Una semana antes de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial en abril de 2015 en Washington, un grupo de diez ONGs encabezado por Oxfam publicó un informe titulado, «El sufrimiento de los demás», con evidencia del impacto sobre los derechos humanos de las inversiones de la Corporación Financiera Internacional (el brazo del sector privado del Banco Mundial), llevadas a cabo a través de los intermediarios financieros (ver Intermediarios Financieros [IFs] Proyecto Bretton Woods – Abril de 2015).

Al tiempo que reconoce las medidas positivas adoptadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el informe de las ONGs sostiene que la CFI sigue siendo incapaz de hacer frente a sus obligaciones de «no hacer daño» y de llevar a cabo la debida diligencia en el proceso de identificación y gestión de los riesgos e impactos, como lo exige su marco de sostenibilidad de 2012.

La CFI respondió con una carta destacando las medidas adoptadas para atender a las preocupaciones. Diciendo que su trabajo «implica tomar riesgos», la CFI declaró que su «trabajo por medio de intermediarios financieros daba acceso a la financiación necesaria a millones de personas, hogares y a las micro, pequeñas y medianas empresas – mucho más de lo que nosotros podríamos hacer por nuestra cuenta».

Las ONGs respondieron a la CFI a comienzos de julio de 2015, destacando que era imprescindible distinguir entre los riesgos financieros y los riesgos ambientales y sociales, que la CFI estaba obligada a evitar. Las ONGs reconocieron que la respuesta de la CFI a su presentación a la Junta Directiva en abril de 2015 incluía una serie de medidas positivas, al tiempo que pidieron una aclaración sobre asuntos tales como la medida en que la evaluación de riesgos va a informar la selección de clientes, para que la CFI vaya más allá de las inversiones del capital privado y abarque todos los sub-proyectos a través de intermediarios financieros. Las ONGs también propusieron que se incorporara en el proceso la participación de un tercero para que contribuyera a las evaluaciones de riesgo. En respuesta al compromiso de la CFI de examinar «una muestra de los proyectos más conocidos para determinar su exposición a los sectores de alto riesgo», las ONGs solicitaron que esta información estuviera al alcance del público, incrementando así en gran medida la rendición de cuentas ante el cliente del proceso de selección.

En su respuesta al informe, la CFI hizo hincapié en que su capacidad de ser más transparente se veía limitada por las regulaciones bancarias que «restringían la divulgación de las inversiones en el marco de sus carteras» y que por lo tanto, «tendría que ir más allá de los requisitos de su política de información para poder revelar todos los sub-proyectos con fondos de capital privado.» Aunque las ONGs reconocen que la divulgación de los sub-proyectos con fondos de capital privado sería algo positivo, también mencionaron la auditoría de Ficohsa, el banco más grande de Honduras, llevada a cabo por el Defensor del Pueblo (CAO – Ombudsman), el Mecanismo de Rendición de Cuentas de la CFI, en el que la CFI había invertido (ver Boletín Sept 2014). El informe de la auditoría dijo que «el Defensor del Pueblo no tenía claro por qué la CFI no había requerido una divulgación periódica a los intermediarios financieros sobre los sub-proyectos. «Las ONGs sostienen en su carta, que «la presunción de confidencialidad de los clientes bancarios puede ser anulada por reglamentos o acuerdos con los clientes» y que no existe una prohibición contra la divulgación de los clientes y de su relación con el Banco Mundial. Además, que la mayoría de las normas de las jurisdicciones de seguridad requieren que las empresas que aparecen en listas públicas revelen sus deudas.

Las ONGs también observaron que la CFI exigía a sus clientes directos, como condición de la financiación, que acordaran la revelación de la inversión y que, por lo tanto, no había ninguna razón por la cual no se pudiera lograr un acuerdo similar con respecto a la sub-inversión con los intermediarios financieros. Las ONGs señalaron que los estándares de rendimiento de la CFI «contenían un requisito implícito sobre la divulgación de la información, y que los intermediarios financieros estaban obligados a establecer mecanismos de quejas que fueran conocidos y accesibles a las personas afectadas por sus inversiones».

Las ONGs le recomendaron a la CFI que exigiera a los intermediarios financieros hacer una inversión para obligar a sus clientes de determinado tamaño, con un perfil de riesgo y ciertos sectores y a divulgar sus inversiones. Las ONGs también le pidieron a la CFI que recogiera y ayudara a difundir esta información a través de un sitio web dedicado al asunto.

Cecilia Mérida, líder de una comunidad guatemalteca afectada por las inversiones de los intermediarios financieros de la CFI, preguntó en abril de 2015 durante las reuniones de primavera del Banco (ver Boletín Feb 2014): «¿Cuáles son los costos humanos de los préstamos, dado que las salvaguardias sociales y ambientales no están trabajando? Los costos humanos son extremadamente altos y muy perjudiciales, estos son: la persecución, los asesinatos, la criminalización y el encarcelamiento.»