Al tiempo que el Banco Mundial se prepara a lanzar la consulta del segundo borrador de su propuesto nuevo marco social y ambiental, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han planteado una serie de preocupaciones sobre el previsto borrador y sobre el proceso de consulta (ver Observador Invierno 2015). El Comité del Banco para la Eficacia en el Desarrollo discutió el nuevo borrador a finales de junio y principios de julio de 2015 y aprobó la tercera y última fase de consulta pública, la cual comenzará a mediados de julio de 2015.
Antes de la reunión del Comité para la Eficacia en el Desarrollo, una carta firmada por 17 organizaciones no gubernamentales (ONGs), incluyendo a Alyansa Tigil Mina de las Filipinas y a la Fundación Ulu de Estados Unidos, instó a los miembros de la Junta Directiva a «estar atentos» al revisar el borrador. La carta afirma que el primer borrador de las salvaguardias «muestra un peligroso debilitamiento de las salvaguardias hacia la protección del medio ambiente y de las comunidades afectadas por el proyecto… [lo cual] de hecho desmantela treinta años de protección ambiental y social.» Los firmantes pidieron al Comité que devolviera el nuevo borrador a la Junta Directiva del Banco Mundial si había «diluciones políticas».
A finales de mayo de 2015, 48 ONGs incluyendo a Justicia Ecológica (Ecological Justice) de Indonesia y Consejo para la Rendición de Cuentas (Accountability Counsel) de Estados Unidos, enviaron una carta al Banco sobre las salvaguardias pidiéndole que «desarrollara un plan de consulta que asegurara una participación significativa en el segundo borrador del marco ambiental y social». La carta señaló que «las dos primeras fases de la consulta habían sido empañadas por problemas substanciales». Las ONGs plantearon la preocupación de que el Banco «esté considerando una estructura de consulta truncada para la tercera fase que basada principalmente en consultas en la web, por tan sólo dos meses». La carta argumenta «que para que haya una consulta significativa con las partes interesadas debe haber un presupuesto adecuado y se debe dar un mínimo de seis meses a la consulta».
En abril de 2015, 84 organizaciones incluyendo a 56 organizaciones de pueblos indígenas, enviaron una carta al primer ministro hindú, diciendo que la respuesta oficial a la consulta de las salvaguardias era «extremadamente problemática en varios frentes». La carta hizo referencia a la necesidad de que haya un consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, pero que según la respuesta de la India esto «podría llevar a complicaciones legales, demoras, incremento en los costos y retraso en la ejecución del proyecto. El Banco no ha sido capaz de explicar por que el nuevo marco es más simple, menos oneroso y gravoso para los prestatarios, en comparación con la presente política de salvaguardias.» La carta argumenta que la posición de la India «pone a muchas de las comunidades indígenas del país en grave riesgo de una mayor pérdida de sus tierras y recursos en nombre de un desarrollo sin equidad ni protección de los derechos humanos».
