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Análisis

Activistas del agua pública de Lagos piden democracia en vez de “iluminación” del Banco Mundial

5 October 2015 | Análisis externo | Translated by: Maria Eugenia Arzayús

Lagos water summit in August 2015. Credit: Babawale Obayanju

Tanto en Lagos como en todo el mundo, la polémica entre los miembros de la sociedad civil y las instituciones tales como el Banco Mundial se centra en el desacuerdo sobre si la infraestructura y suministro del agua deben ser financiados y gestionados por entidades públicas o por entidades privadas con fines de lucro. Lo que realmente está en el centro del debate sobre la privatización del agua son los dos enfoques diferentes sobre la gestión del agua. Esta discusión en esencia está hablando de la democracia.

Lagos, Nigeria – donde el 90 por ciento de los 21 millones de habitantes carece del acceso diario al agua limpia y segura – está en el centro de la lucha global sobre el futuro del agua municipal (ver Observador Verano 2015). Una amplia franja de la sociedad civil, incluidas las organizaciones medioambientales, las laborales, las de mujeres y las de defensores de los derechos humanos, señala que las cuatro décadas de políticas propugnadas por el Banco Mundial en Lagos a favor de la privatización son la causa principal de los problemas del agua de Lagos. Por otro lado, el Banco Mundial y la Corporación del Agua del Estado de Lagos (LSWC – Lagos State Water Corporation) piden una mayor privatización a través de las Asociaciones Público-Privadas (APPs).

La estrategia del Grupo del Banco Mundial en 2013 y su marco estratégico para la incorporación de la participación ciudadana, reconocen que “la integración de la voz ciudadana en los programas de desarrollo” es necesaria para cumplir con sus metas de poner fin a la pobreza y de construir la prosperidad compartida – pero los proyectos de privatización del agua respaldados por el Banco Mundial tienden a no estar a la altura de esta norma. Por ejemplo, en las Filipinas, la Corporación del Agua de Manila con inversión de la Corporación Financiera Internacional (el brazo del sector privado del Banco Mundial), ha ignorado las peticiones de los activistas para que rebaje las tarifas del agua y ofrezca mejor cobertura.

La sociedad civil de Lagos, Manila, Yakarta y de muchas otras ciudades y lugares argumenta que el modelo de privatización del Banco Mundial sigue dando prioridad a las necesidades del sector privado sobre la toma de decisiones democrática.Shayda Edwards Naficy

El Banco Mundial apoyó a la LSWC en su política de participación ciudadana. Sin embargo, el programa resultante está muy lejos de fomentar la participación ciudadana real, ya que en vez de su cumplir con su objetivo declarado de “iluminar” a los nigerianos, parece que su objetivo más bien es el de conseguir apoyo para la privatización. La política establece que “el suministro del agua sigue siendo ampliamente considerado más como un bien social que como un bien económico”, y que eso es “un reto que hay que afrontar con una campaña de “iluminación” persistente.” Para la LSWC, el objetivo final es el de “elevar el precio del agua o cobrar por ella donde el suministro haya sido históricamente gratis”, lo cual espera lograr con la ayuda de vallas publicitarias, anuncios y servicios de “atención al cliente”.

En agosto de 2015, durante la Cumbre del Agua en Lagos, los defensores públicos del agua rechazaron los “procesos de compromiso ciudadano que… descuidan la participación de los defensores independientes de los ciudadanos.” La Cumbre fue organizada por Acción por los Derechos Ambientales, Amigos de la Tierra Nigeria y el Sindicato Amalgamado de las Corporaciones Públicas y por los Empleados del Servicio Técnico Civil y de Servicios Recreativos. La Cumbre convocó a más de 150 asistentes quienes exigieron una voz colectiva sobre la política del agua de la ciudad. Los asistentes dijeron que la privatización del agua era “una nueva forma de colonialismo agresivamente comercializado por el Banco Mundial y sus socios corporativos, quienes definen el éxito en términos de ganancias monetarias en vez del acceso universal al agua potable” y pidieron que “los sistemas de suministro de agua fueran fuertes y democráticamente controlados a través de África y del mundo”. Con socios internacionales, incluyendo a Servicios Públicos Internacionales (Public Services International) y la Coalición Libres de la Deuda (Freedom from Debt Coalition), la Cumbre se conectó con un movimiento mundial cada vez mayor que aboga por la gobernabilidad democrática del agua pública. Desde el comienzo del siglo, 235 ciudades en todo el mundo han rechazado los sistemas privatizados para el suministro del agua. En Indonesia, por ejemplo, la Corte Constitucional encontró que una ley de aguas respaldada por el Banco Mundial en 2004 había violado el derecho humano al agua, y un tribunal de Yakarta ordenó a la ciudad que re-municipalizara su sistema de suministro de agua.

Los debates actuales sobre el agua y la democracia muestran que el Banco Mundial sigue siendo acosado por las tensiones de las “guerras del agua” del 2000, según se dieron en Cochabamba, Bolivia, cuando una privatización antidemocrática llevó a meses de protestas masivas de la población hasta que se re-municipalizó el servicio de suministro del agua (ver Boletín 27). Desde Cochabamba, el Banco ha venido promoviendo cada vez más las APPs en vez de utilizar las ventas o arrendamientos de los sistemas de agua. Estas nuevas “asociaciones” dejan costosas responsabilidades de inversión en infraestructura a ser asumidas por el consumidor, mientras que las empresas se benefician de contratos de operación y gestión. La sociedad civil de Lagos, Manila, Yakarta y de muchas otras ciudades y lugares argumenta que el modelo de privatización del Banco Mundial sigue dando prioridad a las necesidades del sector privado sobre la toma de decisiones democrática. Si bien, en teoría, las políticas del Banco Mundial, apoyan una fuerte participación ciudadana, hay poca evidencia de que el Banco haya respetado estas políticas tanto en el espíritu como en la práctica. “Durante más de un año, hemos estado gritando que no queremos un esquema de privatización en Lagos”, dijo Auwal Ibrahim Musa Rafsanjani del Centro de Apoyo Legislativo de la Sociedad Civil. “¿Cuál es el punto de un proceso de participación ciudadana que no escucha las voces de la gente?”


Shayda Edwards Naficy, Corporate Accountability International