto de partida válido», pero también se quejó de que la lista inicial de las reformas de Grecia no fuera «muy específica». Ella indicó que el acuerdo podría descuidar políticas acordadas por los gobiernos anteriores, incluyendo «el sistema general de pensiones y el IVA… la privatización… y las reformas del mercado laboral».

Sin embargo, Sharan Burrow, de la Confederación Sindical Internacional, impugnó el derecho del FMI de exigir estas reformas diciendo, «cinco años de austeridad y desregulación han traído la depresión económica, un aumento de la desigualdad y un 25 por ciento de desempleo». Burrow agregó, «no tiene sentido que el FMI quiera llevar adelante esta agenda cuando los votantes griegos expresaron claramente su deseo de cambio».

El FMI «puso el dinero para rescatar a los bancos alemanes y franceses, pero no a los griegos»

La legitimidad del FMI en Grecia también fue cuestionada por uno de sus propios directores ejecutivos, Paulo Batista, quien representa el ala brasileña del FMI en la junta directiva del FMI. A principios de marzo de 2015, Batista afirmó que el FMI «había puesto el dinero para rescatar a los bancos alemanes y franceses, pero no a los griegos… [el FMI] puso una carga excesiva en Grecia, y una carga insuficiente sobre los acreedores de Grecia». A pesar de ello, la agencia de noticias Bloomberg informó en marzo de 2015, que los funcionarios del FMI habían tildado a los representantes del gobierno griego «como los más difíciles hasta el momento». Tsipras respondió el mismo día en el parlamento griego diciendo «no importa, que continúen con sus amenazas».

El comentario de Batista fue reiterado en febrero en el blog de Project Syndicate. Alberto Bagnai, de la Universidad de La Sapienza, Italia, y sus colegas observaron que, si bien el FMI había afirmado en 2012 que la deuda de Grecia era sostenible, en 2013 algunos de sus funcionarios admitieron que ya se sabía que no era sostenible. El FMI siguió adelante con el programa «por temor a que los efectos secundarios de Grecia amenazaran la Eurozona y la economía mundial» (ver Boletín 86). Por lo tanto, la única razón por la que el FMI había otorgado el préstamo fue «la inicial negativa europea de contemplar la reducción de la deuda de Grecia». Los académicos concluyeron diciendo, «el nuevo gobierno de Grecia está plenamente justificado en cuestionar los términos que se le han dado al país». En marzo de 2015, el presidente del parlamento griego anunció la creación de una comisión para la auditoría de la deuda griega, con el objeto de identificar toda deuda ilegítima por la cual Grecia no debería ser responsable.

En un blog de febrero de 2015, Desmond Lachman, ex director adjunto del Departamento de Desarrollo de Políticas y Revisiones del FMI, condenó el papel del FMI en Grecia. Él afirmó que ningún préstamo anterior había «producido resultados tan desalentadores». Añadió que «debido a la austeridad impuesta por el FMI, la economía griega se encuentra sumida en una depresión económica». Lachman concluyó diciendo que el FMI había sido «maltratado por sus amos políticos» para «evitar la reestructuración necesaria de la deuda y demorar el ajuste del tipo de cambio», reduciendo al FMI a un mero «fondo de sobornos» (slush fund).