En el momento en el que el Banco Mundial revisa sus políticas de salvaguardias sociales y de protección del medio ambiente (ver Observador Invierno 2015, Otoño 2014), no está dando debida atención a los procesos vinculados con sus otros mecanismos de préstamo. Una de las principales preocupaciones planteadas por muchas ONGs (organizaciones no gubernamentales), a principios del proceso de revisión de las salvaguardias, es la exclusión de otros instrumentos de préstamo aparte de la Financiación para Proyectos de Inversión – IPF, Investment Project Financing (ver Boletín 83, 82). IPF es el instrumento de financiación del Banco más utilizado por sus brazos de préstamos para países de medianos y bajos ingresos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Más importante aún, la Política para la Financiación de Desarrollo (DPF – Development Policy Financing) está excluida. El DPF «proporciona rapidez de desembolso en la financiación» para las reformas institucionales o políticas «a través de la financiación general no asignada del presupuesto… sujeto a los propios procesos de implementación del prestatario». En el año fiscal 2014, el DPF representó casi la mitad de los préstamos del BIRF y más de la décima parte de los compromisos de la AIF.
Sin embargo, a pesar de la importancia del DPF, sus inversiones no están incluidas en las salvaguardias del Banco Mundial. En su lugar se pide a los funcionarios que evalúen si “es probable que las políticas pueden causar efectos significativos». Según un informe de 2013 de las ONGs estadounidenses Centro de información del Banco (BIC – Bank Information Center) y Testigo Mundial (Global Witness), «la política del DPF no tiene requisitos detallados sobre cómo evaluar y mitigar los riesgos… y cómo se debe realizar un análisis nacional del sistema.» El informe también describe varios ejemplos en los que la utilización del DPF por parte del Banco ha sido cuestionada. Nunca ha habido una revisión formal del DPF, sin embargo, cada tres años, se evalúa internamente a través de una «visión retrospectiva» para «aprender de la aplicación». La última retrospectiva fue iniciada en diciembre de 2014.
La más reciente adición del Banco a sus herramientas de préstamo, el Programa Para Resultados (PforR, ver Boletín Feb 2014, Boletín 79), tampoco tiene salvaguardias. El PforR, iniciado en 2012 con un programa piloto de dos años, limita las operaciones al cinco por ciento del total de los préstamos del BIRF y de la AIF y tiene por objetivo fortalecer los programas de gobierno y desembolsar los fondos basados en la consecución de resultados verificados por indicadores vinculados a los desembolsos. Las políticas de salvaguardia del Banco no son aplicadas al PforR, en su lugar sólo se aplican las leyes internas, las políticas y los sistemas del país prestatario. Además se realiza una evaluación de los sistemas sociales y del medio ambiente para evaluar la forma como los sistemas del programa reflejan un conjunto de principios específicos del PforR.
En 2013 se inició una revisión interna del PforR, y se espera un informe del progreso para ser discutido por la Junta Directiva del Banco a comienzos de abril de 2015. Una de las principales decisiones de la Junta Directiva será sobre si se debe elevar el límite inicial de los préstamos. Jocelyn Medallo de la ONG estadounidense, Centro de Derecho Ambiental Internacional, dijo: “el PforR tiene la posibilidad de poner en riesgo a las comunidades y al medio ambiente. El Banco debe adoptar un enfoque prudente, revisando el techo a la financiación sólo después de que su Grupo de Evaluación Independiente (IEG) complete una evaluación». Un informe de julio de 2014 por parte de BIC, que revisó el impacto inicial del PforR en Vietnam, confirmó algunas de estas preocupaciones. Estas incluyen el hecho de que los indicadores vinculados a los desembolsos del programa carecen de incentivos para beneficiar a los hogares más pobres, ya que se prefieren las «comunidades donde es más fácil cumplir con sus objetivos, en vez de las comunidades más pobres».
¿Está en riesgo la rendición de cuentas?
Las ONGs, tales como el Centro de Información del Banco (BIC), han argumentado que no hay ninguna razón por la cual las salvaguardias no puedan ser aplicadas al DPF y al PforR, y que por lo tanto, estas herramientas deberían haber sido incluidas en las salvaguardias. La revisión de las salvaguardias en 2010 por el Grupo de Evaluación Independiente, tampoco incluyó al DPF, pero observó: «Si se tiene en cuenta la gran proporción de préstamos para políticas de desarrollo, la naturaleza y la calidad de sus impactos ambientales y sociales, cada uno debe ser consideradas por separado».
Un informe de septiembre de 2014 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, sostuvo que el PforR puede facilitar «una mayor flexibilidad en el procedimiento, lo cual confiere una mayor discreción al prestatario en la elección sobre la forma de cumplir con los requisitos de la política social y medioambiental a nivel del proyecto». Por lo tanto, esta estrategia puede eludir las preguntas sobre la rendición de cuentas. En 2011, una «observación» del mecanismo de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección, también planteó preocupaciones sobre el PforR, entre ellas las siguientes: «No hay suficiente claridad sobre la base para determinar la elegibilidad de las solicitudes presentadas al Panel… ya que la financiación del Banco puede constituir sólo una pequeña parte del programa.»
Según el informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, eso también hace que sea difícil para las comunidades afectadas identificar a quién presentar sus quejas. Otros problemas similares también han sido reportados en cuanto a la Política para la Financiación del Desarrollo (DPF). Además, de acuerdo con el BIC y Testigo Mundial, «las comunidades afectadas a menudo tienen una ventana muy estrecha para evaluar los detalles después de la aprobación y sólo pueden basar sus reivindicaciones relacionadas con los daños, si la existencia de una relación causal entre la política y los daños puede ser comprobada, lo cual es difícil en estos casos».
